Los ministros de Infraestructura, Sergio Camacho; de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Salud Pública, Federico Mangione, y de Desarrollo Social, Mario Mimessi participaron ayer de una plenaria en el Senado de Salta para explicar los principales detalles del paquete de proyectos enviados a la Legislatura provincial, además de las medidas de recorte del gasto público adoptadas por el gobierno para que la provincia.

El Ejecutivo envió al Senado los proyectos de prórroga de la Ley de Presupuesto 2023; de la Ley de Emergencia Económica Provincial y de la Ley de Emergencia Sociosanitaria para los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, y el pedido de autorización para la toma de un crédito internacional por 50 millones de dólares para obras de desarrollo productivo.

Asimismo, los ministros explicaron el alcance de las medidas decididas por el Ejecutivo para mantener el equilibrio fiscal y económico de la provincia en el actual contexto de ajuste nacional y solicitaron la adhesión del Poder Legislativo.

La reunión no fue abierta. Después el Senado informó que dada la "poca información disponible" sobre el DNU del gobierno nacional, los ministros apelaron a la cautela hasta tanto se conozca la “letra chica” y la magnitud del impacto de las medidas económicas anunciadas.

Se indicó que en esa línea Camacho reiteró que el paquete de proyectos legislativos, más las medidas adoptadas por el Ejecutivo tienen por objeto mantener el equilibrio fiscal que tiene la provincia desde hace 4 años, y a la vez continuar la ejecución de obras como viviendas, sin dejar de pagar la deuda y "mantener los salarios por encima de la inflación, que al mes noviembre estaban un 9% arriba del IPC que mide el INDEC".

Camacho explicó que la provincia financia su infraestructura a través de tres fuentes: internacional, nacional y local. Dijo que están garantizadas la continuidad de las obras con financiamiento internacional, como la planta depuradora de la zona sur, la de Cafayate, el camping de Coronel Moldes, las obras de la Circunvalación Oeste y el Centro de Convenciones de Cafayate. El ministro también garantizó que seguirán las más de 1.200 obras financiadas con fondos provinciales.

En cambio, hay incertidumbre respecto de las obras con financiamiento nacional, porque todavía se espera la decisión del gobierno nacional, entre estas se encuentran la pavimentación de rutas nacionales, la construcción de viviendas, el puente de Vaqueros, el alteo del dique El Limón. En este caso se busca alternativas que garanticen su continuidad, dijo el ministro. 

El 18 de este mes el gobierno provincial anunció que realizará un recorte del gasto público por 180 días. Congeló las vacantes, congeló lo sueldos de funcionarios y de la planta política, igual que la pauta publicitaria. Promoverá un régimen de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Suspendió la asistencia financiera a municipios, anunció que incrementará los controles de gastos, viajes al exterior, los gastos de protocolo, de homenaje y cortesía. Y anunció que se prorrogarán por 6 meses las licitaciones en marco del presupuesto provincial y se invertirán $3.500 millones en el plan de puesta a punto de escuelas a partir del 1 de enero. “Queremos que el achique cause el menor impacto en la gente que menos tiene y no mermar ritmo de trabajo del estado provincial”, afirmó Camacho. 

Los recursos nacionales, en duda 

A su turno, Dib Ashur planteó la necesidad de que se apruebe la prórroga del Presupuesto y de la emergencia económica, además de la autorización para lo toma de un crédito internacional por US$ 50 millones, con 7 años de gracia, tasa blanda y plazo de pago a 23 años. Con estos fondos la provincia prevé desarrollar un polo tecnológico en la Puna y otro en Capital, para sectores estratégicos, como la economía del conocimiento, el turismo, las energías renovables, la agroindustria y la minería.

Recordó lo que viene reiterando en estos días el gobienro de Gustavo Saénz, que la deuda de la provincia bajó 124 millones de dólares en estos 4 años, y le añadió el dato de que en junio se deberá afrontar un vencimiento por US$ 40 millones. 

Dib Ashur que si bien se descuenta que la llegada de recursos coparticipables debería seguir siendo normal, en cambio todavía se esperan novedades sobre las transferencias no automáticas que implican $47 mil millones en ítems como incentivo docente, Plan Sumar, Fondo compensador del transporte público, programa de mejoramiento barrial, Renabap. Y se suman los Aportes del Tesoro Nacional por $1.000 millones.

Mortalidad infantil y materna 

Mangione y Mimessi solicitaron la aprobación de la prórroga de la Ley de Emergencia sociosanitaria para Orán, San Martín y Rivadavia, para continuar atendiendo aspectos como la lucha contra la mortalidad infantil y materna. Destacaron en este sentido que los indicadores muestran que hay una baja, del 10.6 por mil al 8.5 por mil en el caso de la mortalidad infantil y del 8.5 por mil al 5.4 por mil la materna.

Mangione agregó que hay en el sector de la salud hay preocupación por la liberación de las prepagas por el DNU nacional, considerando que los aumentos en los valores, estimados en un 40%, repercutirán en forma directa sobre el sistema de salud pública; sumado al último aumento de los medicamentos.

Por otro lado, destacó la puesta en marcha de Salud Federal Salta (SAFESA) y las obras de infraestructura y de provisión de equipamiento realizadas con carácter federal en todo el territorio provincial.

Por su parte, Mimessi destacó que se trabaja en forma coordinada con otros ministerios para afrontar emergencias por efectos del clima.

El Senado también recorta gastos 

La Cámara de Senadores de Salta aprobó ayer una resolución de la vicepresidencia que dispone medidas para contener el gasto público en el ámbito de esa Cámara, con lo que se sumó a la decisión del gobierno provincial, de recortar el gasto, por ahora, por seis meses. Son medidas, sostuvo, el Senado, "encaminadas a proteger y cuidar a los ciudadanos de las políticas actuales y futuras, con políticas que mínimamente sostengan algunos derechos tratando de no afectar a aquellas personas más vulnerables".

El Senado resolvió congelar los salarios a diciembre de 2023, desde enero a junio de 2024, para senadores y senadoras, y secretarios y prosecretarios.

Además, a partir del 1 de enero y por seis meses se restringe la adquisición de insumos y bienes de uso "a lo estrictamente necesario para el cumplimiento del rol constitucional dado"; se suspenden los gastos protocolares, se prohibe el alquiler de inmuebles y la contratación de servicios no esenciales; no se contratará más personal, "salvo aquellos que resulten estrictamente necesarios para el cumplimiento del rol legislativo de esta Cámara"; se promocionarán las jubilaciones y retiros voluntarios. Asimismo, recomendó que se extremen los recaudos para el uso de los servicios de energía eléctrica, gas y telefonía y si bien autorizó las obras de mantenimiento imprescindibles, estableció que se harán "con personal propio de esta Cámara".

Más tarde, en sesión, el Senado aprobó en definitiva un proyecto de ley por la cual se modifica el artículo 29 apartado 3 de la Ley 6611, aumentando las tasas de los Juzgados de Minas y Secretaría de Minería y Energía. 

Y en sesión especial dio acuerdo al pliego remitido por el Poder Ejecutivo para la designación de la abogada Mirta Lapad para que continúe como Asesora General de Incapaces.