La Justicia de Brasil frenó una normativa criticada por la OIT
Revés para el trabajo esclavo
Una jueza del TSJ falló que la normativa aprobada por Temer afectaba “los resultados obtenidos durante años de desarrollo de políticas públicas de combate a las prácticas de imponer a los trabajadores condiciones análogas a la esclavitud”.
La jueza Rosa Weber, ministra del TSJ, la máxima instancia jurídica de Brasil.La jueza Rosa Weber, ministra del TSJ, la máxima instancia jurídica de Brasil.La jueza Rosa Weber, ministra del TSJ, la máxima instancia jurídica de Brasil.La jueza Rosa Weber, ministra del TSJ, la máxima instancia jurídica de Brasil.La jueza Rosa Weber, ministra del TSJ, la máxima instancia jurídica de Brasil.
La jueza Rosa Weber, ministra del TSJ, la máxima instancia jurídica de Brasil. 

La Justicia de Brasil suspendió ayer las normas que atenuaban la definición de trabajo esclavo dispuestas por el Ministerio de Trabajo hace una semana y que generaron preocupación incluso en Naciones Unidas. La jueza Rosa Weber, ministra de la máxima instancia jurídica del país, falló de forma favorable a un recurso de amparo contra las nuevas normas interpuesto el último viernes el partido de centroizquierda Rede de Sustentabilidade (Red de Sustentabilidad). La decisión de la magistrada deja temporalmente sin validez la nueva normativa, que motivó protestas de numerosos grupos de derechos humanos y fue criticada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Las nuevas disposiciones vulneran los principios primarios de la Constitución, evaden la protección adecuada y suficiente a los derechos fundamentales y no están en sintonía a los compromisos internacionales sobre trabajo esclavo asumidos por Brasil”, indicó la sentencia de Weber, de acuerdo con el periódico O Globo. 

En su fallo, la magistrada también expresó que las disposiciones aprobadas por el Ministerio de Trabajo pueden comprometer “los resultados obtenidos durante años de desarrollo de políticas públicas de combate a las prácticas de imponer a los trabajadores condiciones análogas a la esclavitud”. El lunes pasado, la cartera laboral había flexibilizado la definición de trabajo forzado en Brasil y dispuso que se trata de aquel trabajo en el que existe la “privación de la libertad de ir y venir” del trabajador. Asimismo, la disposición estableció que la “Lista Suja” (“Lista Sucia”, como se conoce en Brasil la lista de los acusados de prácticas esclavistas), que antes era elaborada y difundida por un equipo técnico, sólo podía ser publicada por orden expresa del ministro de Trabajo. Además se estableció que los rescates, una vez constatadas formas análogas a la esclavitud, podían hacerse sólo tras una denuncia en una comisaría. Weber fue muy crítica con la potestad del ministro de Trabajo de decidir sobre la publicación de la “Lista Suja”: “Es una medida administrativa que limita y debilita las acciones de control (del trabajo esclavo) y condiciona la eficacia de una decisión administrativa a la voluntad individual de un ministro del Estado, y tiene un notorio sentido político”.

Hasta las nuevas disposiciones introducidas por el Ministerio de Trabajo, era considerado esclavo el trabajo que violara el artículo 149 del Código Penal Brasileño, que establece que se considera trabajo esclavo cualquier actividad con la intención de “reducir a alguien a una condición análoga a la esclavitud, sometiéndolo a trabajos forzados o de jornada exhaustiva, condiciones degradantes, o restringiendo su capacidad de moverse por razón de deuda contraída con el empleador”. Otras prácticas que ya no podrían ser consideradas trabajo esclavo son los descuentos en el salario por supuestas deudas por alimentos o alojamiento, trabajo en condiciones de intimidación, incluso armadas, para evitar que los trabajadores denuncien su situación. 

El presidente del país, Michel Temer, había declarado en una entrevista el viernes que pensaba introducir modificaciones a la normativa sancionada por la cartera de Trabajo, atenuando sus efectos al incorporar sugerencias formuladas por la fiscal general, Raquel Dodge, luego de la ola de críticas a nivel nacional e internacional que recibió la medida. Naciones Unidas también había expresado el viernes su profunda preocupación sobre las nuevas disposiciones. Precisamente ese día, el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño recibió dos recursos cuestionando la iniciativa del gobierno federal, por parte de Rede y de la Confederación Nacional de las Profesiones Liberales (CNPL), y solicitando que se la declare inconstitucional.

En la petición, la CNPL argumentó que la medida “restaura la esclavitud bajo ropajes modernos, para amplísima vergüenza de nuestro país en el contexto mundial de las naciones”. Por su parte, Rede afirmó que la ordenanza “desfiguró el marco legal del combate al trabajo esclavo en el país”, y dijo que fue presentada para que el gobierno consiga los votos necesarios en la Cámara de Diputados durante la sesión que analizará la segunda denuncia presentada contra el presidente Temer, que se celebrará hoy, consignaron los diarios locales O Globo y Folha de San Pablo.

Es que el decreto que redujo la fiscalización del trabajo esclavo contó con el impulso del bloque ruralista de la cámara baja brasileña, una semana antes de que se trate la denuncia penal contra Temer por asociación ilícita y obstrucción de la justicia hecha por la Procuración General de la República. La decisión de la jueza Weber es provisoria y aún necesita ser confirmada por el plenario del STF, compuesto por 11 ministros.

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