“Sin un apoyo del Estado no habría un desarrollo del sector vitivinícola en la provincia.” Las palabras son de Manuela Parra, quien está al frente de Bodega Saldungaray, un proyecto familiar que inició su padre a principios de los años 2000. No coincide con la idea de Javier Milei sobre la absoluta libertad del mercado para dirimir la competitividad porque asegura que las políticas públicas marcan el camino para el crecimiento de una industria.

Hoy, junto a un grupo de veinte viñedos, Parra lleva adelante la conformación de una asociación civil que tiene como horizonte confluir en una Cámara que represente al sector vitivinícola en la provincia. “Sin la presencia del Estado hoy volveríamos a ser un grupo de productores aislados, como al principio, donde todo se encaró de manera individual y aventurera, pero si querés fomentar la industria, competir, ampliar tu viñedo y crecer, necesitas el Estado”, remarca.

La interacción entre lo público y lo privado es determinante para Parra, teniendo en cuenta la incipiente vida de los vinos bonaerenses. Por eso pone en valor la importancia de la organización entre ambas partes, la conformación de una normativa que contenga la actividad, que la temática integre la agenda de políticas públicas provinciales, lo que permite “abrir los ojos” y tener en cuenta que el vino no es sólo patrimonio de las provincias cuyanas.

“Si todo pasa por la libre competencia, creo que quedará trunca la posibilidad de desarrollar la actividad como industria provincial, porque su organización requiere del Estado, una mirada superadora de los particulares”, enfatiza la productora. Además, no deja pasar por alto otra idea del presidente electo sobre la apertura indiscriminada de importaciones: “Es una ecuación simple: si se abre el acceso a un vino de cien pesos y vos producís uno de mil o dos mil pesos, no vendes vino”.

A esta condición le agrega la fiscalización del Estado: “Si la importación no está regulada, ¿qué se importaría?”. Parra advierte que la producción vitivinícola está muy controlada a partir del Instituto Nacional de Vitivinicultura Nacional (INV) el cual recorre los viñedos para controlar y certificar que se produce lo que se declara por los productores, tanto en cantidad como en calidad. “No se si habrá presupuesto para el laboratorio móvil del INV para recorrer las bodegas”, indica.

Señala que, de abrirse las fronteras al ingreso de productos indiscriminadamente caería el precio a nivel nacional, lo cual también lleva a “desprestigiar” la industria dado que hay muchas dificultades para alcanzar un vino de buenas características y acarrea un costo y "esfuerzo" que no es menor. “Los controles del Instituto dan la tranquilidad de que no se puede hacer cualquier cosa, por lo que uno hace un buen producto, le pones toda la garra, y es un desánimo que el de enfrente produzca cualquier o que entre cualquier cosa desde el exterior”, explica Parra.

Su preocupación también está sujeta a otra herramienta que el Estado potencia en la provincia: el turismo. En este caso, el enoturismo. “El turismo requiere obra pública”, sostiene  ante la propuesta de Milei de ponerle un freno a la ejecución y financiamiento de obras por parte del Estado. “La mayoría estamos en el campo, nos abocamos al turismo rural, y eso implica mantener y crear caminos, señalética en las rutas que indique dónde estamos como lo hizo Vialidad”, cuenta.

“No hay posibilidad de desarrollar agroindustria a mediano y largo plazo sin pensar en este tipo de organización”, remata Parra.

Marca Vino Buenos Aires

En el año 1934, y por presión de las provincias cuyanas tras la Gran Depresión del 30', el entonces presidente Agustín P. Justo promulgó la ley que imposibilitó a la provincia de Buenos Aires y la de Entre Ríos de producir vino. Hubo que esperar más de seis décadas para la derogación de la norma y la posibilidad de revivir la industria vitivinícola bonaerense. Como mencionan muchos bodegueros locales, aquella política generó en la conciencia nacional la idea de que el vino sólo se produce en Mendoza y en zonas similares, y que incluso las condiciones de suelo únicamente propicias para hacerlo son en la altura de la montaña.

Así, a fines de los años ’90 tanto en zonas serranas, costeras y de estepa en la provincia de Buenos Aires, comenzaron a desarrollarse emprendimientos originariamente familiares que, en casos como los de Parra, hoy alcanzaron una producción de 50 mil litros anuales de vino. Junto a otras bodegas que oscilan entre los 5 mil y 10 mil litros anuales, lograron un hecho histórico para la industria y un primer gran paso en su regulación.

En enero de este año, y por iniciativa del senador provincial del Frente de Todos, Luis Vivona, se reglamentó la Ley 15.404 de Promoción e Incentivo a la Industria Vitivinícola de la provincia. El texto designa una autoridad de aplicación para fomentar la actividad en base a créditos, beneficios impositivos, campañas de difusión, generar su consumo en las actividades organizadas por el gobierno provincial y, como hecho relevante, crea la marca "Vino Buenos Aires". La norma, valga el detalle, fue votada por unanimidad en el Senado, con el acompañamiento de Juntos por el Cambio. 

Su objetivo no es competir con el vino mendocino o sanjuanino, donde las bodegas alcanzan una producción de millones de litros anuales. “Queremos fortalecernos, que se entienda que hay un camino recorrido, saber que aquí se produce trabajo también”, dice Parra. Incorpora de esta manera un eje que tiene una premisa en el universo de los bodegueros bonaerenses: dar trabajo local.

La mayoría de los viñedos se encuentran en pequeños pueblos, como el caso de Saldungaray en Tornquist, donde se asienta la bodega de Parra. “Tenemos un equipo fijo con trabajadores locales, y nos focalizamos en profesionalizar y tecnificar a más trabajadores teniendo en cuenta que es una actividad novedosa para la provincia”, advierte. Cuenta que la mayoría de los productores atraviesa el desafío de ir generando su mano de obra con los conocimientos propios de los que significa cuidar la vid.

Pero hay un constante avance y Parra celebra que el acompañamiento del Estado provincial esté vigente en la organización de festivales, vendimias, ferias, y encuentros para visibilizar sus productos. Explica que los bodegueros bonaerenses aún no exportan, e incluso suelen vender sus vinos de manera directa y únicamente a través de su expendio en el propio viñedo. “El costo de flete para un envase de vidrio y la demanda aún no posibilita que los productores bonaerenses coloquen sus productos en góndolas o comercios”, señala.

“Te dicen que tenes que ser competitivo y exportar, pero acá lo importante es fortalecer la producción, seguir creciendo, incentivar a que aparezcan más bodegas”, cuenta. Por eso repite a lo largo de la conversación que la decisión del Estado de poner en agenda la industria vitivinícola provincial cambia la ecuación. La posibilidad de acceder a financiamiento, o bien contar con el reconocimiento para ser asistidos tras una helada, son herramientas que aún no llegan a las bodegas bonaerenses y que son necesarias para solidificar su actividad.