Desde Santa Fe 

Desde que asumió como presidente del comité nacional de la UCR se sabe que, una vez a la semana, José Corral atiende en Buenos Aires. Así que ayer no estaba de la Intendencia de Santa Fe para ver un hecho sin precedentes desde la vuelta de la democracia: los allanamientos alrededor de su despacho, que solicitó el fiscal Roberto Apullán y ordenó el juez de turno en una causa que investiga una red de punteros de Cambiemos financiada con plata de los contribuyentes (en el escándalo conocido como “Corral papers”). 

Los operativos se realizaron después del mediodía, en el primer piso, en las oficinas del secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano, y de su colega de Hacienda, María Belén Etchevarría: agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) revisaron computadoras y se llevaron documentación del Programa de Iniciativas Comunitarias, que está bajo la lupa. Medrano es el mismo funcionario que ya esquivó dos interpelaciones sobre el asunto en el Concejo Municipal, la última con la excusa de que iría después de las elecciones del 22 de octubre.

La investigación se inició por una denuncia del concejal peronista Juan Cesoni, que apuntó al intendente Corral, Medrano y a la secretaria de Gobierno, María Martín, y además solicitó el “aseguramiento de pruebas”. 

“La Justicia tiene que actuar rápido porque acá hay una matriz organizada, una metodología, un sistema de derivación de fondos públicos para fines políticos”, dijo Cesoni. El abogado Alejandro Otte, que lo patrocinó en la denuncia, interpretó la pesquisa judicial en la misma línea: “Nosotros habíamos solicitado medidas para preservar todo lo que tuviera que ver con documentos y archivos relacionados al Programa de Iniciativas Comunitarias”. Y fue lo que se hizo ayer.

En los allanamientos participaron unos veinte efectivos de la PDI, al mando de su jefe, el comisario Mario Monzón. Revisaron los despachos de Medrano y Etchevarría, en el primer piso, y se llevaron cajas con documentación, mientras especialistas en informática de la fuerza analizaban las computadoras.

Alrededor de las tres de la tarde, dos horas después de iniciado el operativo, Monzón dijo que habían “cumplido una orden de allanamiento del juez de turno solicitada por el fiscal Apullán. A nosotros nos encargaron el secuestro de documental y está trabajando también personal de informática”. Y, cuándo le pidieron precisiones, comentó que si era “necesario” también se llevarían las computadoras. 

El consorcio de periodistas que difundió el escándalo de los “Corral papers” informó que el destape comenzó con una “filtración” de la computadora de Medrano. Se trata de “miles de archivos” que el secretario de Desarrollo Social compartía “en una nube y en sus computadoras” con su “equipo de trabajo más cercano. No sólo se han filtrado los archivos que al imprimirse y estamparse las firmas se convierten en documentos públicos sino también sus apuntes de trabajo: planillas, anotaciones, carpetas con fotos de obras”. Los “archivos de Medrano y compañía demuestran que las irregularidades no son fallas en controles internos, ni hechos aislados, sino una constante que financia la militancia, el timbreo y el aguante”.

En la mitad del procedimiento, las secretarias de Gobierno, María Martín, y de Comunicación, Andrea Valsagna, convocaron a una conferencia de prensa para amortiguar el impacto del operativo. Valsagna dijo que Corral estaba en La Plata. “Está al tanto, por supuesto. Nos dijo lo que siempre, que nosotros estamos a disposición de la Justicia. Nos parece muy bien que funcionen las instituciones”, agregó.

–¿Califican esto como un allanamiento? –le preguntó el movilero de una emisora oficialista. 

–Es un requirimiento de información que está haciendo el Ministerio Público de la Acusación al municipio –respondió Valsagna–. Nosotros estamos a disposición.

La funcionaria recordó que la denuncia fue presentada por Cesoni, “concejal del kirchnerismo”, se ocupó de precisar.