Familiares en una misa pidiendo por la aparición del submarino ARA San Juan. Comedores escolares y celebraciones por el día de las infancias. Trabajadores y trabajadoras de un hospital nacional. La principal dirigente política del país. La hermana menor de Mauricio Macri. Gremialistas. Empresarios. Periodistas que se acreditaron para cubrir una cumbre mundial. Todos ellos tienen algo en común: fueron blancos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos. Los expedientes en los que sus casos se ventilaron tienen algo en común, también: están paralizados o prácticamente terminados. El martes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal le dio un golpe casi mortal a la investigación sobre la inteligencia ilegal sobre las familias del ARA San Juan al convalidar el sobreseimiento de Mauricio Macri. Lejos de ser una anomalía la resolución de la Casación, es un fallo que obedece a un patrón que dice que los espías rara vez deben pagar por sus delitos.

“Era esperable que las instancias superiores trataran de darle impunidad a Macri en el espionaje que se llevó a cabo sistemáticamente entre 2015 y 2019. Sin embargo, lo más grave es el contenido de estos fallos”, dice el diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).

Entre finales de 2017 y 2018, la delegación Mar del Plata de la exSIDE siguió y monitoreó a los parientes que buscaban respuestas sobre qué había pasado con el submarino San Juan de la Armada Argentina y sus 44 tripulantes. En algunos casos, los fotografió; en otros, hurgó en sus redes sociales y en un momento en particular les adelantó a las autoridades de la AFI qué iban a plantear determinados familiares en una reunión que mantendrían con Macri en la Casa Rosada.

Para Comodoro Py –la Cámara Federal porteña y la Cámara de Casación–, el accionar de la AFI estuvo justificado por el potencial riesgo que podrían significar madres, esposas y hermanas de los submarinistas. Guillermo Yacobucci, el camarista que lideró el acuerdo en el fallo de la semana pasada, llegó a habilitar el control de toda aquella manifestación que busque entrar en contacto con algún integrante del Poder Ejecutivo Nacional.

“El fallo más grave ha sido el del ARA San Juan –remarca Moreau– porque blanquea la Doctrina de Seguridad Nacional. De esta forma, se habilita a los organismos de inteligencia a actuar si algún funcionario estatal entiende que la seguridad interior está en riesgo".

Para Valeria Carreras, la causa por el espionaje a las familias del ARA San Juan conjuga dos elementos: por un lado, la ilegalidad de las tareas de inteligencia que desplegó la AFI sin orden judicial y su accionar absurdo e injustificado al hacer blanco en un grupo de familiares. “Puedo afirmar que así como hubo un plan sistemático de espionaje ilegal, ahora hay un plan sistemático de blindaje judicial con un mismo y único beneficiario”, se lamenta Carreras.

Una seguidilla de tropiezos judiciales

La mayoría de las causas están paralizadas. Hay una única excepción, que es la causa que orbita alrededor de Marcelo Sebastián D’Alessio. Éste –que fue el primer expediente que se inició de mano del juez federal Alejo Ramos Padilla en Dolores– mostró que hubo tareas ilegales de inteligencia, armado de causas y extorsiones llevadas a cabo por personas como D’Alessio que no eran agentes orgánicos de la AFI pero que tenían terminales en distintos espacios de poder, como el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio de Seguridad. Si bien D’Alessio está detenido y actualmente está siendo juzgado, su principal compinche, el fiscal federal Carlos Stornelli, terminó siendo rescatado por Comodoro Py.

El resto de los expedientes no llegaron a la instancia del juicio oral --y muy probablemente nunca llegarán:

  • Proyecto AMBA: puso en evidencia cómo la AFI, a través de nueve delegaciones en provincia de Buenos Aires, se dedicó a buscar controlar el conflicto social. En esta causa, Ramos Padilla hasta encontró a un agente de la AFI que se cayó del techo mientras instalaba cámaras y micrófonos para registrar una reunión de un movimiento social. Este expediente pasó a Comodoro Py junto con el de D’Alessio y el del ARA San Juan. En este caso, la Cámara Federal porteña –con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi– revocó todos los procesamientos porque entendió que no estaban lo suficientemente justificados.

