Después de que se votara la vuelta a comisión del proyecto "de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", ley ómnibus, el Gobierno nacional acusó de "extorsionadores", principalmente, a los gobernadores de Córdoba, Salta y Santa Fe. Los dichos vinieron del propio presidente de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación, Oscar Zago, quien dijo que los Ejecutivos de estas provincias "se estaban equivocando". 

Así lo expresó en referencia a cómo votaron los diputados de la oposición dialoguista el artículo 4 del proyecto de ley, que disponía la delegación de facultades al Ejecutivo nacional. En el caso de Salta, el bloque "colaborador" era Innovación Federal, del riñón del gobernador Gustavo Sáenz. Antes de la votación en general del viernes último, ya se había negociado que la delegación de facultades legislativas al Presidente fuera sólo de un año y no dos años como quería el Gobierno.  

Este martes llegó el debate en particular, en cuyo marco se redujo más este artículo, del que se recortaron tres incisos ("h", "i" y "j") que referían a facultades en materia de control de los fondos fiduciarios, seguridad y energía. De esta manera, el Gobierno nacional sólo logró la aprobación de facultades delegadas en materia económica, financiera y administrativa. Estos cambios iniciaron la caída de la votación en particular, que se vio frenada de manera definitiva cuando llegó el turno de debatir el artículo de las privatizaciones. 

Las y los diputados salteños por Innovación Federal, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, votaron por la negativa en los incisos "h", "i" y "j". También en el inciso "h", que proponía la facultad delegada para "transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos", según confirmó a Salta/12 la diputada Vega. 

Su compañero de bloque Pablo Outes dijo en redes sociales: "el Presidente no escuchó a las provincias y se cayó la ley de bases", que "vuelve a foja cero por falta de sensibilidad con el interior, por falta de federalismo". El día previo a la reanundación de la sesión, Outes había asegurado que buscarían "acotar" la delegación de facultades a Milei, aunque aclaró que no la iban "a rechazar de cuajo". 

Ni bien se levantó la sesión, los bloques de Innovación Federal y la Unión Cívica Radical se llamaron a reunión y cada espacio extendió su encuentro hasta pasadas las 22. 

A culpar a las provincias 

En paralelo, el Gobierno nacional optó por culpar a las provincias. En diálogo con medios de comunicación, Zago apuntó directamente a las jurisdicciones que tenían a legisladores considerados como "oposición dialoguista". "Creo que el Gobierno (nacional) está colaborando muchísimo con las fronteras de Salta y hoy en el proceso de seguridad nos votan en contra", cuestionó ofuscado el diputado. "Parece que nos están cargando y parece que no quieren seguridad", insistió. 

En paralelo, LLA hizo un posteo apuntando directamente a las jurisdicciones provinciales: "La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión. #LaCastaContraElPueblo". A su vez, el vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció que "el acuerdo que había previo a la sesión se violó, y nosotros no íbamos a permitir que se desguace la ley". También advirtió que "el ajuste será un poco mayor" y recaerá sobre "los gobernadores y las provincias". 

"Habrá que revisar cada uno de los gastos para cumplir con la orden del Presidente", manifestó el funcionario nacional. La declaración fue coincidente con aquella expresión del ministro de Economía de la Nación, Nicolás Caputo, el 24 de enero cuando se realizó el paro y movilización convocado por la CGT. El ex funcionario de Mauricio Macri dijo: "El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias". 

Sin embargo, no se dieron a conocer acuerdos o negociaciones públicas entre el Ejecutivo nacional y las provincias. En su momento, se dijo que la Nación se había comprometido en "destrabar" el tratamiento de la ley a cambio deque se coparticipe el impuesto País. Esto implicaba que dicho impuesto, que ahora es administrado por la Nación y las organizaciones sociales mediante el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) pasara a ser controlado por las provincias. No obstante, tal compromiso fue desmentido inmediatamente por funcionarios nacionales.