Todo proceso de ajuste es recesivo y regresivo en términos de distribución de la riqueza. Detrás del severo ajuste que Javier Milei está efectuando se encuentra el objetivo de reducir aún más los salarios reales como instrumento para el crecimiento de la ganancia empresarial.

Sería entonces bajo esta condición de mayores márgenes de ganancias garantizadas por una reforma laboral, que las empresas decidirían invertir. A partir de la reducción del riesgo país se darían las condiciones para que arribaran más capitales, creciendo por ende el endeudamiento interno y externo a niveles superiores a los actuales.

La reforma laboral sentaría las bases legales para suprimir los actuales derechos laborales y que el empleador pueda contratar y despedir a los trabajadores y trabajadoras sin contención ni resarcimiento económico o indemnización. Una parte de la sociedad comparte estas ideas, teniendo como expectativa que el ajuste –-en otros y no en ellos-- genere como resultado un salario real mayor.

Sembrando vientos

Según los pronósticos del nuevo equipo económico presidencial, la economía se dirige a una etapa de estanflación. Esta predicción conduciría a una reducción del consumo, que es la variable que más incide en el Producto Bruto Interno (PBI) y, por tanto, a un incremento del desempleo.

Uno de los mejores resortes para bajar los salarios es un nivel considerable de desempleo, con lo cual las personas están dispuestas a aceptar menores niveles de remuneración con tal de obtener un trabajo que al menos que les permita satisfacer sus necesidades básicas para comer. Una creciente reserva de empleados desocupados a la espera de una plaza laboral es muy favorable a la presión que ejerce el empleador para bajar los salarios.

Pero también se está en el camino de un proceso de creciente y mayor inflación a la que ya se padece en la actualidad. Se plantea, además, conjugar las medidas anteriores con un intenso proceso de desregularización de la economía, incluyendo el comercio exterior. También está el fuerte ajuste en términos reales del gasto público, en las obras públicas y en el financiamiento a las universidades nacionales, por solo hacer alusión a algunas de las medidas contractivas.

Desregular la economía implica mayores márgenes de libertad para que el mercado opere con sus propias reglas, que son las que imponen los sectores con posición dominante de poder por su tenencia acumulada de capital y recursos. El resto de la sociedad, sin esas capacidades o resortes y con la ausencia del Estado regulador, solo puede obedecer los mandatos y las condiciones de esos sectores dominantes y concentrados.

Precios libres

Liberar los precios a merced del libre juego de la oferta y la demanda en un mercado nacional e internacional distantes de funcionar bajo reglas de competencia perfecta y en donde, por el contrario, existen dominantes estructuras monopolistas en los mercados, es abrir la puerta a una etapa de mucha mayor inflación. Por lo tanto, a una distribución más regresiva de la riqueza a favor del factor capital o empresarial y en perjuicio de las mayorías.

Una desregulación de los precios también puede conducir a que los precios internos tiendan a igualar los precios internacionales, contrastando con el nivel de salarios nacionales, lo que generaría una mayor brecha regresiva en el poder adquisitivo nacional de las personas asalariadas.

La mayor escalada inflacionaria también genera una fuerte devaluación del peso, lo que provoca pérdida de valor del patrimonio nacional, haciéndolos más baratos a la hora de una posible privatización para el capital privado y transnacional.

Impuestos y desregulación

Reducir la carga impositiva también se enuncia en la batería de medidas promercado del nuevo gobierno. La teoría del derrame expresa que esta mayor ganancia debería convertirse en mayores inversiones y salarios pagados por la empresa a sus empleadas. La regla fáctica no verifica estas tesis. Sin embargo, la práctica cotidiana y comprobada sí demuestra que la empresa va a pagar los menores sueldos posibles.

Otra mirada de la reducción impositiva al sector empresarial supone menor precio de venta de sus bienes y servicios, dado que ya no estarían incluidos los impuestos –que hayan sido eliminados- en dichos precios. Pero, esa reducción tributaria desfinanciaría al Estado, que dejaría de prestar sus servicios y bienes públicos a precios regulados y los mismos empezarían y deberían pagarse por la sociedad a precios libres de mercado, desregularizados y sin subsidios, por lo que la reducción de impuestos a las empresas se traslada como un nuevo gasto a financiarse por la sociedad.