La crítica situación que atraviesa la salud pública salteña por los recortes nacionales, que para el sector implican una pérdida de seis mil millones de pesos, fue la base de posiciones a favor de la decisión del gobierno de Gustavo Sáenz, que a través del decreto 129/24 dispuso el cobro de la atención médica a personas extranjeras con residencia precaria o transitoria en la provincia.

“Los convenios de reciprocidad no se respetaron”, dijo el diputado provincial, ex ministro de Salud y ex gerente del Hospital San Bernardo (institución médica de referencia del norte argentino y países limítrofes), Juan José Esteban, al brindar apoyo a la medida tomada por el gobierno provincial.

Esteban afirmó que los hospitales de autogestión (que tienen un sistema distinto a otros de la provincia y se ubican en la ciudad de Salta) “siempre les cobraron a los extranjeros. Pero al que demostraba carestía no”.

Detalló que muchos migrantes de países limítrofes llegan a Salta para encontrar la atención de salud dado que “en su país tienen medicinas caras”.

Al ser consultado sobre si la atención a personas extranjeras es lo que repercute en la situación crítica de la salud pública, Esteban respondió: “es la punta de un iceberg invisible”, dado que tras la reducción de fondos nacionales el sistema de salud salteño dejará de recibir 6 mil millones de pesos que no ingresarán a los hospitales, un monto mucho mayor del que se utiliza para la atención a personas extranjeras. 

“Recibo denuncias permanentes de falta de prácticas quirúrgicas. Además, hay gente que perdió la prepaga”, añadió Esteban como una de las causas que genera que se acreciente la demanda en los hospitales por parte de personas que antes asistían a la salud privada.

Recordó que cuando fue ministro (durante la pandemia), “los recursos sobraban” y generaban mucha discusión. Pero ahora cuando la falta de recursos es preocupante y “la gente está desatendida no siento la crítica”.

“Alguien paga siempre”

“Tenemos que aprender que no existe la gratuidad en ningún ámbito, y mucho menos en la salud. Alguien paga siempre”, sostuvo por su parte el gerente del Hospital Arturo Oñativia (también de autogestión), Marcelo Nallar.

Explicó que el objetivo de los hospitales de autogestión es que los fondos que provienen del arancelamiento y del Ministerio de Salud “sean utilizados para residentes argentinos y carenciados que estén debidamente acreditados” como tales. En este punto, indicó que se cuenta con un Servicio Social que se encarga de hacer la evaluación.

En cuanto a la cantidad de personas extranjeras que se atienden en el Hospital que él gerencia, afirmó que es un 5 por ciento y todos pagan. Sin embargo, añadió que “el porcentaje bajó tras la pandemia”. 

“Todos los días hacemos malabares”

María Cristina Sánchez Wilde es la actual presidenta del Círculo Médico de Salta, una asociación que es más del ámbito gremial de los profesionales de la medicina que actúan en el ámbito privado, aunque muchos también se desempeñan en la salud pública.

“Quizás puede resultar odiosa la decisión porque tenemos años de no cobrar, pero dada la situación económica es necesario dado que se está pasando una situación angustiante”, afirmó.

Añadió que más allá de las personas migrantes de países limítrofes que llegan a atenderse en los hospitales públicos de Salta, “muchos turistas extranjeros se sorprenden al hacer las consultas sin que les cobren. La idea es arbitrar los medios y cobrar la atención. Y esto no es xenofobia ni discriminación. Había convenio de reciprocidad y nunca se cumplió”, dijo al seguir la línea de Esteban.

Destacó que mal se puede hablar de reciprocidad “porque las carencias del sistema de la salud boliviano son mucho más altas. Y la mayoría viene a Salta para encontrar esa atención”.

Su bien Sánchez Wilde lamentó que se llegue a esta situación, reiteró que el estado de la salud pública de la provincia está en crisis. “Todos los días se hacen malabares” para no agrandar los gastos y “pensamos dos veces antes de pedir las cosas”, contó. Indicó que incluso ahora las y los afiliados de obras sociales que se atienden en hospitales públicos se van con una receta para poder reponer la medicación que se utilizó durante su atención.