Desde Montevideo
El escenario de tensión entre el gobierno nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también atraviesa al caso Milagro Sala. La decisión de la Justicia de Jujuy de devolver a la dirigente social a la cárcel, con riesgos para su vida, es observada por los comisionados como una respuesta “escandalosa y provocadora” del Estado argentino a los reclamos de la propia Comisión. Anoche, al cierre de esta edición, concluía la reunión de trabajo convocada por el organismo para el seguimiento de la cautelar con autoridades del gobierno argentino y los peticionantes del CELS y Amnistía Internacional. El Gobierno no dio respuestas y volvió a plantear que el problema de Sala es un problema de Jujuy. El CELS y Amnistía solicitaron a la CIDH tomar medidas ante lo que describieron como el agravamiento de la situación de salud de Milagro Sala. “Lamentablemente el gobierno federal no toma posición de garante del sistema de protección de derechos humanos y debiera optar por otra conducta: frente al incumplimiento de la provincia se mantiene como espectador”, dijo Diego Morales, del CELS. Según contó, “la CIDH dijo que va a tomar cartas en el asunto”.
La CIDH viene analizando distintos escenarios para tomar una decisión que promueva el cumplimiento, por parte del Estado argentino, de la cautelar que exigió la libertad o al menos la detención domiciliaria de la líder de la Tupac Amaru. Una opción es enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento, decisión que debe ser consultada con los peticionantes. Ese camino efectivamente es una opción que se baraja, pero también se trata de una opción con ciertos riesgos porque, desde las últimas modificaciones reglamentarias de la OEA, si la Corte Interamericana rechaza el caso o lo objeta no podría volver a estar bajo jurisdicción de la CIDH como sucedió históricamente.
La convocatoria de ayer a la reunión de seguimiento es una señal del grado de preocupación que existe sobre este tema. La CIDH convoca cuando observa un problema grave. Luego de una cautelar, la CIDH deja pasar tiempos más largos para convocar a las partes. Aquí explican que pueden pasar meses o hasta un año. En este caso, la convocatoria por la cautelar de julio de este año se aceleró, y sucedió tanto en el caso de Milagro Sala como con el de Santiago Maldonado. Los técnicos explican que, si Milagro Sala muere, es un gravísimo problema y no sólo para el Estado argentino, sino también para el organismo.
En la audiencia con los organismos de derechos humanos argentinos realizada el martes, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, dio dos datos en su intervención que dan cuenta de las preocupaciones sobre las negociaciones y tensiones con Argentina. Eguiguren mencionó dos fallos de la Corte Suprema. El fallo del 2x1 que aún sigue vigente y la resolución sobre el fallo de la Corte Interamericana sobre el caso Fontevecchia. En ese fallo, escandaloso para quienes entienden la mecánica de garantías del sistema internacional de protección de derechos, la Corte argentina señaló que la Corte regional no puede ser una cuarta instancia de la Justicia argentina. Esa sombra de rebelión está obligando a agudizar mecanismos para continuar con las presiones, de hecho la Corte Interamericana hace un seguimiento y pide al Estado revisión de cuentas. Pero también obliga a revisar métodos para no hacer estallar todos los caminos. En esa lógica, también están pensado las alternativas para dar respuesta eficaz al tremendo hostigamiento que recibe Milagro.
Para el encuentro de anoche, la CIDH convocó a todas las partes. Por los peticionantes participaron Diego Morales y Gabriela Kletzel, del área internacional del CELS, y Belissa Guerrero y Noelia Garone, por Amnistía Internacional. Por Argentina hubo funcionarios de Derechos Humanos. A diferencia de lo que ocurre en las audiencias, estos encuentros son a puertas cerradas y los lidera la CIDH. La CIDH hace preguntas al Estado y cuando requiere información concreta hace intervenir a las organizaciones peticionantes. En términos teóricos, lo que ocurre en cualquier reunión de este tipo es que, si la CIDH no encuentra respuestas satisfactorias de parte del Estado, abre instancias distintas para tomar una decisión. El resultado de esas instancias tal vez se conozca estos días. Ayer, los comisionados cruzaban los pasillos para pasar de una reunión a otra. Varios de los consultados por este diario se mostraron muy molestos por la respuesta argentina.
“El Gobierno planteó que el problema es un problema de Jujuy, que no tienen capacidad de dar respuesta, que la situación está en manos de la provincia”, explicó Morales, director de Litigio del CELS, a la salida del encuentro. “Nosotros dijimos que no sólo existe un incumplimiento de la medida cautelar, sino que existe un agravamiento de las condiciones de salud de Milagro Sala. Y por lo tanto le pedimos a la Comisión Interamericana que tome en cuenta esto para la adopción de medidas”.
Pese a que el secretario de Derechos Humanos adelantó que él estaba de acuerdo con la detención domiciliaria, ayer no estuvo en la reunión y su equipo no dijo nada sobre esto. “El gobierno federal no dio cuenta de ninguna respuesta –agregó Diego Morales–. Solo dijeron que están pidiendo informes sobre la situación de salud pero no piden informes del avance de la medida cautelar. No hacen presentaciones, ni critican decisiones de Jujuy, no se presentan en el expediente planteando esas críticas. Ahora vamos a ver qué decisión toma la CIDH: puede volver a intimar al Gobierno o solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana. La Comisión tiene esa posibilidad y exigirle al Estado argentino que cumpla la cautelar”.
