La investigación penal contra el ex fiscal Fernando Rodrigo, que renunció luego de ser denunciado por ordenar escuchas ilegales a su ex novia y allegados a ella, arrojó que realizaba intervenciones telefónicas irregulares desde febrero de 2016. Se trata de al menos 11 teléfonos pinchados pertenecientes al entorno de su expareja, empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que fueron intervenidos de manera intermitente, durante ese tiempo, pero ninguno era escuchado durante más de tres meses. Según se indicó, esta semana la Fiscalía Regional evaluará si envía la causa a la Justicia Federal. Es que el organismo que regula las escuchas está bajo jurisdicción nacional, con sede en la Ciudad Autónima de Buenos Aires. Al mismo tiempo, este diario pudo saber que Rodrigo se encuentra con atención psiquiátrica permanente, por lo que todavía no pudo ser imputado en la causa que sigue a cargo de la fiscal de Cañada de Gómez, Natalia Benvenuto. Se investiga si hay más profesionales entre las víctimas.

Rodrigo dejó de cumplir funciones como fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, hace poco más de dos meses, cuando a principios de agosto pasado un empleado de la Fiscalía Regional denunció que, en un listado de teléfonos intervenidos en causas del fiscal, reconoció el número de su compañera de trabajo, ex pareja del ex funcionario judicial. En aquel momento, Rodrigo tomó licencia y a los pocos días la Auditoría General de Gestión del MPA solicitó que sea suspendido preventivamente por el fiscal General Jorge Baclini, mientras se avanzaba la investigación administrativa (paralela a la penal). Aquella fue la primera medida que dio cuenta de que los elementos contra el fiscal eran verosímiles y que requerían de una investigación que podía derivar en un pedido de juicio disciplinario y hasta en una imputación por los delitos cometidos: escuchas ilegales, abuso e incumplimiento de funciones.

 

La investigación administrativa se archivó cuando Rodrigo presentó su renuncia, el mismo día que fue suspendido.

 

Sin embargo, el mismo día que Baclini resolvió el pedido de la auditora María Cecilia Vranicich, Rodrigo presentó su renuncia, que fue aceptada tanto en la esfera judicial como por el gobernador Miguel Lifschitz. Así, se archivó la investigación administrativa.

En tanto, la causa penal, a cargo de la fiscal Benvenuto, avanzó desde la denuncia que indicaba que en al menos cuatro investigaciones distintas, el fiscal Rodrigo tenía pedido que se escuchen y graben las conversaciones telefónicas del aparato personal de Jessica G., dos amigas suyas que son abogadas, y hasta a su padre. Al parecer, las víctimas son varias y en todos los casos el objetivo era el mismo: controlar movimientos y relaciones de su ex novia, tras haber finalizado la relación que en los pasillos de la Fiscalía se conocía como "tóxica".

Por aquellos días, Benvenuto ordenó allanamientos en los lugares que frecuentaba el ex fiscal y secuestró aparatos de telefonía, tablets y computadoras personales de su oficina, de su casa y la de su madre. Justamente, un dato más que reprochable es que el accionar atribuido al fiscal en la denuncia se contrapone con el rol que tuvo en el MPA al inicio de la gestión, entre 2014 y 2015, cuando estuvo a cargo de la Oficina de Violencia de Género, donde recibió críticas por parte de las organizaciones de mujeres, ante la falta de respuestas a las víctimas.

Desde el comienzo del caso, la Fiscalía Regional y General hablaron de un hecho de "gravedad institucional". El propio Baclini salió días más tarde a decir que no querían que lo que pasó volviera a ocurrir.

 

Objetivo: controlar movimientos y relaciones de su ex novia, luego de una relación considerada como "tóxica".

 

En tanto, más de dos meses después del inicio de la pesquisa, fuentes del MPA mencionaron algunos avances que permitirían llegar a una imputación formal contra el exfiscal: "Las líneas telefónicas intervenidas confirmadas, desde febrero de 2016 hasta el momento, son 11", expresaron a este diario. Se trata de líneas que fueron intervenidas de manera irregular y todas pertenecen a personas vinculadas al entorno de la ex pareja de Rodrigo: familiares amigos y algunas víctimas del círculo no tan cercano, pero con relación con la ex pareja.

Además, "todas las víctimas fueron puestas en aviso de la situación y se siguen rastreando posibles casos anteriores a febrero de 2016". Es que algunos profesionales del derecho, ajenos a la causa, manifestaron mediante escritos su preocupación ante la posibilidad de haber sido "potenciales víctimas de la misma maniobra", lo que motivó una investigación en tal sentido, en la que aún "se está procesando información".

En tanto, se indicó que esta semana se decidirá si la Fiscalía Regional envía el expediente a la Justicia Federal, dado que el organismo que regula las escuchas es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), que está bajo jurisdicción nacional, con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

Sobre la salud del ex fiscal, se indicó que existen constancias médicas "sometidas a investigación por pedido algunas víctimas". Además, en la causa se está procesando "gran cantidad de material recolectado" y continúan con medidas en curso.