Rajoy anunció que avanzará contra la autonomía catalana
Camino a la intervención de Cataluña
Imagen: AFP

Mariano Rajoy ratificó hoy su decisión de avanzar con la intervención de Cataluña y cortar con el proceso independentista de esa autonomía. Tras reunirse con su Consejo de Ministros, el jefe del gobierno español anunció que solicitará al Senado la facultad para disolver el parlamento catalán, convocar elecciones en Cataluña, y disponer el cese de las funciones del presidente de la región, Carles Puigdemont, y de su administración.

El pedido al Parlamento español se encuadra en la serie de medidas extraordinarias que el gobierno central de España puso en marcha para abortar el proceso de secesión catalán. Rajoy justifica la intervención en Cataluña con el argumento de que las autoridades regionales incumplieron en forma "deliberada" sus obligaciones constitucionales.

La posición del primer ministro español quedó clara en las explicaciones que dio sobre la convocatoria a la reunión que hoy tuvo con su gabinete y de la cual surgió la decisión de solicitar al Parlamente la puesta en marcha de la intervención. Según comunicó su gobierno, Rajoy busca poner fin a un proceso de secesión con "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" que "atenta gravemente" contra el interés general de España.

El jefe del gobierno de España actúa al amparo del artículo 155 de la Constitución de ese país, nunca antes puesto en marcha en 40 años de democracia. Desde su misma administración explican que ese artículo 155 configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación: el que la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y que actuase de forma que atente gravemente contra el interés general de España.

"Ambos concurren en el presente caso", subraya el gobierno español, al tiempo que remarca las medidas propuestas en el procedimiento que pidió poner en marcha Rajoy se planteen "de forma garantista" persiguiendo cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.