La justicia procesó al ex fiscal federal de Paso de los Libres Benito Pont, su cuñado, el ex gendarme José María Viero, y otras 16  personas, en la causa que investiga a una organización dedicada a la trata de personas y su explotación sexual en whiskerías y hoteles de Corrientes. La resolución de la jueza Cristina Pozzer Penzo, además,  trabó embargos por alrededor de 23 millones de pesos, 22.345.678 de los cuales corresponden a tres de los procesados (la ex socia del fiscal, su marido y su hijo), que no pudieron justificar cómo habían generado ese dinero. La resolución de Pozzer Penzo estuvo en línea con lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal que llevan adelante la investigación, Carlos Schaefer, Miriam Benitez y Fabián Martínez, de Corrientes, y Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Aunque varíen las responsabilidades y la cantidad de casos por los que fueron acusados, la jueza consideró acreditado en el expediente que las 18 personas son responsables de episodios de “trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación (…) agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención de más de tres personas y por la cantidad de víctimas también superior a tres, y porque la explotación sexual se ha consumado”. 

La resolución de la jueza también dispuso la falta de mérito para seis sospechosos (el ex gendarme Pedro Norberto Sánchez, Selva Beatriz Sánchez, Luis Adriano Sánchez, Javier Alejandro Ruiz Diaz, Cristina José Fretes y Zoraida Britos) por falta de pruebas, mientras que resolvió la absolución de otra persona, Lidia Avalos. Fuentes de la investigación señalaron a este diario que esas faltas de mérito también fueron solicitados por la fiscalía, y que el sobreseimiento recayó sobre una persona a la que la banda había asignado responsabilidades en un local pero era, de todos modos, otra de las víctimas de la explotación. De todos modos, las investigaciones sobre quienes resultaron beneficiados por las faltas de mérito no han sido cerradas.

La causa investiga la actuación de una banda que operó en Paso de los Libres, una ciudad fronteriza de Corrientes, hasta mayo del año pasado, y cuyos integrantes se distribuían en tres grupos para organizar roles y responsabilidades. “El primer grupo es más complejo, porque es en el que fueron detectadas las connivencias institucionales”, señalaron los investigadores, en relación a los procesados Clelia Espada, su esposo Ricardo Aguirre, su hijo Ricardo Gustavo Aguirre y Rosana Rodríguez, que en la resolución judicial son considerados “jefes” de la banda; y de Juan Ramón Carpe, Silvio Do Santos, Ramón Do Santos, Claudia Do Santos -considerados “coautores materiales”-y Dionisio Velasco, Jorge Barboza, el ex gendarme José María Viero y el ex fiscal federal Benito Pont, “sospechados como partícipes”. En relación a Espada y los Aguirre padre e hijo, la jueza también dispuso “el embargo preventivo de bienes (…) hasta alcanzar la suma total de $22.345.678, 55”, una suma cuyo origen, explicaron fuentes de la investigación a este diario, esa familia no pudo justificar, y cuya existencia derivará, también, en actuaciones de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

En tanto, sobre Pont, Viero, Rosana Rodríguez, Mónica Alberto, Juan Manuel Schell, María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain, fue dictado un embargo de 500 mil pesos; sobre Carpe, los Do Santos, Velazco, Barboza y Norma Rosalía Lanatta, fue trabado otro embargo pero de 250 mil pesos.

La jueza Pozzer Penzo también resolvió sostener los embargos dispuestos en octubre del año pasado sobre los locales Balizas, Kilómetro de Oro, Roxi y el Hotel Momentos, “a fin de asegurar el decomiso de los instrumentos y productos del delito, que deberán ser destinados a la reparación de las víctimas identificadas en el presente caso”, y también “la inhibición general de bienes (…) respecto de todas las personas en relación a las personas procesadas”.

Además, ninguno de los procesados puede salir del país, y todos deberán presentarse en sede judicial para acreditar su permanencia en Argentina.

La jueza ordenó que se requiera a la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Paso de los Libres que “informen la nómina del personal y cargo en funciones o con licencias, en período 2015-2016 desde la intendencia hasta los escalafones de maestranza o auxiliares, con número de documento, como personal contratado”. El requerimiento se sustenta en el hecho de que, durante ese período, aunque habían sido denunciados, estaban bajo investigación judicial y debían ser clausurados, los locales continuaron funcionando. Por pedido de la fiscalía, la jueza ordenó también investigar al ex gendarme Viero por  cohecho y tráfico de influencias.