Ante la “despiadada avanzada del gobierno nacional en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados", una decena de vicegobernadoras y vicegobernadores, encabezados por Verónica Magario, manifestaron su “enorme preocupación”. En un documento dado a conocer este domingo y que también lleva las firmas de Rubén Dusso, de Catamarca, Teresita Madera de La Rioja, Alicia Mayoral , de La Pampa, Carlos Silva Neder, de Santiago del Estero, Antonio Marocco, de Salta, Pedro Pesatti, de Río Negro, Eber Solis, de Formosa, Lucas Romero Spinelli, de Misiones y Alberto Bernis, de Jujuy, acusaron al gobierno de Javier Milei de tener “desprecio” por el interior del país.

Con el título “En la sociedad se invierte, no se gasta”, se plantea que la “venganza política” consiste en no enviar los recursos correspondientes al Fondo de Incentivo Docente y terminar con la ayuda económica que garantiza el funcionamiento del sistema de transporte urbano en el interior. Reclaman también que, a través de esas decisiones, el Estado Nacional “alimenta la inflación y desprotege a quienes debe proteger”.

En la misma línea del gobernador Kicillof, los vicegobernadores advirtieron que si la Nación deja de enviar los fondos correspondientes a la educación “las provincias no podrán hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del gobierno nacional y esta situación se está dando en todas las jurisdicciones del país, que están siendo sometidas al mismo retraso en la transferencia de los complementos salariales docentes por parte del gobierno de Milei”.

También destacaron que es “imprescindible” el sostenimiento del apoyo al transporte público porque se trata de un servicio que “muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado”.

Explicaron además que “los subsidios son implementados para hacer más accesible al transporte público. Brasil, Canadá, Chile, Alemania, España, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos, por citar sólo algunos ejemplos, subsidian la actividad haciéndose cargo los estados nacionales de más del 50% de la tarifa”. También ejemplificaron con otros casos en los que los Estados directamente garantizan la movilidad.

El documento, publicado en un clima de tensión política inédita entre el Ejecutivo nacional y los provinciales apunta también a los intereses que, según dicen los firmantes, defiende el Presidente y cuestionan: “¿En dónde piensa colocar los 104 mil millones de pesos que está recortando? ¿A qué los piensa dedicar?”, son las preguntas planteadas. Y la respuesta es que ese dinero no irán a la asistencia alimentaria, ni a la salud, ni a la educación públicas, ni a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura. “¿Entonces?”, cuestionan.

“Con respeto y con firmeza, le pedimos al presidente Milei que deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo”, concluye el texto y advierte que “la Argentina es la suma de las provincias que la componen”.  Por último concluye: “Reiteramos este concepto que es clave para entender cómo es un país para todos y todas, sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad total”.