Un actual funcionario de Seguridad y una ex funcionaria fueron designados para ocupar las máximas jefaturas del órgano de investigaciones del norte y sur santafesino. La "Policía Judicial" es el brazo investigativo de los fiscales del nuevo sistema creada para -según lo que se declama y dice la ley- investigar sin la actual policía los delitos que por su complejidad ameritan un cuerpo especializado e independiente de la fuerza tradicional. Por ejemplo crimen organizado o delitos cometidos por funcionarios públicos. Una vez más, los dos cargos serán ocupados -uno por un actual funcionario del poder ejecutivo Rolando Galfrascoli, actual secretario de investigaciones complejas del Ministerio de Seguridad y el otro por Débora Cotichini, ex directora del patronato de liberados. La propuesta llegó con la firma del Fiscal General Jorge Baclini hasta al Corte Suprema, con el concurso de oposición y antecedentes, donde ambos resultaron primeros "sin objeciones" remarca el documento.
"Estas designaciones son inconvenientes porque el órgano de investigaciones debe investigar a funcionarios públicos, entre otros temas, sino que además Galfrascoli es funcionario de seguridad. Y si bien no es policía pertenece al área de seguridad por lo cual si pretendíamos -como fue originalmente- un organismo que no tuviera lazos con el poder político ni con las fuerzas de seguridad, lo de Galfrascoli es a priori un inconveniente porque es un funcionario político, además vinculado al área de seguridad" objeto públicamente el diputado justicialista Leandro Busatto, impulsor de la ley junto al entonces diputado Eduardo Toniolli. "Todo parece cerrar perfecto: modificamos la superficie para no ir al fondo de la cuestión" remarcó Busatto.
Según el legislador "la idea era crear un órgano que en el marco de la nueva estructura de justicia y dentro del Ministerio Público de la Acusación, planteara un paradigma nuevo, mucho más con los antecedentes de corrupción de la policía de Santa Fe.
Ahora, sin embargo, se nota que existe una terrible tentación de la política de resistirse a estos cambios. Esta fue aprobada en 2013, pero luego de la sedición policial de ese fin de año el entonces gobernador Antonio Bonfatti vetó el 80 por ciento de esos artículos y la ley tuvo que volver a discutirse en la legislatura, donde tuvimos que insistir en crear un órgano con autonomía para poder funcionar. Parece que algunos quieren que aquellos esfuerzos sean en vano" remató Busatto.
"La idea era que fuera organismo que no tuviera lazos con el poder político ni con las fuerzas de seguridad".
El ex diputado Toniolli recordó ante Rosario/12 cual fue el origen de esta ley. "La Policía Judicial pretendía sacar de manos de la santafesina la investigación de los delitos complejos (que le daba - y le da aún - un poder enorme, que había servido para que algunos sectores non santos gestionaran el delito); y construir una herramienta especializada en la investigación de ese tipo de delitos, bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación". "En noviembre de 2013 fue aprobada por unanimidad la Ley en ambas cámaras, por eso sorprendió que Bonfatti en enero del 2014, vetara 40 de los 57 artículos, vaciando la Ley, y convirtiendo al organismo en una cáscara vacía sin alma ni presupuesto. Rechazamos aquel veto haciéndolo caer a principios del 2014 en la Legislatura, y volvimos a presentar el proyecto. Finalmente, y pese a alguna maniobra al final del recorrido por parte del senador Enrico, que quiso sacar de entre las potestades del organismo la investigación de los delitos cometidos por funcionarios públicos, logramos aprobarlo en noviembre de ese mismo año, y debido al rechazo masivo que el veto anterior había obtenido en distintos ámbitos y sectores de la sociedad civil abocados a la materia, en enero del 2015 el gobernador promulgó la Ley".
"Al año debían estar nombrados los funcionarios principales del organismo, proceso que evidentemente se demoró en el tiempo. Ahora bien, más allá de la opinión que tenga sobre quienes fueron designados en los cargos de dirección de la Policía Judicial, y sobre el proceso de selección (del que no tengo mayor detalle), llama la atención y genera suspicacias el hecho de que se trate de dos funcionarios del Ejecutivo, en una vuelta de tuerca más en la habitual endogamia que viene existiendo entre el Ministerio Público de la Acusación y el Gobierno Provincial" sentenció Toniolli.
