El per saltum es una herramienta legal que habilita a la Corte Suprema a intervenir en determinadas causas, aunque no se hayan agotado las instancias judiciales intermedias. De esta manera, las partes pueden dirimir sus diferencias directamente en el máximo tribunal. Por estas horas, el Gobierno nacional evalúa solicitar este recurso para dar por terminada la pelea con Chubut por el recorte de fondos coparticipables.
Se trata de una figura que viene del antiguo derecho romano. De hecho, en latín quiere decir "por salto". En Roma, el emperador podía fallar a pedido de la parte que se consideraba damnificada en una sentencia, y así el César dictaba sentencia en lugar de la instancia de apelación. En ese caso, el emperador fallaba y le devolvía al juez de primera instancia la sentencia con la indicación sobre cómo proceder.
La figura del per saltum figura en el derecho interno argentino, si bien recién se reglamentó en 2012. Ese año se incorporó al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El artículo 257 bis establece que la Corte Suprema podrá hacerse cargo del recurso extraordinario "en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior".
¿Cuándo se usó el per saltum en Argentina?
En la jurisprudencia argentina, se registran al menos cinco antecedentes de per saltum ante el máximo tribunal. El primero de ellos fue en 1990, cuando un fallo de primera instancia frenó la privatización de Aerolíneas Argentinas. La Corte se hizo cargo del expediente y anuló el fallo antes que decidiera la Cámara de Apelaciones.
Cuatro años más tarde, la Corte volvió a intervenir cuando un juez ordenó liberar a un grupo de narcotraficantes detenidos en la Operación Langostino, en 1988. Los supremos impidieron que los presos fueran liberados.
En 1997, la decisión del gobierno de Carlos Menem de privatizar los aeropuertos por decreto de necesidad y urgencia derivó en una cautelar. Fue la Corte Suprema la que destrabó el litigio al avalar el DNU vía recurso extraordinario de la Casa Rosada.
En 2012, los senadores del Frente para la Victoria buscaron el per saltum para que la Corte se expidiera en el conflicto por la Ley de Medios. Los supremos se negaron y fallaron después que se expidiera la Cámara: dictaminó la constitucionalidad de la norma y pidió cambios.
Un año más tarde, en 2013, la Corte aceptó el per saltum del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respecto de dos fallos adversos de la jueza María Servini de Cubría. Al momento de la acordada, los supremos voltearon la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsara el Frente para la Victoria.
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