“Él podía verme por las cámaras de mi celular. Podía ver mi ubicación, dónde estaba y con quién estaba. Tenía todas mis aplicaciones abiertas en su computadora”, cuenta A.C., una de las seisjóvenes víctimas del técnico en computación de la localidad tucumana de Famaillá, que fue condenado por violación de la intimidad y daños, luego de que se demostrara judicialmente que las espiaba a ella y otra jóvenes, entre ellas a su novia de entonces-- a través de troyanos, programas aparentemente inofensivos pero que en realidad son virus que al ejecutarlos le brindaban acceso remoto a todos sus dispositivos. “También tenía fotos íntimas mías y de la persona con la que yo estaba en ese momento”, agregó la A.C, en diálogo con Página 12.

El caso parece una película de terror y muestra con claridad cómo la violencia digital de género aunque es virtual causa un daño real. En el país todavía no se incluyeron al Código Penal las distintas formas en las que se manifiesta. Este año el Congreso aprobó la llamada Ley Olimpia, que incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485 como otra forma de violencia machista. Y prevé una serie de medidas cautelares de protección que puede dictar la justicia, entre ellas, ordenar a las plataformas digitales la eliminación de los contenidos que generan la violencia y además establece la creación de un programa de alfabetización digital y buenas prácticas en el uso de las TICs para las mujeres. Pero no establece sanciones penales. Hay otro proyecto en la Cámara baja --conocido como Ley Belén-- que tipifica varios delitos de violencia digital como la difusión no consentida de imágenes íntimas. Pero aún no fue tratado. Un dato: los entonces diputados libertarios Javier Milei y Victoria Villarruel --ahora Presidente y Vicepresidenta de la Nación-- votaron en contra de la Ley Olimpia porque niegan que exista la violencia por razones de género.

Vivir con miedo

El técnico en informática condenado se llama Sergio Ricardo “Richy” Robles y tiene 37 años. Arreglaba computadoras, entre otros aparatos eléctricos. Después de ser denunciado por las seis amigas --entre ellas su novia-- en octubre de 2021, se mudó de Famaillá a una localidad vecina. A.C. era compañera de trabajo suya en el Centro de Monitoreo de las cámaras de seguridad del municipio.

La joven tiene ahora 25 años y cuenta que un mes después de que la novia de Robles descubriera que las espiaba y presentaran la denuncia, ella decidió mudarse bien lejos de Tucumán, a una ciudad costera, en la provincia de Buenos Aires, a 1500 kilómetros de distancia de Famaillá, porque quedó muy afectada por aquellos hechos, a tal punto que estuvo con medicación psiquiátrica, con ataques de pánico. “Vivo con miedo”, cuenta.

“Me sentí mal, nunca en mi vida me sentí tan invadida. Imagínate que te das cuenta de que te están siguiendo 24/7 todoslos días. Me vía desnuda y con ropa. Sabía dónde estaba y qué hacía, absolutamente todo el tiempo”, describe la joven.

A.C. se fue de Famaillá porque tenía miedo de que Robles la siguiera. “No podía estar sola y a la vez tampoco podía estar con gente. Sentía que cualquiera me podía hacer algo. Fue muy difícil. Además, todos te señalan con un dedo, piensan que nosotras le mandamos fotos y videos a él, cuando jamás fue así: el actuó como amigo y compañero, y siempre fue bueno. Hasta que vimos sus otras caras”, dice a este diario.

Robles no les cobraba a las mujeres que le llevaban sus dispositivos para arreglar. Eso lo hizo famoso en Famaillá y generó que tuviera mucho trabajo. Cuando se ganaba la confianza de sus clientas y se daba cuenta de que ellas sabían poco de informática les decía que les iba a instalar programas que ayudaran a que sus computadoras o sus celulares fueran más veloces y aprovechaba esa situación para colocarles troyanos que le daban acceso total y así podía prender la cámara del teléfono o computadora y además ver cómo utilizaban sus dispositivos.

