La participación política de las mujeres en Bolivia está garantizada por dos leyes consideradas pioneras en la región: la paridad para todos los cargos con representación popular, del 2004, y la ley para prevenir el acoso y la violencia política hacia las mujeres que ejercen cargos públicos. Pese a esto, las bolivianas que participan en política sufren toda clase de violencia: desde acosos, ataques físicos y hasta el “compromiso forzoso de la gestión compartida” de su cargo. “Obligadas a renunciar” se llama el informe realizado por la Defensoría del Pueblo boliviana que advierte sobre este particular tipo de violencia contra las mujeres y denuncia el “fracaso” de la aplicación de la Ley 243, a once años de su sanción.
La Ley 243 que previene y castiga la violencia contra las mujeres que ejercen cargos públicos fue sancionada en 2012. Antes vivió un largo recorrido hasta llegar a instancias parlamentarias: fueron necesarios once años para que la protección a las mujeres se convirtiera en una norma formal.
Si bien la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) tuvo un rol protagónico en el impulso de la medida, fue un caso puntual de violencia política el que sirvió como golpe de realidad para que el Congreso boliviano aprobara la norma. Se trata de la historia de Juana Quispe quien, primero con sus denuncias, hizo el ruido necesario para que se tuviera en cuenta que las mujeres con representación política sufrían maltratos y, en casos como el suyo, hasta sus vidas corrían peligro.
El femicidio de Quispe en 2012, cuando era concejala del municipio del altiplano de Ancoraimes, fue la gota que rebasó el vaso y terminó de definir el rumbo de la ley 243. Con la aprobación de esta norma, Bolivia se convirtió en país pionero en la región en contar con una protección de las mujeres con participación político partidaria y en sancionar a sus acosadores.
Qué propone la ley para prevenir la violencia política
La Ley 243 define a la violencia política como un tipo de agresión y vulneración de derechos de las mujeres como sujetas de la vida institucional. La función principal es el apoyo y la defensa de todas las mujeres autoridades electas y la capacitación en temas municipales y legislativos y en normativas a nivel nacional.
"La ley define al acoso como hostigamiento, persecución y amenaza y a la violencia politica, desde la agresión física hasta el abuso sexual. Estos actos están tipificados dentro de la normativa penal", explica Josefina Velázquez Correa, titular de Acobol y concejala del municipio de Caracollo (Oruro).
Esta norma define los protocolos a seguir ante la denuncia de un hecho de violencia política contra las mujeres y establece tres vías de acción: la disciplinaria, la penal y la constitucional.
Pese a ser una ley de avanzada en el continente y a nivel internacional, a once años de su sanción todavía no logra evitar los hechos de violencia o de acoso político hacia las mujeres. A la fecha, solo existen dos casos de femicidios relacionados a la violencia política que llegaron a una condena judicial. Otros, como el de la propia Juana Quispe, se demoran en prolongados trámites y procesos judiciales.
Velázquez Correa destaca que esta ley permitió que las mujeres se animaran a participar más en política pero también a denunciar los hechos públicamente y en la Justicia. "Considero que hubo un avance pero todavía seguimos en un sistema patriarcal y machista. Por eso es difícil avanzar en su totalidad pero en algunos casos existe esa conciencia", aseguró la concejala.
La "gestión compartida" como un práctica forzosa
Josefina Velázquez Correa explica también que la paridad en Bolivia está garantizada y que la representación femenina en cargos públicos se encuentra en la actualidad en torno al 52 por ciento. Esto se garantiza desde la conformación de listas en las que, por ley, se establece que en consejos y legislaturas debe haber una candidata mujer por cada hombre.
El problema, explica, se genera luego de la asunción de esas mujeres a sus cargos, como resultado de lo que se conoce como gestión compartida. Este es un mecanismo que recorta los mandatos de las mujeres a la mitad, quienes presionadas a renunciar por sus pares son reemplazadas por su suplente, generalmente un varón.
En el informe Obligadas a renunciar, la Defensoría del Pueblo describe esta práctica como “compromisos forzosos de gestión compartida”. A partir de los testimonios, aseguran que esta práctica “va acompañada de diversas formas de acoso y violencias”, ejercidas por “autoridades locales, organizaciones políticas y organizaciones sociales” sobre las mujeres.
Velázquez Correa destaca que muchas de ellas se resisten a entregar esos cargos y denuncian está práctica. En ese momento, entra en juego un proceso de fiscalización por parte de las mismas representantes y asociaciones como Acobol.
Pero es a partir de esa denuncia que las mujeres comienzan a sufrir las mayores muestras de acoso. "Al hacerlo vienen las represalias: amenazas, hostigamientos, retención de salarios y un sinfín de situaciones que se presentan que van en contra de nuestros derechos políticos como mujeres", sentencia la presidenta de Acobol.
La Justicia, el eslabón más débil
Velázquez Correa sostiene que existe un trabajo articulado desde la Asociación de Concejalas con sectores del Poder Ejecutivo como el viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo Electoral.
Pero, para ella, el problema radica en la Justicia, que garantiza impunidad de muchos funcionarios acosadores, que ejercen la violencia en distintos grados contra las representantes. "La debilidad está en los operadores de justicia. Hay casos a la espera porque los fiscales o jueces los desmerecen por falta de pruebas o los catalogan como denuncias de violencia doméstica cuando son casos de acoso político", sentencia.
Para la concejala y titular de Acobol los recursos destinados por el Poder Ejecutivo para la aplicación de la normativa son limitados. También destaca que deberían ser redirigidos a la contratación de nuevo personal especializado en violencia de género y su capacitación, ya que en la actualidad muchos casos caen en manos de jueces de tribunales de familia.
El futuro de las mujeres en política
Velázquez Correa confía en que la correcta aplicación y un funcionamiento articulado entre los actores que deben garantizar los derechos de las mujeres en política contribuirá a que existan nuevas referentes.
Como militante, surgida de la participación en el sindicalismo de la comunidad indígena en la que nació, Velázquez Correa conoce de primera mano el camino plagado de prejuicios y trabas hacia las lideresas. “Un día mi comunidad me cerró las puertas, pero un día también me llevó a la palestra. Entonces recuerdo ese aspecto que ha sido muy positivo porque me dio la oportunidad de desenvolverme en este cargo”, explica.
La dirigente invita a las jóvenes a participar y a comprender que si bien el camino en la política no es un proceso sencillo, con perseverancia pueden cambiar la sociedad desde las bases.
