La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) envió una carta documento a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que negó la "existencia de causa u obligación" por la que el gremio deba de abonar una suma de dinero por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre. Bajo esa premisa, intimó a la funcionaria a que "cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa", así como "en su evidente actitud persecutoria y antisindical".
En la carta documento, difundida por el secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, el sindicato sostiene que el Ministerio de Seguridad carece de "facultades para perseguir cobro de cualquier suma de dinero en concepto de costos operativos en el marco de un movilización social" y "mucho menos para crear una pena u obligación de pago que por ley no existe". El gremio también negó que "el Poder Ejecutivo cuenten con facultades para caracterizar el ejercicio del derecho de huelga y de protesta como 'acto ilegítimo'".
