El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, se mostró confiado en que la internacionalización de los precios de los combustibles a partir del domingo 1º de octubre no provocará un aumento inmediato de precios en el surtidor. “El tipo de cambio y el petróleo crudo están en un moderado equilibrio en los niveles que tienen hoy”, aseguró. Los precios de las naftas y el gasoil dejarán de estar atados al acuerdo entre las petroleras y el gobierno nacional, por decisión de este último, con lo cual podrán ser determinados “libremente” por las petroleras en función de dos variables fundamentales: el precio internacional del petróleo y el valor del dólar. El dato significativo es que el mercado interno del crudo está definido por un oligopolio de cuatro empresas que controlan más del 90 por ciento de las ventas de combustibles, del cual Shell (empresa de origen del actual ministro) es parte integrante. Entre las cuatro, son más los intereses en común que en los que encuentran oposición (prácticamente no disputan por modificar su market share o participación en el mercado). Según fuentes del propio sector privado, hay un acuerdo implícito entre gobierno y empresas para no provocar aumentos antes de las legislativas nacionales del 22 de octubre. El reacomodamiento de precios vendría después. 

 Para el gobernador del Chubut, Mario Das Neves, la liberación del precio se transformará en un pico inflacionario. “Con la experiencia que tengo, esto significa automáticamente un pico de inflación, que se traslada; me parece que se sigue consolidando un ajuste que la gente va a sentir”. El acuerdo pactado en enero pasado, con una cláusula de ajuste trimestral de los precios, quedará suspendido a partir del próximo 1º de octubre, según le informó el lunes último el Ministerio de Energía a las petroleras. Ayer, Aranguren agregó que “si continúan los precios internacionales en este rango hasta fin de año, definitivamente el nivel de precios en el mercado lo establecerán las empresas en forma libre, tanto las que venden crudo como las que venden combustible”. 

 Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, señaló a PáginaI12 que “la decisión del Gobierno es fundamentalmente política: el Gobierno no ve riesgo inmediato de suba, el ministro debe haber monitoreado previamente que no había intención de las petroleras de subir los precios en las próximas tres semanas y hasta es posible que anuncien una pequeña baja, como para mostrar las bondades de la libertad de mercado frente al esquema anterior regulado por el Estado”. 

 El especialista en materia energética subrayó “el carácter oligopólico del mercado, que pone el control en manos de apenas cuatro empresas. Acá ni siquiera cabe la posibilidad de competencia importada, porque para poder comercializar combustible durante un período prolongado hace falta tener infraestructura para almacenamiento, lo que no es fácil ni barato, y esa inversión no se hace por una pocas operaciones”. Indicó que “los únicos que tienen la logística para la comercialización son las cuatro empresas dominantes, lo que las hace las únicas con posibilidad de importar combustible para el mercado interno.

 En cuanto a las perspectivas a futuro del precio, Bronstein señaló que “el gobierno debería tomar los recaudos para evitar un salto brusco, porque si se ajustan los combustibles repercute en todos los precios de la economía. Y el instrumento que tiene es YPF. Hay que ver si quiere utilizarla con ese propósito”.

 La decisión de vincular el precio local del petróleo y de los combustibles al mercado internacional supone un cambio drástico de estrategia para el sector, que con el gobierno anterior ponía el eje en alcanzar el autoabastecimiento. El momento en que se pone en vigencia el nuevo esquema de precios internacionalizados está relacionado con la relativa estabilidad actual a la que hizo alusión ayer Aranguren. El riesgo se presenta para adelante: cómo puede incidir en el precio interno, por ejemplo, una suba del diez por ciento de la cotización internacional (son apenas cinco dólares y medio por barril) y de un cinco o diez por ciento en el tipo de cambio, además, en un mismo trimestre. La estabilidad que proclama el gobierno tiene un horizonte corto: dura hasta el 22 de octubre. Las consecuencias de esta nueva política se verán después de esa fecha.