  • Instituto Patria: en 2018, detectaron un auto de la AFI que estaba montando guardia afuera de las oficinas en las que trabajaba Cristina Fernández de Kirchner. Este caso tramitó en Lomas de Zamora. De allí salió con cuatro procesamientos firmes, incluido el del exdirector general de la AFI Gustavo Arribas. Pasó a Comodoro Py. El fiscal Franco Picardi pidió su elevación a juicio en noviembre del año pasado, pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió postergar la decisión. En este caso, Picardi imputó a Macri por haber liderado un plan sistemático de espionaje.

  • Súper Mario Bros: Un grupo de policías de la Ciudad pasaron en comisión a la AFI para dedicarse al espionaje político. Entre sus blancos estuvieron CFK, Florencia Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Nicolás Massot. En connivencia con los jerarcas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), los Súper Mario Bros espiaron también a los presos kirchneristas. Esta causa sufrió dos golpes. En diciembre de 2021, la Cámara Federal –con votos de Llorens y Bertuzzi– sostuvo que no hubo un plan de espionaje masivo, sino acciones de espías cuentapropistas. En agosto pasado, el juez Martínez de Giorgi sobreseyó a todos los directivos del SPF porque entendió que ese tramo de la investigación era nulo. Ahora, los Súper Mario Bros reclaman que con ellos hagan lo mismo. “Nosotros estamos a la espera de las nulidades que planteamos”, explica Fernando Sicilia, abogado de los exagentes Leandro Araque y Facundo Melo. La decisión final la tiene la Cámara Federal nuevamente. En Comodoro Py, prevén que la resolución podría salir esta semana o la próxima.

  • Gestapo: en diciembre de 2021, la entonces interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció que había hallado un video en el que se veía cómo jerarcas de la exSIDE, funcionarios bonaerenses de Cambiemos y empresarios concertaban cómo meter preso al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. En la filmación se escuchaba a Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, decir que quería una “Gestapo” para avanzar contra los sindicatos. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó a espías y funcionarios. Sin embargo, la causa pasó a Comodoro Py. Allí nuevamente Llorens y Bertuzzi revocaron la decisión: dijeron que no estaba lo suficientemente fundamentada.

“Los jueces se postran ante el poder real, y Macri es el poder real”, afirma Caamaño, que denunció tanto el caso de la “Gestapo” como los del Instituto Patria y el ARA San Juan. “En el caso del submarino, el espionaje está probado. Hay que tener en claro que los familiares de los submarinistas no son terroristas ni planeaban atentar contra el Presidente; por lo tanto la seguridad no estaba en juego. Es una falacia de los jueces decir que espiaban por seguridad porque no había ninguna inseguridad. Espiaban porque el gobierno macrista realizó espionaje ilegal durante toda su gestión”.

La diputada del FIT Myriam Bregman se presentó en varios expedientes como víctima o patrocinante de víctimas de la vigilancia ilegal. Para ella, hay un patrón. “En las causas de espionaje, romper con la impunidad es prácticamente imposible. Desde Proyecto X hasta acá, he actuado en numerosas causas y en todas veo lo mismo: eternos períodos de prueba, fragmentación de los procesos y otras maniobras. Solo en algunos casos, gracias a un enorme esfuerzo militante, los organismos hemos podido conseguir condenas, como en el juicio por el espionaje en la sede de la Armada –en el que actuó el CELS– o en el del agente de la Policía Federal Américo Balbuena –en el que actuamos desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)”.

Para Moreau, la falta de sanción judicial de los responsables del espionaje es una carta blanca para que los servicios hagan lo que quieran y opera contra otras instituciones –como la CBI– que investigaron y denunciaron. "Fallos como el que firmó Casación en la causa del ARA San Juan adelantan el contenido de los proyectos que van a venir al Congreso y que Victoria Villarruel anunció durante la campaña”.