El Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a los cinco acusados en el quinto tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad que sucedieron durante la última dictadura cívico eclesiástica militar en el circuito represivo ABO (Club Atlético, Banco y Olimpo). El policía federal retirado Carlos Infantino recibió una condena a 25 años de prisión, al igual que los gendarmes retirados Hugo Medina, Miguel Lugo y Sergio Nazario. Miguel Pepe, otro exintegrante de la fuerza, fue absuelto. Los condenados fueron hallados responsables de secuestros, torturas, homicidios, violaciones y abusos sexuales en contra de 384 personas. Esta fue la primera vez que los represores fueron enjuiciados desde que sucedieron los hechos, hace casi cincuenta años. El policía federal retirado José Ahmed debía integrar la nómina de acusados, pero falleció semanas antes de comenzar el debate, en junio de 2022.
El veredicto confirmó que cuatro de los cinco acusados fueron hallados responsables de secuestros, torturas, abusos sexuales y violaciones, pero dejó afuera de los cargos de homicidio por los que habían llegado acusados. Se trata de hechos que tienen que ver con el traslado de secuestrades en vuelos de la muerte que, según testimonios, partían desde el aeropuerto de El Palomar. De allí puede explicarse que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Nicolás Toselli hayan aplicado penas de 25 años y no prisión perpetua, como solicitaron la Fiscalía y las querellas.
“Es un veredicto que tiene como cosa buena las condenas, como cosa mala esta contradicción con otras sentencias en la causa ABO, que confirmaron los homicidios, y sobre todo la absolución de Pepe”, balanceó el abogado querellante Pablo Llonto. Desde ya adelantó que apelarán la decisión una vez que se conozcan los fundamentos, que será el 8 de marzo próximo. “El sabor es agridulce”, coincidió Dafne Casoy, hija de Claudio Casoy y Eva Ullman, secuestrades en el Club Atlético, casos por los que fue condenado Infantino.
Un juicio virtual
Los jueces leyeron el veredicto desde la comodidad de sus despachos, tal como desarrollaron la totalidad del debate, desde sus comienzos. Sobrevivientes y familiares, en compañía de sus abogados querellantes, lo oyeron desde un acto que llevaron a cabo en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, donde se concentraron pese a la lluvia que marcó la jornada desde media mañana.
“A pesar de la lluvia hubo bastante gente acompañando. Ahora que vuelven los discursos negacionistas de la dictadura, se sintió fuerte la necesidad de ir, estar ahí. No hubo ’excesos’ ni fueron ‘errores’. Fue una dictadura genocida y todavía hoy es increíble que tengamos que seguir reclamando que sus responsables tengan cárcel común y efectiva”, apuntó en ese sentido Casoy. Los medios La Retaguardia y Radio Presente –que funciona en el Olimpo– transmitieron el veredicto, el acto en la puerta de los tribunales y el juicio completo.
A contramano de lo solicitado por las partes acusadoras, el TOF rechazó el pedido de llevar a cabo este paso final en el proceso oral y público de manera presencial. La Fiscalía había solicitado a los jueces la presencialidad para este paso el 29 de noviembre pasado, un pedido que fue rechazado. Según el Código Procesal Penal “la lectura de la sentencia o de la parte dispositiva deberá realizarse por parte del presidente del tribunal en la sala de audiencias bajo pena de nulidad ante las partes que comparezcan”, apuntaron el fiscal Alejandro Alagia y la auxiliar Berenice Timpanaro.
El rol de la Gendarmería
La particularidad de este tramo que llevó por quinta vez a la instancia oral y pública la causa que investiga los crímenes que tuvieron a los campos de concentración Club Atlético, Banco y Olimpo –que funcionaron en ese orden– como escenarios del horror del genocidio dictatorial tiene que ver, sobre todo, con quienes fueron enjuiciados y condenados: los gendarmes. “El debate puso el eje en el personal de Gendarmería y su trascendencia en la represión ilegal de la dictadura: Gendarmería a través de sus jerarquías seleccionaron grupos de agentes para la operatividad de los crímenes”, explicó el abogado querellante Pablo llonto, que representó a un grupo de víctimas que pasaron por el Olimpo.
En el develado de esa estructura, de su rol dentro de ese centro clandestino que funcionó en un galpón de la Policía Federal en Floresta, mucho tuvieron que ver los testimonios de los gendarmes retirados Federico Talavera y Omar Torres. En el marco del debate que culminó hoy, Torres reveló, además, cómo fue asesinada Lucila Révora, la mamá del ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro y la presencia de él en el centro clandestino durante un breve lapso de tiempo.
