Pablo Camuña, fiscal de la megacausa por el Operativo Independencia

“Esperamos que haya justicia”

Hoy termina en Tucumán el juicio que involucra a 17 imputados. Pablo Camuña, que encabezó la acusación del Ministerio Público Fiscal, cuenta cómo se reconstruyó el primer capítulo del plan sistemático de persecución y exterminio de la población.
“Reconstruimos el aparato criminal de lo particular a lo general”, dice el fiscal Pablo Camuña.“Reconstruimos el aparato criminal de lo particular a lo general”, dice el fiscal Pablo Camuña.“Reconstruimos el aparato criminal de lo particular a lo general”, dice el fiscal Pablo Camuña.“Reconstruimos el aparato criminal de lo particular a lo general”, dice el fiscal Pablo Camuña.“Reconstruimos el aparato criminal de lo particular a lo general”, dice el fiscal Pablo Camuña.
“Reconstruimos el aparato criminal de lo particular a lo general”, dice el fiscal Pablo Camuña. 

Desde Tucumán 

Termina hoy uno de los procesos judiciales más largos que tuvo Tucumán en su historia reciente. Se conocerá la sentencia de la megacausa Operativo Independencia. Pablo Camuña es el fiscal a cargo de la acusación de los represores). Antes de la sentencia, recibió a PáginaI12 en su despacho del segundo piso del Tribunal Oral Federal de Tucumán. “El ejército se instaló en Tucumán de la misma manera que se ocupa una nación extranjera”, explicó sobre las características de la represión que se llevó a cabo en la provincia en 1975.  

El fiscal Camuña trabaja junto con Agustín Chit y Julia Vitar. Recibió a PáginaI12 en su despacho. En su escritorio había un termo y un mate. El fiscal confesó que no toma, lo tiene para invitar. Camuña contó cómo fue el proceso para pedir penas disímiles para los acusados, que van desde la prisión perpetua (para diez imputados) hasta tres años. También cómo contribuyó el relato de las víctimas y de los familiares para poder reconstruir el Tucumán de febrero de 1975, donde se comenzarían a utilizar los centros clandestinos de detención como lugares de tormentos y desaparición forzada de personas.     

–¿Cómo resume el proceso de las audiencias?

–Es un trabajo que cierra casi una década. Al margen del volumen inédito, por cantidad de víctimas y testigos, lo más significativo es que se pudo conocer en profundidad lo que pasó antes del golpe de Estado de 1976 en Tucumán. Es un caso único en la Argentina, donde hubo una ocupación militar dentro del propio país, porque el ejército se instaló en el sur tucumano de la misma manera en que se ocupa una nación extranjera: censos, control territorial, intervención absoluta de la sociabilidad de cada uno de los pueblos, bases y centros clandestinos diseminados por todo Tucumán. Todo esto surgió del debate. Se pudieron reconstruir las líneas centrales del primer capítulo masivo del plan sistemático de persecución y exterminio de la población y el primer caso de terrorismo de estado de nuestra historia. Sumando uno a uno los 271 hechos conocimos el sistema: allanamientos ilegales, secuestros, centros clandestinos, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Reconstruimos este aparato criminal de lo particular a lo general, que confirma la hipótesis central del Operativo Independencia: que fue el preludio del golpe de estado, que fue un escenario montado para posicionar a las Fuerzas Armadas como actor político central y que fue en sí mismo a primera experiencia de un estado clandestino en nuestro país. 

–No fue casual que se haya elegido a Tucumán como lugar para llevar adelante ese plan

–Claramente no. Las querellas lo marcaron, y también nosotros. Había una situación social muy conflictiva en Tucumán desde 1966, con el cierre de once ingenios azucareros por Onganía. Hubo testimonios de historiadores y antropólogos que hablan de que ya desde ese año comienza a gestarse el “Operativo Independencia”, por lo menos a dotarse de ideología. No por casualidad durante ese período las Fuerzas Armadas empiezan a entrenarse para la llamada “guerra contrarrevolucionaria”. La provincia, con el movimiento sindical nucleado en la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia) y su movimiento universitario en torno a la UNT, era percibida como un “hervidero de subversivos”. La intervención implicada abordó criminalmente toda esta conflictividad social y no sólo la guerrilla rural, como se pretendió decir con la excusa de la “guerra”.

–Los abogados de los represores sostienen que se trataba de un período democrático y que no deberían ser condenados. ¿Es así?

–Durante un período democrático es totalmente posible que se cometan delitos de lesa humanidad. Basta con pensar en Colombia, que tiene una de las democracias más estables del continente y sin embargo entre 1980 y 2012 se cometieron masacres, decenas de miles de ejecuciones y desapariciones forzadas y hubo desplazamiento forzado de 5 millones de personas. El sistema político donde ocurren este tipos de hechos no les quita sus características esenciales como ataque generalizado y sistemático contra la población civil. La tortura en un centro clandestino, operado por agentes del estado, a una mujer de 15 años embarazada de cinco meses, no tiene una justificación posible, se enfrenta a toda legalidad; cuando se secuestra a alguien de una casa familiar en medio de la noche o se tortura, quien lo hace no se dice “puedo hacer esto porque hay una orden de la Presidenta de aniquilar a la subversión”, eso no existe. Pero además, cuando oficiales entrenados organizan y ponen en operación un centro clandestino de detención, saben perfectamente para qué lo hacen y no hay justificación para este tipo de acciones, ni error posible en cuanto a su total ilegalidad.

–Cuando pidieron las penas ¿estudiaron caso por caso?

–Sí. Técnicamente, hicimos un estudio de toda la prueba y sobre algunos acusados decidimos levantar la acusación cuando no se había probado del todo la existencia del hecho o su responsabilidad. Llegamos al final con la certeza de que la respuesta estatal frente a los 17 acusados es aplicarles una pena y esa pena es distinta dependiendo del aporte que hizo cada uno en el aparato criminal total.   

–¿Qué espera para el próximo viernes?

–Una sentencia que haga justicia, sancione a los acusados y a la vez repare en alguna medida el enorme daño individual, familiar y social que sigue vigente; también que sea valiente y disipe aquel mito de que el “Operativo Independencia” fue una guerra o fue una actuación legal. Es lo que pidieron las víctimas y sus familiares, cada uno con su distinta voz y su distinta historia personal, porque nunca el dolor los ha alejado de esta búsqueda tan democrática que es la justicia. Pese a todas las tardanzas, las decepciones y los vacíos con los que asistimos a este juicio. Es el pedido que recogimos y también el que esperamos.

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