La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comienza su 165 período de sesiones en Montevideo con dos audiencias públicas sobre Argentina, que tendrán lugar hoy. La primera con eje en la situación de retrocesos en los derechos laborales y sindicales solicitada por veinte organizaciones gremiales, organismos de derechos humanos y abogados del ámbito laboral. La segunda, solicitada por trece organismos de derechos humanos con eje en los discursos regresivos del Gobierno sobre el terrorismo de Estado, el fallo del 2x1 de la Corte y el debilitamiento de las políticas públicas en los procesos de juzgamiento de los crímenes. Allí estará la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y en ambas audiencias habrá representantes del Estado argentino que harán su descargo. La agenda continúa miércoles y jueves con reuniones a puertas cerradas por las medidas cautelares de los casos de Milagro Sala y Santiago Maldonado.   

La inclusión de la Argentina en las audiencias que hará la CIDH en Uruguay son significativas. En medio de un año de seguimiento continuo de la Comisión con la emisión de dos cautelares sobre los casos de Milagro Sala y de Santiago Maldonado, la inclusión de dos nuevos ejes temáticos en las audiencias está indicando una ampliación de la agenda de seguimiento de los casos del país y que marcan que estos temas importan. “Ser una de las 28 audiencias seleccionadas significa que a la CIDH quiere recibir información sobre este tema”, dice a este diario María Isabel Rivero, vocera de la organización. 

Las organizaciones que impulsan el reclamo por los retrocesos en los derechos laborales dicen que es la primera vez que la CIDH abre la agenda a este eje, en un proceso que también está mirando el escenario de los efectos de las reformas en territorio brasileño. 

Matías Cremonte es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y uno de los denunciantes. “Lo más importante es que la Comisión haya tomado un tema que estrictamente tiene que ver con los derechos laborales”, dice. “Eso es inédito. Por otro lado, la denuncia que presentamos y motivo de la audiencia tiene cuatro ejes: el ataque a los abogados laboralistas con la estigmatización; a la justicia laboral no sólo con declaraciones sino con pedidos de juicio político a camaristas por lo que dijeron en sus sentencias; el ataque a los sindicatos por la injerencia del ministerio de trabajo y la criminalización de la actividad sindical”. Desde las organizaciones afirman que la CIDH convoca porque entiende que los ataques existen y que el objetivo es que los derechos sociales pierdan efectividad más allá de su vigencia formal. “Si no hay abogados, si no hay jueces, si no hay sindicatos que nos representen, quedan los trabajadores solos como individuos débiles frente al empleador todopoderoso”. Ayer tuvo lugar una audiencia en el mismo sentido sobre Brasil, lo que muestra, dicen, “este cambio en la CIDH acerca de abordar el eje de derechos labores como parte de los derechos humanos”. 

Al mediodía se realizará la audiencia sobre el proceso de memoria, verdad y justicia en los crímenes de lesa humanidad. Estela de Carlotto presentará un informe de trece organismos junto con Alan Iud, de Abuelas y Luz Palmas Zaldúa, del Cels. Plantearán los retrocesos el panorama con un Ejecutivo con discursos regresivos que alientan la teoría de los dos demonios, el negacionismo y promueve el desmantelamiento de políticas públicas para la investigación. En el ámbito legislativo explicarán el no impulso de la bicameral de complicidades económicas y en el Poder Judicial que la Corte aun no dictó un nuevo fallo del 2x1 de acuerdo ley sancionada por el Congreso. También subrayarán la lentitud de las causas y la existencia de fallos con conceptos regresivos que cuestionan el carácter de delito de lesa humanidad de los crímenes como los dictados por la Casación en el caso de la Masacre de Capilla del Rosario y el reciente fallo del empresario Marcos Levín. “Planteamos una preocupación por la deslegitimación del proceso de juzgamiento de la lucha contra la impunidad de los organismos de derechos humanos”, señala Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. “Hechos que van en sentido opuesto de las obligaciones internacionales”. 

Miércoles y jueves se harán  reuniones de seguimiento de las cautelares por Milagro Sala y Maldonado. Son reuniones de trabajo con peticionantes, representantes del Estado y comisionados y se hacen a puertas cerradas. “La audiencia es para el seguimiento de la medida cautelar”, explica a este diario la abogada de Milagro Sala Elizabeth Gómez Alcorta. “Allí van los peticionantes, en este caso Andhes, Amnistía y  CELS. No vamos los abogados de Milagro porque ella es beneficiaria pero no peticionante”. Sobre su situación, los peticionantes ya informaron a la CIDH sobre el reingreso al Penal del Alto Comedero y su situación de extrema vulnerabilidad. En Jujuy, en tanto, los abogados ayer apelaron la decisión del juez Isidoro Cruz que rechazó el habeas corpus presentado para pedir su traslado urgente a un centro de salud.