En misas, en la calle y cuando lloraban en la calle por no saber qué había pasado con sus familiares. En esos momentos, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espió a los parientes de los submarinistas del ARA San Juan, el buque de la Armada Argentina que se hundió en noviembre de 2017. Las tareas de inteligencia duraron casi un año y, en oportunidades, los partes de los espías identificaban quién y qué le reclamaban al gobierno de Cambiemos. Para la justicia, ni Mauricio Macri ni los jerarcas de la exSIDE deben responder por estos hechos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó –con los votos de Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci– todos los sobreseimientos que había dictado el año pasado la Cámara Federal porteña. La jueza Ángela Ledesma quedó en minoría y alertó que le estaban dando vía libre a los servicios de inteligencia.
El 1 de diciembre de 2021, el juez federal Martín Bava procesó a Macri. Lo acusaba de haber habilitado el espionaje ilegal durante su gobierno y de haber usado a la AFI –que dirigía su amigo Gustavo Arribas– para tener información que le permitiera anticiparse a los reclamos que harían públicamente los familiares de los tripulantes del submarino. Entre 2017 y 2018, la atención del mundo había estado centrada en esa embarcación con la que se había perdido contacto.
A los pocos días del fallo, la Cámara de Casación le sacó a Bava todas las causas de espionaje que tramitaban en el juzgado federal de Dolores –la del ARA San Juan, la del llamado “Proyecto AMBA” y la que orbitaba alrededor de Marcelo Sebastián D’Alessio. En julio del año pasado, la Sala I de la Cámara Federal porteña –integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– revocó el procesamiento de Macri y del resto de los exfuncionarios de la AFI. Los camaristas reconocieron que la exSIDE había hecho actividades de inteligencia sobre las familias de los marinos, pero afirmaron que éstas se encontraban justificadas porque podía estar en riesgo la seguridad del Presidente o la seguridad nacional.
Contra ese fallo, se pronunciaron las querellas y la fiscalía. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó como Amicus Curiae (amigo del tribunal) y advirtió que el Poder Judicial le estaba habilitando a los servicios para que espiaran a cualquiera que osara reclamar respuestas ante las autoridades.
Macri se preocupó por correr al juez Alejandro Slokar. Después, la Sala II de la Cámara de Casación quedó conformada por Yacobucci, Ledesma y Borinsky. La querella de Valeria Carreras advirtió, sin éxito, que Borinsky tenía relación con el expresidente porque lo visitaba en Olivos para jugar al tenis.
Después de largos meses de indefinición, la Casación terminó confirmando el sobreseimiento de Macri, Arribas y compañía este martes. El fallo le cayó como anillo al dedo al expresidente, que está en un momento de alza mientras negocia con Javier Milei cómo pueden influir los halcones del PRO en el ecosistema del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió sobre la oportunidad del fallo. “Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del ‘dinero K’ y, como parece que no gana, consiguió que el Poder Judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su realización”, escribió en X (exTwitter). “Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara”, completó.
Los fundamentos
Yacobucci argumentó que no está en duda la potestad gubernamental de asegurar la integridad de la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo. Para cumplir con tal función, es posible que surja la “necesidad de limitar derechos”, pero que esto tiene que hacerse desde una perspectiva de proporcionalidad, necesidad y eficacia.
¿Qué es lo que se debe controlar según Yacobucci? Prácticamente todo lo que pueda implicar algún grado de acercamiento a un mandatario. Desde las manifestaciones de apoyo, adhesión, algarabía, festejo, crítica, repudio, reclamos justificados y protestas sociales que puedan entrañar algún riesgo hacia los integrantes del Poder Ejecutivo. De hecho, el juez remarcó que el atentado que sufrió el año pasado CFK demuestra lo necesario del control. El argumento fue una reversión de lo que había planteado el abogado de Macri, Pablo Lanusse, cuando dijo que si la AFI se hubiera regido como en el macrismo, CFK no habría sido blanco de un ataque.
Según Yacobucci, es el Poder Judicial el que tiene que controlar que los organismos estatales no hagan una afectación de derechos desproporcionada. Y, de acuerdo con su visión, la AFI macrista no se extralimitó cuando siguió a los familiares de los tripulantes porque la información que obtuvo de ellos provino de espacios públicos o redes sociales. “De ningún modo se podrían erigir como interferencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de los sujetos involucrados”, escribió.
Borinsky, por su parte, adhirió al voto de Yacobucci y agregó que el fallo de Llorens, Bertuzzi y Bruglia era un acto jurisdiccional válido.
Los peligros
Ledesma quedó en las antípodas de sus colegas, como le suele suceder a la jueza en todas las causas sobre el espionaje. Ella sostuvo que no se podía convalidar la decisión de la Cámara Federal porque podría “habilitar una implicación adecuada de las funciones de inteligencia por fuera del marco legal, constitucional y contravencional”. En otras palabras, porque sería una carta blanca para los servicios.
La camarista planteó que la seguridad del Presidente es una atribución de la Casa Militar, no de la AFI. “En modo alguno se encuentra habilitada para intervenir en supuestos en los cuales solo se encuentre en juego la afectación de las actividades cotidianas del presidente a través de protestas, reclamos u otras formas legítimas de expresión de la ciudadanía”.
Además, Ledesma advirtió que si la AFI estaba produciendo inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan, tendría que haber sido con el supuesto de que estaban por atentar contra el orden constitucional.
Por último, la jueza le dio la razón a la querella que señaló que el espionaje fue una forma de revictimizar a los parientes de los submarinistas. “No solo se vieron en la situación de reclamar para saber qué había sucedido sino que luego fueron perseguidos, espiados y tratados como ‘peligrosos’”, subrayó.
Las reacciones
“La querella mayoritaria celebra el fallo de Comodoro Py”, dice la abogada querellante Valeria Carreras. “Lo celebra porque ratifica que las mujeres que represento fueron seguidas, fotografiadas y se catalogó su información personal. Además, porque de tres miembros de Casación, hubo un voto que escuchó y aplicó la ley– aunque no alcanzó– y dejó expuesta la revictimización de mis representadas. Que nadie tenga dudas: fue espionaje pero legitimado por la justicia argentina, lo que lo torna más grave”.
