Opinión
El fin de la ley de seguridad pública

El 17 de noviembre se va a cumplir un año de la sanción de los 522 artículos ordenados en 8 libros de la Ley 5.688 de Seguridad Pública. Los más importantes, o al menos, de los que más venimos hablando constituyen el marco general del sistema: la conducción civil, el gobierno político, la participación ciudadana, la transparencia como ejes rectores del sistema. Y la nueva Policía de la Ciudad, con sus funciones, sus atribuciones, jerarquías, derechos y obligaciones, así como orientaciones en el uso progresivo y racional de la fuerza y en particular su actuación en manifestaciones públicas. 

En poco tiempo, y especialmente el viernes 1 de septiembre pasado, el Gobierno de la Ciudad ha echado las suficientes paladas de tierra encima del sistema como para predecir su irrecuperabilidad.

Cuando Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno Porteño, presentó a la nueva Policía de la Ciudad, se refirió a ella como una fuerza “moderna, con mucha tecnología y todo el apoyo y recursos necesarios para hacer bien su trabajo”. Desde su surgimiento, esta “proclamación” se vio esmerilada por un sinnúmero de tensiones que atravesó la constitución de esta Policía. Incluso, en plena vigencia de la Ley, y frente a las presiones por hacer de la Policía de la Ciudad una fuerza que opere como barrera de contención de la protesta social –en particular del Poder Ejecutivo de la Nación– , el Jefe de Gobierno Porteño y su Ministro en la materia, Martín Ocampo, no cesaron en declarar e insistir que quedaban atrás prácticas de autogobierno policial para iniciar “políticas de seguridad, con control civil y tolerancia cero frente a hechos de corrupción”.

Momentos álgidos fueron la toma de la Comisaría 38º luego del asesinato de Brian Aguinaco, la represión a los docentes cuando intentaban instalar una carpa itinerante, la trama de corrupción en las comisarías con la detención del jefe de Policía José Potocar, la represión y detenciones irregulares a mujeres el 8M “Ni una menos”; que terminaron de dirimirse con el obsceno incumplimiento de la ley tal como se vio en el accionar  luego de la manifestación del 1º de septiembre.

La infiltración, las detenciones a mansalva, la represión policial, el ataque a periodistas, nos confirma -ya sin claroscuros- que la balanza se inclinó hacia lo peor de una corporación policial que, como en los viejos tiempos de vinculación con los aparatos represivos, necesitan que las manifestaciones terminen de manera violenta para incrementar su preponderancia y capacidad de negociación.

El escenario al que asistimos, además, fue el que desde el gobierno nacional y su aparato mediático se fue construyendo. Se supo que el Gobierno profundizaba medidas de seguridad, enviaba directivas reservadas, por “la violencia política”, en la que responsabilizaban a “anarquistas y kirchneristas”, es decir, el “enemigo a abatir, o a repeler” desde la mejor jerga de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional.

En la CABA, salió a la luz la Orden Interna reservada, firmada por el Comisionado Mayor Oscar Masulli, proveniente de la Policía Metropolitana, que impartió una serie de medidas producto de una supuesta “amenaza o llamado a la agitación” entre las que se encuentra prescindir del uniforme reglamentario, extremar el alerta ante “conductas sospechosas” o de ser víctimas de secuestros por parte “células anarquistas”. ¿Se trató de una orden policial, sin autorización de la autoridad política? ¿De un rápido acomodamiento interno al “clima de época” en el que el Gobierno Nacional trató de meter la desaparición de Maldonado como un hecho más? 

Durante la marcha fue necesario convertir en “verdad” el diagnóstico previamente inventado, que alguien “tirara la primera piedra”, para que se desataran los incidentes y la represión tuviera su consecuente “justificación” en virtud de preservar el orden. 

Lo que siguió, ya se sabe, estuvo cada vez más lejos de preservar el orden y cumplir la Ley. Cuando buena parte de los manifestantes habían desconcentrando, la Policía comenzó a perseguir a quienes quedaban y a detenerlos. Incluyó a camarógrafos, trabajadores de prensa y quienes registraban el accionar policial. Y lo hizo con un uso irracional, brutal, de la fuerza; utilizando balas de goma disparadas al cuerpo; con personal sin identificación ni uniforme. 

Desde hace un tiempo a esta parte venimos observando una intensa escalada de violencia política, profundizada por un discurso que avanza en una gobernabilidad sobre la base de la confrontación y la represión. El uso indebido de la fuerza por parte de la Policía de la Ciudad, la represión, el espionaje ilegal es violencia estatal, la que es mucho más grave, porque debilita el sentido más profundo de nuestra democracia. Cuando una institución, creada para cuidarnos, para protegernos, no lo hace, daña el conjunto de las relaciones sociales. Queremos una policía profesional, moderna, democrática y respetuosa de los derechos humanos, una Policía que sepa cómo protegernos, que sepa dirimir el conflicto y evitar la escalada de violencia y no acrecentarla. Queremos la plena vigencia de la Ley 5688 y de su artículo 100.

Y en este escenario, seguimos viendo cómo el Gobierno dirime con Focus Group si el Estado debe responder o no por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

* Legislador porteño - Bloque Corriente Nacional de la Militancia.