Instrucciones reservadas para los policías porteños
La nueva doctrina M
La orden interna a la que accedió este diario se inscribe en la estrategia oficial de crear un clima de supuesta violencia de la que responsabilizan a anarquistas y kirchneristas.
La orden busca alertar a los efectivos porteños sobre “posibles acontecimientos y ataques”.La orden busca alertar a los efectivos porteños sobre “posibles acontecimientos y ataques”.La orden busca alertar a los efectivos porteños sobre “posibles acontecimientos y ataques”.La orden busca alertar a los efectivos porteños sobre “posibles acontecimientos y ataques”.La orden busca alertar a los efectivos porteños sobre “posibles acontecimientos y ataques”.
La orden busca alertar a los efectivos porteños sobre “posibles acontecimientos y ataques”. 

En línea con la estrategia de los gobiernos nacional y bonaerense para crear la imagen de un clima de violencia generalizada, la Policía de la Ciudad instruyó a sus agentes sobre “posibles acometimientos y ataques” en el contexto de las movilizaciones por el mes transcurrido desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La “Orden Interna Reservada” a la que accedió PáginaI12, firmada por un jefe imputado por la represión en el Parque Indoamericano, aconseja a los uniformados prescindir del uniforme, extremar la atención ante “conductas sospechosas” y hasta los alerta por la posibilidad de ser víctimas de secuestros por parte de “células anarquistas”, el flamante enemigo interno con que Cambiemos reemplaza a los “subversivos” de la Doctrina de Seguridad Nacional. La legisladora Paula Penacca junto a Gabriel Fuks y Carlos Tomada presentó ayer en labor parlamentaria un pedido de informes que el PRO rechazó de inmediato, e insistirá hoy para que el tema se trate en el recinto.

“Hay grupos anarquistas y kirchneristas que están instalando un clima de violencia utilizando políticamente la desaparición de Maldonado”, declaró al diario La Nación un “alto funcionario” que prefirió el anonimato. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó al gabinete el martes sobre “el intento de esos grupos de alterar el orden público” y supuestos “contactos” entre “anarquistas argentinos y chilenos”. En la línea siguiente los sospechosos alcanzan a “facciones trotskistas, kirchneristas y revolucionarios” (sic), que según “la Justicia” serían autores “70 hechos de violencia”. En esa “espiral de violencia” se enmarcan las directivas de Bullrich a las fuerzas federales y de su par bonaerense Cristian Ritondo a la policía ídem, para que “profundicen las medidas de seguridad”.

La “Orden Interna Reservada” de la policía de Horacio Rodríguez Larreta la suscribe el comisionado mayor Osvaldo Oscar Masulli, jefe de la División de Operaciones Urbanas (DOU). Masulli estuvo imputado por la represión en el Indoamericano en 2010, participó de la represión en el Hospital Borda y en la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín en 2013, y asumió en la DOU en reemplazo de José Celeste cuando trascendió una estafa de la plana mayor de esa división por cobrar horas extras que nadie cubría.

Como fundamento de sus directivas, Masulli menciona “ataques” que no detalla porque “son de dominio público”. Sugiere que “estas agresiones pueden escalar” hasta convertirse en “agresiones a personal de facción, transportes de personal y objetivos edilicios”, argumento que se confirmaría por información que circula en “distintas redes sociales” sobre marchas y actividades “de agitación”. Su decisión de dar instrucciones, agrega, es además por “la ausencia de directivas al respecto”, detalle que a priori diferenciaría al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, de sus pares Bullrich y Ritondo.

“Medidas de seguridad física preventivas y reactivas que puedan anticipar ataques o bien, si se producen, mitigar sus consecuencias”, anuncia Masulli antes de arrancar la enumeración. La más notable ordena instruir “repetidamente” al personal de infantería ligera de la DOU sobre su propia seguridad “ante posibles acometimientos o ataques destinados a la sustracción de armamentos, equipo de comunicación, credencial, etcétera”, práctica que en los hechos no existe en la Argentina desde hace 40 años. La hipótesis incluye el riesgo de “privación de la libertad a modo de represalia ante el esgrimido argumento de los organizadores y eventuales perpetradores de casos de desaparición forzada de personas, ‘gatillo fácil’ pretendidamente (sic) causados por fuerzas policiales” y, la más convincente para sembrar paranoia en los jóvenes agentes de la Policía de la Ciudad, “la posibilidad de ser blancos rentables de células anarquistas que desconocen la autoridad del Estado y ven al personal policial como exponente del mismo en la vía pública”.

Masulli aconseja entre otras medidas “actualizar las cadenas de llamadas” ante convocatorias urgentes, aumentar la seguridad con “Grupos de Dispersión que actúen como elementos de reacción” ante simples “demostraciones o manifestaciones”, “acrecentar la observación para detectar” explosivos e instruir al personal para que “no efectúe traslados hacia/desde sus destinos de revista uniformado”, es decir para que actúen de civil.