La violencia e inseguridad que desde hace más de un lustro impera en Ecuador, fomentada por una sucesión de gobiernos de derecha, alcanzó hoy un nuevo hito, luego de que 2023 cerró con cerca de 8 mil muertes violentas, la tasa más alta en el número de asesinatos en la historia del país, y casi el doble respecto a las más de 4 mil producidas un año antes.

La aparatosa toma del canal de televisión TC, la sospechosa fuga de la cárcel de dos narcotraficantes, diversos actos de violencia cometidos por organizaciones delictivas en la Universidad de Guayaquil y en distintos centros comerciales fueron el detonante para que Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, ordenada al Ejército el inmediato restablecimiento del orden en todo el país.

Para ello apeló a la caracterización de la actual crisis que atraviesa el país andino como un “conflicto armado interno”, una fórmula que, sin duda, remite a la extensa crisis sufrida por Colombia en el enfrentamiento armado entre fuerzas militares, guerrillas y organizaciones vinculadas al narcotráfico.

De igual modo, el presidente identificó y denunció a más de una veintena de bandas criminales de distinto volumen y presencia territorial como “organizaciones terroristas” y como “actores no estatales beligerantes”. Esta denominación no es gratuita y las derivaciones políticas y militares de esta decisión resultan altamente preocupantes para toda la región.

La lectura oficial asegura que en la actualidad en Ecuador se produce el enfrentamiento de dos de los más poderosos cárteles de la droga de México: el de Sinaloa y el de Jalisco, que operarían a partir de distinto tipo de organizaciones satélite.

Más allá de la veracidad de este relato, lo que resulta indudable es que podría posibilitar la intervención militar de los Estados Unidos para la preservación de la paz y el orden, y la protección de sus intereses internacionales.

En este sentido, el último viaje del ex presidente Guillermo Lasso a los Estados Unidos, realizado a fines de septiembre de 2023, resultó clave para la firma de dos acuerdos internacionales que no, no casualmente, no fueron difundidos de manera oficial por el Departamento de Estado.

Mientras que el primer acuerdo permite la presencia de buques militares estadounidenses en aguas ecuatorianas, el segundo directamente fija las condiciones para la presencia de militares de Estados Unidos en Ecuador.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes el representante republicano Dan Crenshaw, que preside el “Grupo de Trabajo del Congreso para Combatir a los Cárteles de la Droga Mexicanos”, así como también altos funcionarios de la Guardia Costera y del Departamento de Defensa.

La participación de fuerzas militares extranjeras en Ecuador estaría fundamentada también en varias iniciativas adoptadas durante el gobierno de Joe Biden.

En primer lugar, se encuentra la “Estrategia de los Estados Unidos para Prevenir Conflictos y Promover Estabilidad”, emitida en abril de 2022 y en la que se pretende atacar “la vulnerabilidad de un país o región al conflicto armado, la violencia a gran escala u otra inestabilidad, incluida la incapacidad para gestionar amenazas transnacionales y otras perturbaciones significativas”.

Por otra parte, debe mencionarse la “Estrategia de Seguridad Nacional (NSS-2022)”, publicada por la Casa Blanca en octubre de 2022, y en la que se presenta la idea “disuasión integrada” como elemento fundamental de la política de defensa estadounidense, al mismo tiempo en que se plantean los desafíos de China y Rusia para la geopolítica diseñada desde Washington.

Por último, no es menor el aporte realizado por el mencionado congresista Crenshaw quien, junto con el también republicano Mike Waltz, en enero de 2023 presentaron el proyecto denominado “Autorización para el uso de la Fuerza Militar” contra los carteles mexicanos. Una propuesta que luego fue complementada por la senadora republicana Lindsey Graham a través del proyecto “Fin Narcos” para designar a nueve cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”.

En caso de prosperar, la participación militar estadounidense estaría a cargo de las Brigadas de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), creadas en 2017 para asesorar y acompañar a los ejércitos de Afganistán e Irak.

A diferencia de lo ocurrido hasta hace pocas décadas, no se trataría de establecer formaciones a largo plazo (como en Ecuador aseguraba la permanencia en el tiempo de la base de Manta) sino de proporcionales un carácter dinámico y móvil, reforzando los lazos técnicos, ideológicos y formativos con las organizaciones militares locales.

La voluntad colaborativa de Ecuador, y la estrategia a ser utilizada, fueron confirmadas el 3 de octubre por el canciller Gustavo Manrique quien aseguró que se contemplaba que las tropas estadounidenses participen en “operativos de corta duración” enmarcados en la lucha “contra el narcotráfico, el crimen transnacional y otros delitos”, en principio, en espacios marítimos.

Para erradicar cualquier duda, Manrique recalcó: “No es que vienen a instalarse tropas. Entran (los militares estadounidenses) en periodo de corta duración, hacen los operativos y se retiran”. Asimismo, el ministro agregó que las autoridades ecuatorianas estarán presentes en las embarcaciones estadounidenses, “para no perder soberanía”.

En la actualidad, Ecuador es una pieza cada vez más importante en la geopolítica con la que Estados Unidos quiere recuperar influencia y terreno en los países del Pacífico, frente a la amenaza representada por China, principalmente, en el área económica y comercial. Sin descartar, claro está, la actuación de Rusia en la región, a la que dos años de conflicto militar en Ucrania y de bloqueo económico por parte de las potencias de la OTAN no han conseguido doblegar.

Con programas de seguridad como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida ya enterrados en el pasado, desde Estados Unidos se desenvuelven nuevas estrategias para asegurar la intervención de sus ejércitos en el contexto latinoamericano.

Una combinación funesta de inoperancia y corrupción de las fuerzas policiales y de seguridad, junto con la reprobable voluntad política de los últimos gobiernos neoliberales que manifestaron su interés indiscutible en el alineamiento irrestricto con Washington, podría ser hoy determinante para la inminente llegada de fuerzas militares estadounidenses a territorio ecuatoriano.