Indignación y congoja. Eso sintió ayer la familia de Jonatan Herrera, asesinado por policías mientras lavaba su auto, cuando escuchó que la Cámara Penal dejó firme la pena de 6 años y medio para el autor y redujo la de otros tres agentes. Si bien el camarista Javier Beltramone consideró que el accionar homicida de Ramiro Rosales fue "voluntario", Georgina Depetris y Bibiana Alonso sostuvieron que no hubo intención de matar y ratificaron la pena por un hecho "culposo". También, confirmaron la absolución de la agente del Comando Radioeléctrico. "El Estado no supo darle justicia a esta familia", lamentó Santiago Bereciartúa, abogado de María Elena Herrera, madre de Jonatan. "Los premiaron. Antes de entrar ya me sentía como cuando estaba en el hospital esperando que me dijeran cómo estaba mi hijo", recordó la mujer sobre lo que pasó hace casi tres años. Antes de salir, los familiares aplaudieron irónicamente a los jueces y les gritaron "fachos". Los querellantes adelantaron que ‑tras ver los fundamentos‑ irán a la Corte provincial. El Tribunal ordenó enviar copias al Ministerio de Seguridad y a Fiscalía, con una sugerencia clave: que el "escándalo" de la adulteración de la escena del hecho sea investigado con una fuerza ajena a la policía provincial.

A dos meses de la audiencia de apelación, la resolución de la Alzada generó bronca. El revés no solo sostuvo las "bochornosas" penas por el homicidio, sino que redujo las de tres agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) acusados de abuso de arma, que tenían penas de 3 años y 8 meses. Ahora Luis Sosa y Alejandro Gálvez fueron sentenciados a 2 años; y Francisco Rodríguez, a 2 años y 8 meses. "Uno de los tres jueces entendió que teníamos razón", destacó el fiscal Adrián Spelta, sobre Beltramone, que votó para que el caso de Rosales volviera a primera instancia por considerar que no fue un hecho accidental.

María Elena solo podía llorar. "Hoy les dieron un premio por matar a un inocente. Tardaron dos meses para decirme lo mismo que en el juicio y encima bajar condenas. Fueron más los policías implicados y se dispararon 52 tiros hacia mi hijo, ¿y me dicen que no lo quisieron matar? ¿Cuándo se van a poner del lado de las víctimas?".

Julieta, que se puso al hombro la causa por la muerte de su hermano y acompaña a otras familias desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional, se mostró fuerte. "Vamos a seguir, nos vamos a levantar. Lo más importante es lo que sabe la gente, no lo digan los jueces. Más que por la condena, luchamos para que no vuelva a pasar", dijo.

Bereciartúa fue más allá: "Aunque hubo falencias en la investigación, entendíamos que se podía demostrar el dolo (intención) homicida por parte de Rosales y el accionar de otros tres policías que dispararon más de 50 tiros a una persona desarmada y escondida atrás de un árbol. Si eso no es dolo, no sabemos qué es. La familia esperaba una sentencia reparadora". Al desentrañar el hecho y lo sucedido después, el letrado aseguró que "no se investigó bajo los estándares internacionales: no fue una investigación pronta, efectiva e independiente", preguntó. "Cuando el mismo Estado es responsable y pasan tantos meses, no se puede pretender un nivel probatorio mayor. Si estos policías levantaron las vainas es porque sabían que cometieron un delito y eso mismo ya prueba el dolo", dijo. Y criticó: "No puede ser que el policía que mató a Jonatan tenga la misma pena que el ladrón que era perseguido aquella tarde por intentar robar una juguetería".

Por su parte, el querellante Gustavo Feldman señaló que en el caso de Rosales "fue una decisión desajustada a derecho: lo que la Corte Nacional alguna vez mencionó como error macroscópico, que es una causal para el pedido de juicio político. Vamos a pedir que la Fiscalía acompañe a las querellas en el recurso de inconstitucionalidad".

Más tarde, la Multisectorial contra la violencia institucional manifestó en un comunicado que "el caso de Jonatan es emblemático porque es el primero de muchos otros casos ocurridos en los últimos años en nuestra ciudad, que llega a esta instancia judicial. Por eso, desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional responsabilizamos a los jueces Zvala, Curto Alarcón, Alonso, Beltramone y Depetris por no dictar sentencias ejemplares y, de este modo, configurar las condiciones de posibilidad para garantizar la continuidad de este tipo de prácticas por parte de la policía de la Provincia de Santa Fe que mata a los jóvenes sin recibir las sanciones que corresponden por ello".

 

Fundamentos

Jonatan fue baleado por policías del Comando (división que no tuvo condenados) que participaban de una persecución; y por los de la PAT, que se sumaron a la escena, sin orden. Fue el 4 de enero de 2015, en barrio Tablada. Para Beltramone, "no puede ser que 30 disparos sean la respuesta a un tiro de calibre 22", que llevaba el ladrón. Los de PAT efectuaron otros 20 tiros. "Fue un milagro que no hubiera mayores consecuencias", dijo el juez.

Además, los policías no preservaron la escena. "Debe urgir la necesidad de profesionalizar a quienes tienen el monopolio del poder estatal de acción letal", agrega la resolución. Sobre los "niños/jóvenes de 18 años" agentes de la PAT, el juez cuestionó la preparación de "seis meses". "La desprolijidad, como mínimo; y la ilegalidad, como máximo, generan perplejidad", dijo; y sugirió una investigación por el accionar de los policías que "inhabilitó cualquier posibilidad de reconstruir los hechos".

Para Beltramone, "Rosales disparó voluntariamente y no de manera accidental"; pero "sin la intención directa de querer matarlo por ser él", ya que no se conocían.

Depetris dijo que tras analizar una y otra vez las imágenes y las pruebas, considera que debe confirmarse el fallo en cuanto a Rosales por un hecho sin intención homicida. El voto fue acompañado por Alonso.