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Desde Barcelona

Ultimátum: Puigdemont rectifica o se suspende la autonomía de Cataluña. Esta fue, finalmente, la reacción de Mariano Rajoy a la declaración- y posterior suspenso- de la independencia que el presidente de la Generalitat escenificó el martes en el Parlamento regional. “El Consejo de Ministros ha acordado requerir formalmente al gobierno de la Generalitat si ha declarado la independencia de Cataluña. Este requerimiento es previo a cualquiera de las medidas que el gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución y pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia”, anunció el jefe del Ejecutivo español ayer en la Moncloa.

Por primera vez Mariano Rajoy menciona explícitamente el artículo del que todo el país habla desde hace meses: el 155. Este punto de la Carta Magna estipula que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (...) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Esas “medidas necesarias” serían- tal como lo estuvieron acordando durante estas últimas semanas el presidente de la Nación, el líder de los socialistas y el de Ciudadanos- la disolución del Parlamento catalán y, por tanto, del Gobierno de Puigdemont, para nombrar así un Govern en funciones, encargado de convocar elecciones.

El requerimiento llevado a cabo por Rajoy está incluido, directamente, dentro de la mentada norma como paso previo para ponerla en marcha, con lo cual no cabe duda de que el gobierno resolvió adoptar, por primera vez en la historia de España, la vía “dura” de la intervención de una autonomía. El líder del Partido Popular (PP) insistió en que esta actuación responde a que “el gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa”. 

Ahora, el equipo de Puigdemont dispone de tiempo hasta el lunes para aclarar si en el acto del 10 de octubre proclamó o no la independencia. Si responde que sí o no responde, Rajoy le enviará un nuevo requerimiento para que el presidente del Govern rectifique, lo cual tendrá que ser antes del jueves 19 de octubre. Si Puigdemont no lo hace, el Ejecutivo español proseguirá con los pasos necesarios para aplicar el artículo 155 de la Constitución, es decir, establecer en un Consejo de ministros las medidas para poner en marcha en Cataluña con el objetivo de restablecer el orden constitucional, y llevarlas al Senado para su aprobación, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. 

“La respuesta del señor Puigdemont marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Si respeta la legalidad se pondría fin a un período de ilegalidad, tensión y quiebra de la convivencia. El señor Puigdemont también puede atender a las peticiones que han llegado desde tantos ámbitos para recuperar la convivencia armónica y la seguridad jurídica”, destacó Mariano Rajoy en una rueda de prensa sin preguntas que dio ayer horas antes de reunirse en Consejo de ministros para comparecer- por petición propia- sobre la crisis en Cataluña.

El PP no está solo en su determinación de aplicar el artículo 155, lo acompaña el Partido Socialista (PSOE) y quienes desde el primer minuto lo increpan a ponerlo en marcha, el grupo centroderechista Ciudadanos. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reunió con Rajoy en la Moncloa la misma noche en que Carles Puigdemont declaraba- y no declaraba- la independencia en el Parlamento catalán. Hasta altas horas de la madrugada los dos dirigentes estuvieron debatiendo para llegar a la conclusión que ayer por la mañana anunció el jefe del Ejecutivo: el envío del requerimiento que activa la posible intervención de la autonomía regional. “Acompañamos al presidente del gobierno en su requerimiento para clarificar y sacar del pantano en el que ha metido Puigdemont a la política catalana”, afirmó el secretario general de los socialistas. “Ni los catalanes ni la sociedad española se merecen la angustia de no saber si los que dirigen las instituciones catalanas han declarado la independencia o no”, apostilló Sánchez, quien considera que la apelación al diálogo de Puigdemont en el Parlament “no es sincera” ya que después firmó un documento en el que suscribía la declaración de un estado independiente. 

A cambio de ese apoyo, Sánchez consiguió que Rajoy acepte abrir la reforma de la Constitución en un plazo de seis meses, cuando concluyan los trabajos de la comisión de estudio del modelo territorial que impulsaron los socialistas en el Congreso y que, según explicó Sánchez, “tiene que ponerse en marcha cuanto antes”. El líder del PSOE argumentó que es en ese marco parlamentario en el que debe abordarse el diálogo que reclama Puigdemont. “Que venga a la comisión, que venga al Congreso, si quiere una mediación, el Congreso es el perfecto mediador”, lanzó el socialista al presidente catalán.

Desde Podemos lamentan profundamente que el PSOE haya regresado “a la triple alianza con el PP y Ciudadanos”, según comunicó la portavoz del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea en el Congreso, Irene Montero, quien también pidió ayer a Rajoy que no aplique el Artículo 155. “Póngase al frente de la negociación y no detrás de la Policía y de la ley”, le espetó Pablo Iglesias durante la sesión de control en la Cámara baja. El líder de Podemos remarcó que “la tradición política a la que representa el presidente de la Nación, dominante en los últimos 200 años, nunca reconoció la plurinacionalidad, pero tuvo que lidiar con ella”. 

Tanto el debate sobre la activación del artículo 155 como el requerimiento de Rajoy giran, en cualquier caso, en torno a una pregunta, la misma con la que ayer amaneció, perpleja, la ciudadanía en Cataluña y en toda España: 

“¿Se declaró o no se declaró la independencia?”. A juzgar por la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy, por el descontento del sector más duro del independentismo y por el desconcierto generalizado tras la ambigua comparecencia de Carles Puigdemont, Cataluña no es hoy una República autónoma.

El documento firmado por los diputados de los tres partidos que gobiernan la región en coalición- PDeCAT, Esquerra Republicana y CUP- en el que, teóricamente, se plasmó la declaración de “constituir la República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”, no pasó de ser la materialización de un acto simbólico. Si ese texto no se publica en el Diario Oficial de la Generalitat, no tiene validez jurídica y, como se prevé que eso no suceda ya que el president Puigdemont decidió suspender la declaración de independencia para buscar un acuerdo con el gobierno central, el documento firmado el martes en el auditorio del Parlament no tiene ninguna validez efectiva.

Será el propio Puigdemont, de todos modos, quien diga la última palabra al respecto, primero porque fue él quien pronunció ese discurso que enunciaba lo uno y lo contrario al mismo tiempo, y segundo, porque es a él a quien el gobierno de Rajoy acaba de poner entre la espada y la pared bajo la peor de sus amenazas. De momento, solo un tuit del president como reacción: “Pides diálogo y te responden poniendo el 155 encima de la mesa. Entendido”.