El daño de la violencia digital

“Yo tengo el apoyo de mi familia desde un inicio, pero no me siento segura. Estuve tomando Clonazepam hasta hace poco tiempo porque me dan ataques de pánico en la calle, no puedo sociabilizar con nadie, tengo miedo de que me vuelvan a hacer lo mismo”, detalla la joven sobre el impacto de la violencia digital en su vida.

Cuenta que ella sabía que Robles podía acceder a dispositivos ajenos porque en el ámbito laboral se jactaba de sus habilidades para hacerlo. “Yo vi cómo manejaba con su celular la computadora del trabajo”, dice. Lo que no imaginó es que lo haría para espiarla a ella, a su novia y a otras amigas.

“Muchas veces mi celular se prendía solo o la cámara se encendía sola y yo no sabía por qué. Pensaba que el celular tenía un virus pero nunca me imaginé que él me había puesto uno”, agrega.

En el juicio abreviado, Robles les pidió disculpas. “Jamás vamos a perdonar tanto. Se metió en mi hogar, en mi vida sin mi autorización. Fue como estar en una película, una de la que nunca pensé que sería protagonista”, dice.

En la pericia psicológica que le hicieron a A.C. durante la instrucción de la causa se lee: “Al momento de la evaluación se encuentra emocionalmente inestable, con un predominio de estado anímico angustioso en torno a los hechos que se investigan, presenta una percepción del medio como hostil, lo cual conlleva tensión e inseguridad en el encuentro con los otros, así como sentimientos de desconfianza y pudor ante la posible divulgación de imágenes, lo cual vivencia con intenso malestar subjetivo. Por lo antes dicho se sugiere muy respetuosamente tratamiento psicológico”.

La joven cuenta :“Me está costando un montón sociabilizar. Estuve en pareja y nos dejamos porque era muy dependiente de él. No quería salir sin él. Por miedo. Solo confiaba y podía estar con más gente si estaba él, hasta con la distancia de la que estoy de Tucumán, no pude”.

La condena

El lunes el juez Mario Velázquez del Colegio de Jueces de Monteros lo condenó en un juicio abreviado a una pena de 3 años de cumplimiento condicional por violación de la intimidad y daños (art 153 y 89 del Código Penal) en un contexto de violencia de género. El magistrado le dictó además la prohibición de acercamiento por 3 años a una distancia inferior a 300 mts a las víctimas y sus domicilios. Y ordenó que realice un curso sobre masculinidades y género en el Observatorio de la Mujer de la provincia, haga un tratamiento psicológico (de manera pública o privada) con reporte mensual en el Poder Judicial por el tiempo que el profesional considere necesario, repare económicamente a cada una de las víctimas por los delitos cometidos y se le impida que preste servicios en ningún área informática del Estado, entre otras medidas incluidas en la pena.

A.C. y las otras cinco jóvenes --la mayoría estudiantes universitarias-- que hicieron la denuncia contra Robles se constituyeron en querellantes con el acompañamiento jurídico de la Fundación Mujeres x Mujeres, de Tucumán, que encabeza la abogada Soledad Deza. En el caso intervino la Fiscalía Especializada en Violencia de Género pero su falta de experiencia en hechos similares puso el expediente al borde del archivo.

El caso salió a la luz cuando la novia de Robles empezó a sospechar que espiaba chicas a través de su computadora y descubrió que tenía una carpeta con decenas de videos grabados de sus amigas sin que ellas lo hubieran autorizado o se los hubieran dado.

A pedido de las víctimas, el juez Velázquez también exhortó al Ministerio Público Fiscal articular con el Poder Ejecutivo capacitaciones en género a las comisarías de la localidad de Famaillá, dado que en un principio no habían querido tomarles la denuncia si no mostraban los videos íntimos que el técnico les había grabado o robado. Si Robles incumple en alguna de las órdenes que le impuso el juez, la pena pasa a ser de cumplimiento efectivo.