El condenado Medina, que fue jefe de la plana mayor del Destacamento número 1 de Gendarmería, fue el encargado de seleccionar personal para conformar la guardia interna de El Olimpo. “Seleccionó, designó, facilitó y supervisó recursos humanos de Gendarmería Nacional para llevar a cabo la ejecución de los hechos ocurridos en el Olimpo”, alegó la Fiscalía, que solicitó para él y el resto de los gendarmes retirados la pena de prisión perpetua. Según el Ministerio Público, él “tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando en el circuito represivo Atlético y Banco y de lo que iba a ocurrir y de lo que efectivamente ocurrió en el Olimpo".
Pepe, Nazario y Lugo fueron de los gendarmes seleccionados por Medina. Uno de los sobrevivientes reconoció a Pepe como uno de los torturadores en Olimpo que “habían estado previamente en otros centros clandestinos y que formaba parte del [Batallón] '601 de Inteligencia'”, postuló el alegato fiscal. Para el TOF, no obstante, no hubo pruebas suficientes para condenarlo, con lo que resultó absuelto. A Nazario también lo reconocieron sobrevivientes. Lugo reconoció en su indagatoria el haber participado en al menos cinco guardias en el centro clandestino de Floresta.
A pesar de que todos se declararon inocentes al momento de decir sus últimas palabras, previas al veredicto, su participación fue considerada probada por el Tribunal. Nazario, además de declararse inocente, acusó a los testigos de "audaces" por inventar relatos con los que han "hechizado" a un "gran número de ajusticiadores". Denostó los juicios de lesa humanidad, desde ya.
En cuanto a la intervención de Infantino, la fiscalía repasó los distintos testimonios que dieron cuenta de su intervención en Atlético y luego en el Banco "en el marco de sus tareas antisubversivas en Superintendencia de Seguridad Federal”. Era subcomisario. El otro policía que estaba acusado en este juicio, Jorge Ahmed, se desempeñaba en la Dirección General de Inteligencia y en el Departamento de Situación Subversiva de la fuerza y tenía autoridad sobre los tres centros clandestinos del circuito ABO. Murió impune, sin ser juzgado. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó que en el debate se incluyan los hechos que se le imputaban en base al derecho a la verdad de las víctimas, pero el tribunal lo rechazó.
El juicio
Fueron 29 audiencias distribuidas a lo largo de un año y medio de proceso oral y público en las que declararon unos 40 testigos, mayormente relacionados con casos que llegaron a juicio por primera vez, como el de Victoria Vallejo, una adolescente de 16 años que cuidaba a los hijos de Infantino; o el de Iris García, “Lobita”, secuestrada embarazada. Ambas fueron mantenidas cautivas y torturadas en el centro clandestino “Club Atlético”. Iris fue llevada a parir a la ESMA, donde en julio de 1977, nació su bebé, José Bustamante García. José, que en en abril de 2017 restituyó su identidad gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión nacional por el Derecho a la Identidad, también declaró en el debate que culminó hoy. Su apropiación fue juzgada en el juicio por el Plan sistemático de apropiación de bebés.
También hubo testigos de contexto, como el documentalista Gustavo Marangoni, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense y Laura Duguine, arqueóloga y coordinadora las tareas de excavación de lo que fue el centro clandestino “Club Atlético”. Los testimonios que sirvieron para estructurar los casos que ya fueron juzgados en tramos anteriores del juicio, cuando fueron condenados otros responsables, fueron incorporados por lectura.
La particularidad de este tramo del juzgados fueron incorporados por lectura al debate, debido que se trata de relatos ya vestidos en tramos previos.
Al cierre de las testimoniales, la Fiscalía presentó un pedido de ampliación de acusaciones en el marco del debate por crímenes de lesa humanidad que sufrieron unas 200 víctimas que quedaron afuera del debate. Delitos de violencia sexual y privaciones ilegales de la libertad de unos 20 niños y niñas que fueron mantenidos encerrados en Olimpo al igual que sus madres y padres figuran entre los casos solicitados a incorproación. El tribunal, no obstante, rechazó el pedido. Los casos serán presentados, entonces, ante el Juzgado federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, que es quien lleva la causa.
