La represión que complementó las trapisondas en el Congreso durante el tratamiento de la denominada Ley Ómnibus ya está en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La escalada de violencia estatal cuando aún no se cumplieron dos meses de gobierno de la alianza entre libertarios y macristas, con la frustrada ex candidata Patricia Bullrich como cara visible de violentos operativos para amedrentar y disuadir cualquier esbozo de protesta social, derivó el viernes en una denuncia del CELS, el Sindicato de Prensa porteño, la Asociación de Reporteros Gráficos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, para que la CIDH proteja tanto a quienes ejercen el derecho a manifestarse como a los trabajadores de prensa que difunden sus reclamos. Mientras ayer continuaban las liberaciones de detenidos del viernes, cuyo número era incierto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil hizo “un llamamiento urgente” a partidos políticos, autoridades públicas y actores sociales “por el respeto de los derechos que están siendo vulnerados, por una convivencia democrática, en términos institucionales adecuados y sin represión”.
Bullrich, reciclada como ministra de Seguridad de quien se cansó de humillarla, informó aún en modo campaña sobre “18 detenidos, más los de la Ciudad”, por lo que llamó “los destrozos en el Congreso”, al que ningún manifestante pudo siquiera acercarse pues estaba rodeado por centenares de gendarmes, prefectos y policías. La presidenta de PRO, inmune a los papelones derivados de sus prejuicios xenófobos, apuntó en particular a dos fotógrafos de origen chileno y prometió que pedirá “la expulsión de los dos chilenos partícipes de este desastre” (sic).
La policía porteña, desplazada de hecho por las fuerzas federales con el visto bueno del alcalde Jorge Macri, informó por su parte sobre 13 detenciones, incluidos un menor y una mujer, acusados a priori de dañar un banco y quemar contenedores. Ante los números difundidos por Bullrich (18) y su par de la ciudad Waldo Wolff (13), la Comisión Provincial por la Memoria, que monitorea junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo de prevención de CABA el uso de la fuerza policial en las manifestaciones, informó que la Justicia había dado cuenta de sólo 14 detenidos entre ambas jurisdicciones y exigió a ambos ministros que “rectifiquen la información o den a conocer la identidad de las 17 personas que no se informaron”.
La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), informó por su parte que hubo 20 detenidos, la mayoría de los cuales fueron alojados en la Superintendencia de Investigaciones.
Al margen de los números, que también incluyen cientos de heridos, incluido el abogado Matías Aufieri (con un disparo de bala de goma en el ojo) y una treintena de periodistas, el dato irrefutable es que el gobierno nacional desplegó en los últimos días un operativo desproporcionado para la cantidad de manifestantes congregados frente al Congreso. Incluyó motos para perseguirlos inclusive por plaza y veredas, gases lacrimógenos que producen quemaduras en la piel, tonfas de toda clase para golpearlos y cientos de balas de goma, muchas disparadas a la altura de la cabeza. “Operativos de este tipo ya sucedieron en Chile, Perú, Colombia y la provincia de Jujuy, donde la intención de disparar apuntando a la altura de los ojos tiene como único fin aumentar la capacidad de daño de un arma ‘menos letal’, contra las recomendaciones de uso de este tipo de armas. Es decir, el operativo estuvo dispuesto para amedrentar y disolver la protesta, no para liberar calles”, resaltaron en la presentación a la CIDH.
El escrito destaca que desde el anuncio del “protocolo anti-piquetes”, el 14 de diciembre, el gobierno avanzó en una serie de cambios normativos, operativos policiales enormes, intimaciones económicas y amenazas públicas contra las organizaciones y las personas que se manifiestan en el espacio público. Esos operativos están al margen de la legalidad por quedar en manos de fuerzas federales dentro de un distrito en el que no tienen jurisdicción, la ciudad de Buenos Aires, que tiene autoridades propias y policía local, recuerda.
“La democracia se cuida dentro y fuera del Congreso”, se titula el documento de organizaciones civiles incluye a Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), la Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y el CELS. “Las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia”, enfatizaron.
Al describir el “violento y desmesurado” operativo frente al Congreso, apuntaron como “regresión histórica” que “hubo policías con armas de fuego, algo que se había evitado en todos los gobiernos hace más de 20 años”. “La policía intimidó a personas mayores, dejó una treintena de periodistas con heridas de diversa gravedad, atacó a defensores y defensoras de derechos humanos y a manifestantes de distintos sectores políticos. Amedrentando la libertad de expresión y de manifestación, avanzó en las calles, en las veredas y en la plaza”, relata el texto que suscriben la Fundación Protestante Hora de Obrar, la Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos Xumek, la Fundación SES, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), Consciente Colectivo, la Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC), la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) y el Equipo argentino de justicia y género (ELA).
“Dentro del Congreso, se transgrede el reglamento: transcurren las jornadas de debate sobre un dictamen que no se conoce, que se está escribiendo por fuera de las comisiones a medida que avanzan las sesiones”, añade el documento, y advierte que “tal como están expresadas en el proyecto de ley, las facultades delegadas que solicita el Poder Ejecutivo podrían impactar en una parálisis legislativa y en márgenes ampliados de arbitrariedad”. “Las condiciones democráticas del debate y la convivencia están hoy profundamente tensionadas y enrarecidas. Mientras las y los legisladores debaten en tiempo récord el destino del país y sus recursos económicos y naturales, las y los más altos funcionarios publican mensajes que festejan y alientan la violencia policial y de grupos particulares”, señalan. Concluyen con la convocatoria “a los partidos políticos, a todas las autoridades con responsabilidades públicas y a los distintos sectores de la comunidad a hacer un llamamiento urgente por el respeto de los derechos que están siendo vulnerados, por una convivencia democrática, en términos institucionales adecuados y sin represión”.
