“No se puede hablar de un festejo, nuestros pueblos siguen sufriendo”. Aunque las palabras le pertenecen a Florentino Nahuel, vocero del Consejo Mapuche de Neuquén, esa sensación de injusticia se extendía en los cientos de representantes de pueblos originarios que acamparon frente al Congreso de la Nación para seguir minuto a minuto la votación por la prórroga a la ley de emergencia de la propiedad comunitaria, que frena los desalojos en territorios de comunidades indígenas. La protesta –que se hubiera extendido indefinidamente si no se aprobaba la normativa– incluyó relatos ancestrales, bailes, música, ollas populares y un pedido dicho en todas las lenguas originarias: “¿dónde está Santiago Maldonado?”.

A las 17.05, en la plaza del Congreso, cientos de personas se encimaban en una pequeña carpa blanca para mirar la televisión. En la pantalla no daban ningún partido de fútbol ni tampoco el final de una novela, sino que se seguía los discursos de los senadores nacionales. La tensión era constante. “¿Qué dijo?”, preguntó un indígena rankuelche. Néstor, un coya que vive a más de 1600 kilómetros de esa comunidad de La Pampa, respondió. “No importa lo que estén diciendo, porque ningún senador se acercó para saber lo que sentimos nosotros, lo que vivimos. Nadie sabe lo desprotegidos que estamos ni las amenazas que sufrimos día a día”. En la tele, mientras tanto, el senador formoseño Luis Naidenoff continuaba su exposición.

El motivo del acampe se explicaba en la remera de Otrina, una niña de 11 años que vive la comunidad wichi, en los carteles que sostenían los tres representantes del pueblo Tomocotte en Santiago del Estero o bien, en un extenso pasacalles ubicado en una de las rejas de la plaza del Congreso. “Pueblos indígenas organizados en resguardo del territorio en defensa de la vida. Exigimos la aprobación inmediata de la prórroga de ley nacional de orden público 26.160”, indicaban. Para los indígenas, esa normativa –promulgada en noviembre del 2006– es uno de los pocos soportes de los pueblos originarios para defenderse de los embates de terratenientes y compañías extranjeras. Aymara, una joven madre kechua, leyó un comunicado para explicar la importancia de la prórroga. “La no aprobación de la ley agravará la situación territorial de las comunidades indígenas, generando la incrementación de la vulneración de nuestros derechos, profundizará los atropellos, desalojos, destierros, discriminaciones, amenazas y convirtiéndose en un nuevo genocidio”.

“Hay que hacer sólo el ejercicio de pensar cómo nos podremos defender si no tenemos una ley nacional que reconozca nuestros derechos en las tierras –pidió Néstor– ¿cómo vamos a parar los tiros que recibimos de los terratenientes? La Policía, en cambio, lo único que hace es mirar”. El coya, de 42 años, viajó más de 29 horas en colectivo para iniciar el acampe el sábado pasado. Lo primero que hizo fue colgar la bandera de su comunidad (un homenaje a la Pachamama de color verde, dorados y marrón) y luego contactarse con otros representantes de los pueblos originarios para organizar la protesta. “Este reclamo es histórico. Demostramos cómo toda la población indígena está reunida con un sólo objetivo: defender lo que es nuestro por historia”, completó a este diario.

La presencia de las comunidades era bastante sencilla de distinguir. “Lule presente”, “Comunidad Tiraxi PO Jujuy”, “Resiste Mapuche”, eran algunos de los más de 400 carteles pegados al costado del acampe que demostraban la unión de los pueblos originarios. La organización de la protesta también evidenció el sentido de comunidad: desde el sábado se elaboraron guardias compuestas entre cinco y diez personas que custodiaron las cuatro carpas armadas enfrente al Congreso, mientras que otros cientos de indígenas buscaban hospedaje en distintos puntos de la Ciudad.

Pero además del pedido para confirmar la prórroga por cuatro años, de la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras, la fuerza del reclamo tenía nombre y apellido: Santiago Maldonado. “Nunca dudamos de los responsables de su desaparición”, dijo un representante de la comunidad 

Cárdenas Motocoro en Chubut, en un sector que hizo de las veces de comedor. “Cualquiera de los que está acá puede ser el próximo Santiago. A las ganas de Gendarmería de reprimir se suma que nadie del gobierno expresa un interés por la cultura indígena”, agregó con un plato de guiso en mano, Juan Ángel, del pueblo originario Tehuelche.

Por su parte, en el escenario montado a espaldas del Congreso, la música era protagonista. Ariel, del pueblo rankel, cantó el tema Gran espíritu que describe los valores indígenas. “Para los que piensan que somos terroristas”, agregó. Durante semanas, en varios medios e incluso en discursos de funcionarios se acusó a los indígenas, en especial a los mapuches, de ser violentos y de querer organizar una República en territorio argentino. Florentino Nahuel, quien sujeta su pelo con un trarilonco (una especie de vincha que representa la unión mapuche), asegura que ese prejuicio es consecuencia de una la invisibilidad. “No pudimos participar de una sola reunión con senadores. No nos quisieron recibir ni escuchar nuestros reclamos. Claro que les sirve decir que no aceptamos el diálogo”, explicó a PáginaI12. El consejo zonal mapuche, tanto de Neuquén como de Río Negro, denunció a las autoridades provinciales y nacionales el nulo relevamiento jurídico que debía realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en más de 30 comunidades locales.

Al finalizar las exposiciones en el Senado, el silencio se apoderó del acampe. Todos se acercaron a la carpa que tenía la televisión para conocer el resultado de la votación. El presidente de la cámara, Federico Pinedo, anunció que quedaba aprobada con unanimidad la prórroga de la normativa. Hubo muchos más abrazos que festejos. “Si bien se mantiene la ley, la medida es un parche. Nosotros no queremos venir cada cuatro años preocupados porque nos quieren desalojar, sino que queremos que se reconozcan nuestros derechos”, argumentó Luisa, de la comunidad guaraní. 

Informe: Jeremías Batagelj.