Más de la mitad de los bonaerenses sostienen que la ministra Patricia Bullrich debería renunciar y una mayoría piensa que la responsabilidad de la desaparición de Santiago Maldonado es del gobierno nacional. En tiempos en que se habla mucho de encubrimiento, también hay una clara mayoría que opina que existe un pacto de silencio entre las autoridades políticas y la Gendarmería “para ocultar la verdad”. Y, en concreto, vuelven a apuntar a Bullrich cuando ocho de cada diez personas afirman que la funcionaría debería dedicarse a buscar al artesano en lugar de defender a la Gendarmería.
Las conclusiones surgen de una amplísima encuesta hecha en todo el territorio bonaerense por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP). En total, se entrevistaron 2500 ciudadanos, respetando las proporciones por edad, sexo y nivel socio-económico. También se respetó la proporción entre Gran Buenos Aires e interior provincial. El sondeo terminó de procesarse el viernes a la noche.
La encuesta del CEOP demuestra que el caso de la desaparición de Maldonado está en el centro de la escena. Nada menos que el 86 por ciento dice que está al tanto de lo ocurrido. Es una proporción muy alta para cualquier información. Por lo general, menos de la mitad de las personas están al tanto incluso de noticias impactantes. “El valor de por sí es muy alto y expresa de manera categórica que ya es parte de la conversaciones y de la vida cotidiana de la gente”, señala Bacman.
“Lo más importante –agrega el consultor– es que una situación de estas características deja al descubierto una sensación inédita en nuestro país desde el retorno de la democracia en 1983: la desaparición de una persona, donde una fuerza de seguridad está relacionada en forma directa y contundente. En tal contexto no debe sorprender que la mayor parte entienda que el gobierno nacional es el principal responsable. El tema no es menor, y probablemente estos resultados coincidan con las encuestas que manejan los funcionarios de la Casa Rosada y que han encendido todas las alarmas los últimos días”.
El clima general que se percibe es de desconfianza. Desde la desaparición, el 1 de agosto, el gobierno y una parte de los medios han buscando instalar todo tipo de hipótesis, sobre todo dejando caer la idea de que Maldonado no estuvo en el corte de la ruta 40 o que andaba por otros lugares como Entre Ríos o Mendoza. Esa jugada que, de hecho, trató de instalar desconfianza en Maldonado mismo o en los mapuches, no logró hacer pie. Por el contrario, la desconfianza apunta esencialmente al gobierno y a la ministra que lideró las operaciones y la comunicación. Se puede especular con que una parte del 29 por ciento que no culpa al gobierno ni a la justicia podría estar con desconfianza hacia Maldonado o el pueblo originario, pero aún así sería una minoría. “Nadie se anima ni siquiera a pensar en la hipótesis contraria, aquella que podría responsabilizar a los propios mapuches de la desaparición de Santiago –analiza Bacman– ¿Puede existir un factor vergonzante que subyace en alguna respuesta? Es posible que anide en ese 28,8 por ciento que no culpa a nadie de su desaparición. Pero lo cierto es que nadie se anima a verbalizarlo”.
La proporción mayor, un 45 por ciento de los encuestados, claramente dice que la responsabilidad de que Santiago no aparezca es del gobierno nacional. “Es evidente que para la opinión pública existen culpables y responsables –marca el titular del CEOP–. Para la mayor proporción de los encuestados la Gendarmería es la culpable directa de su desaparición; pero, sin lugar a dudas el Gobierno nacional es el principal responsable y en tal sentido, dicho responsable es el que debe ocuparse de solucionar este tema”.
Los puntos clave del sondeo tienen que ver con la forma en que se tapó –y se tapa– a la Gendarmería. En ese terreno, el 48 por ciento respondió que existe un pacto de silencio entre el Gobierno y la Gendarmería para ocultar lo que pasó con Maldonado. Este es un dato muy fuerte, porque implica que casi la mitad de la población piensa que hay una intencionalidad –se llama dolo en el terreno judicial– para esconder las cosas porque ocurrió algo grave. No se ocultaría ningún hecho leve. De hecho hay una causa judicial por encubrimiento, ahora impulsada por el fiscal Federico Delgado.
En este plano, también una abrumadora mayoría del 72 por ciento dice que Patricia Bullrich debería investigar a fondo a la Gendarmería en vez de defenderla. Y que esa conducta tiene que continuar hasta que se esclarezca el caso. Esta respuesta mayoritaria pega de frente con la actitud de la funcionaria del gobierno en general. El Ejecutivo no retiró a la Gendarmería de la investigación pese a los elementos que, como mínimo, despiertan una fuerte sospecha:
- Maldonado desapareció después de un operativo de la fuerza.
- No está filmada la parte clave de la acción de la Gendarmería. Los jefes argumentaron que no tuvieron medios.
- La Gendarmería mintió sobre los participantes en la operación. Primero sólo entregó un listado de siete efectivos, recién después reconoció la intervención del resto.
- Se lavaron los vehículos que fueron usados el 1 de agosto.
- Los libros de guardia están alterados, como denunció la familia de Santiago.
Pese a estos indicios, en lugar de apartar a la fuerza de la investigación y poner el foco en lo hecho por los gendarmes, Bullrich se plantó a decir que “no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana”. Defendió a la fuerza a capa y espada y dijo estar segura que los efectivos de la Gendarmería no produjeron la desaparición. Otros integrantes del gobierno tuvieron que salir a ponerle un límite: “yo no pongo las manos en el fuego”, dijo el ministro de Justicia Germán Garavano; “la Gendarmería es la principal hipótesis”, manifestó el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj. Bacman redondea: “No sorprende que más de la mitad responda que Bullrich debe renunciar. Ni más ni menos es la que representa al gobierno. Así de simple. La ministra no es un chivo expiatorio, para los entrevistados es la que debió en primer lugar haber evitado que esto suceda y luego haberlo resuelto. Nada de lo expresado se debe pasar por alto. Es indudable que un semáforo amarillo se ha encendido y puede llegar a convertirse en una situación que puede llegar a escapársele de las manos al oficialismo”.
