La empresa que operaba la mina Cobre Panamá comunicó al Ministerio de Trabajo la suspensión de los contratos a cerca de 7.000 trabajadores, dos días después de que la Justicia declarara inconstitucional la concesión y el presidente Laurentino Cortizo prometiera un cierre "ordenado y seguro" del emprendimiento.

El anuncio de la suspensión agravó el conflicto que generó las mayores protestas en el país desde la caída del dictador Manuel Noriega en 1989, iniciadas hace 40 días y en cuyo transcurso se registraron más de 1.300 detenciones. Este jueves presentó la renuncia el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro.

La presión de la minera

De acuerdo con la compañía, la medida es temporal y afecta a todos los colaboradores directos e indirectos (contratistas proveedores) y a “cada una de las 40.000 familias panameñas que dependen de la actividad minera” en Panamá.

"Durante los últimos días hemos estado denunciando los actos criminales que se han estado desarrollando contra ustedes y la empresa en las áreas del puerto internacional de Punta Rincón y en las carreteras de acceso a la mina, los cuales resultaron en el agotamiento de algunos suministros esenciales y como consecuencia nuestra operación paso al estado de preservación y mantenimiento seguro desde el 23 de noviembre”, afirmó la compañía en un comunicado a sus trabajadores.

Además, destacó que esa suspensión no solo afectó sus operaciones productivas, sino también la capacidad para mantener actividades laborales normales en el sitio, según el diario La Estrella de Panamá.

La renuncia del ministro de Comercio e Industria

Paralelamente, Federico Alfaro anunció por televisión que había comunicado a Cortizo su renuncia "irrevocable", con el propósito de generar un espacio de diálogo "amplio" en la búsqueda de una solución al conflicto.

"Debo reafirmar que el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 podría acarrear graves consecuencias para el país, que pudieren ser la pérdida de empleos, inestabilidad económica, arbitrajes internacionales promovidos por los inversionistas", advirtió Alfaro.

La declaración de inconstitucionalidad

El martes la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad inconstitucional la ley que aprobaba el contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica, lo que desató una ola de protestas.

“Como presidenta de la CSJ comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el pleno, hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023" que refiere al contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), expresó María Eugenia López, al frente del máximo tribunal.

"Esto significa que la ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país", añadió la magistrada, al anunciar el fallo luego de cuatro días de deliberaciones entre los nueve miembros del máximo tribunal del país.

Horas después, el presidente Cortizo explicó que "tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional" el contrato minero, "se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina", situada en el Caribe panameño.

Las protestas antimineras

Más de 1.300 personas fueron detenidas por la Policía Nacional desde el inicio de las manifestaciones en contra de la Ley 406.

Las protestas, las mayores en Panamá desde la caída del dictador Manuel Noriega en 1989, y los bloqueos de rutas derivados de ellas provocaron pérdidas por más de 1.700 millones de dólares en el sector agropecuario, turismo y comercio, según sectores empresarios.

Los ambientalistas afirman que la mina daña severamente el ambiente por estar en un corredor biológico que conecta a Centroamérica y México. “Todos los panameños debemos respetar y acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que son finales, definitivas y obligatorias”, sentenció Cortizo.