Esta semana leí algo que me tiene muy preocupada: si bien la noticia no me sorprendió, me produce una profunda tristeza que se contemple siquiera. Hablo del posible cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Para mí, es un organismo de vital importancia para nuestra sociedad. Si esta decisión se concreta, va a ser un gran retroceso. Seguramente muchos la piensen justa porque creen que es una institución que alberga «ñoquis», pero yo sé que no es así: en el INADI hay personas trabajadoras, que vivieron estas violencias y acompañan con las herramientas que tienen. Si bien los recursos del organismo no son suficientes para combatir los diferentes hechos discriminatorios que sufren a diario cientos de personas, es un lugar esencial en la lucha para lograr vivir en una sociedad más igualitaria.
La discriminación no es cosa del pasado ni asunto resuelto como para descartar políticas que intentan prevenir o amparar a quienes son víctimas: sin ir muy lejos, en la última Marcha del Orgullo, los reclamos fueron varios, ya que la violencia hacia las disidencias ha crecido exponencialmente y con ella, los discursos de odio. La consigna principal en más de cien marchas del orgullo en todo el país fue la demanda de la ley antidiscriminación y de la ley integral trans.
La ley vigente de discriminación es de 1988 y protege a muy pocos grupos vulnerados (y por supuesto, en estos no están incluidas las diversidades sexuales). Dentro de los pretextos discriminatorios que enuncia no está la orientación sexual e identidad de género en su expresión: eso ha significado que, durante muchos años, cuando alguien se ha querido defender con esa ley, hubo jueces que han dicho que el marco no protege a las personas de la diversidad. Es una ley poco eficaz para luchar contra la discriminación, ya que no tiene medidas de prevención y solo establece sanciones penales para casos muy graves establecidos en el código penal. Tampoco brinda herramientas para la justicia. Y así, establece sanciones menores en los casos de discriminación que son los más habituales.
El nuevo proyecto de ley antidiscriminación propuesto por diversos organismos de Derechos Humanos, además de incluir a varios de los grupos vulnerados, como las diversidades y a las personas con discapacidad, establece mecanismos y sanciones diversas; entre ellas, cursos de DDHH, acciones concretas con el grupo discriminado y multas económicas. Además, establece procesos administrativos más rápidos, sencillos, gratuitos y, lo fundamental: mecanismos preventivos contra la discriminación en varios ámbitos, como educación, salud y laboral.
La ley actual establece algunos tipos penales para los casos más graves y para los demás casos, un procedimiento civil-judicial por daños y perjuicios cuya única solución posible es una reparación económica. Y como es patrimonial, para iniciarlo hay que pagar una tasa judicial que es muy cara y obviamente hay que contratar abogados. Por ser la discriminación un acto difícil de probar, lo que termina pasando es que el riesgo de perder el juicio es tan alto y caro, que la gente prefiere no hacer el reclamo.
Otra de las cosas que establece el proyecto es que se presume el daño moral. Este es un punto que se debe probar con la ley actual que no admite como evidencia contundente y suficiente, el propio testimonio de sufrimiento y padecimiento de la víctima. Recuerdo que en una ocasión en que yo denuncié, la justicia me hizo presentar pruebas, me pidieron un informe de mi psicólogo para determinar si había experimentado una depresión por lo que yo declaraba. Cosas que a veces no suceden, pero que no implican que la situación discriminatoria no haya existido. Por eso es fundamental la reforma de la ley: porque cuando hay discriminación se debe presumir que hubo un daño moral. También se puede probar lo contrario, pero se debe partir de la base de que si existió discriminación, la persona sufrió un golpe en su integridad.
En Argentina, la verdadera igualdad social aún no existe, a pesar de que en los últimos años hayamos conquistado varios derechos básicos, leyes que son y fueron ejemplos para toda Latinoamérica. Pero existe una minoría que sigue siendo violentada. Con el panorama político actual, dudo que la reforma de la ley antidiscriminación se concrete.
INADI es una entidad que trabaja brindando asesoramiento gratuito, acompañando a víctimas y ofreciendo herramientas, además de generar proyectos desde su experiencia para erradicar todo tipo de violencia y discriminación. Solo tengo palabras de agradecimiento para el INADI por el cariño y la contención que las leyes no me dieron. Queda en nosotrxs, como sociedad, continuar esta tarea de cambiar y denunciar lo que está mal. Se podrán cerrar instituciones, edificios, ministerios y programas, pero quienes los sostenían con convicciones van a seguir ayudando, existiendo y peleando por lo que creen. Con o sin reconocimiento estatal, el compromiso es de todos: no permitamos que avancen la discriminación, xenofobia y racismo.
Florencia De La V
