El plan del Gobierno para el sector de generación de energía eólica supone un incremento en el nivel de actividad y de jugadores del sector privado a mediano plazo pero al mismo tiempo el bloqueo del proceso de creación de tecnología propia en favor de la importación del diseño de multinacionales extranjeras. La evaluación que hacen en el sector privado de las licitaciones del plan RenovAR es ambigua: los metalúrgicos fabricantes de torres para los generadores eólicos esperan una suba de la demanda, pero las firmas dedicadas al trabajo de desarrollo tecnológico financiadas hasta el día de hoy por un programa del Ministerio de Ciencia, entre las cuales está el Invap, se tendrán que reconvertir.

La semana pasada, el Ministerio de Energía y la cartera de Medio Ambiente realizaron en el Centro Cultural Kirchner el acto de apertura de las ofertas de la “Ronda 2” del programa RenovAR. “Luego de haberse vendido 117 pliegos licitatorios, se presentaron 228 ofertas por un total de 9403 MW, casi 8 veces más de los 1.200 MW de potencia requerida inicialmente de tecnologías Eólica, Solar Fotovoltaica, Biomasa, Biogás, Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos y Biogás de Relleno Sanitario, distribuidas en 21 provincias de nuestro país”, festejaron desde la cartera que conduce Juan José Aranguren.

Las primeras licitaciones se realizaron a fines del año pasado. En ese momento, la oferta pública inicial de megavatios fue sextuplicada a raíz de un generoso programa de alícuota del cero por ciento para la importación de equipos. “Se podrían haber fabricado en el país, aunque no en la escala y los tiempos que pedía el Gobierno. Pero no se estableció ninguna cuota diferencial para la industria local”, advierten fuentes del sector eólico. La participación de la industria nacional quedó relegada a un lugar muy menor, por debajo del porcentaje que requiere la instalación eléctrica.

Entre energía eólica y solar se adjudicaron 59 proyectos por un total de 2423,5 megavatios de potencia instalada y un precio promedio de 57,44 dólares por megavatio hora. La “ronda 2” del programa fue todavía más convocante en parte por las garantías otorgadas por el Banco Mundial a la energía que las empresas le venderán a Cammesa, que define un negocio prometedor. La Ronda 2 supone la compulsa por la construcción de parques eólicos por un total de 550 MW distribuidos en 200 MW en Comahue; 200 MW en Patagonia; 200 MW en Buenos Aires y 100 MW en el resto del país. 

En función del nuevo marco normativo, se espera que próximamente grandes jugadores globales del sector anuncien el comienzo de la fabricación de aerogeneradores en el país. El primer caso sería el de la empresa danesa Vestas y le podrían seguir la española Gamesa, General Electric (Estados Unidos), Alstom (Francia) y Goldwind (China). Para obtener los beneficios fiscales, las empresas deben llegar al 30 por ciento de integración nacional. Se espera que localicen piezas metalúrgicas y componentes eléctricos pero que mantengan el desarrollo tecnológico en sus casas matrices. Queda relegada la producción de los molinos (el componente de mayor valor tecnológico) por parte de IMPSA (Pescarmona), NRG Patagonia y los prototipos del Invap.

“Se trata de que el costo de generación de energía sea económico. Si los aerogeneradores no son de máxima eficiencia, se termina pagando en el costo de la energía. La instalación de generadores locales de menor eficiencia que los provenientes del exterior implica continuar sosteniendo valores de energía ficticios. Ahora, en estas licitaciones nos acercamos a los costos internacionales de generación”, indicó a este diario Carolina Rodríguez, coordinadora general de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader). “En cuanto a la producción industrial local, las tecnologías extranjeras en primer lugar transfieren la construcción de las torres. Lo hicieron en todos los mercados. En cambio, en la fabricación del molino hay un avance tecnológico difícil de alcanzar”, agregó Rodríguez.

“Hay dos empresas argentinas que ya tienen aerogeneradores funcionando y homologados y el Invap, que ha demostrado ser una empresa robusta, llegó a desarrollar prototipos. Estos desarrollos fueron (y siguen siendo) apoyados financieramente por el Mincyt. Pero ahora toman crédito para comprar tecnología de afuera. Es una política inconsistente”, señala Diego Hurtado, físico e historiador de la ciencia y miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de CyT en el MINCyT. “En un país en desarrollo que tiene capacidades industriales, se supone que la inversión pública tiene que poder generar algún efecto multiplicador. Podría aplicarse un esquema mixto en el cual se ofrezca respuesta a la urgencia pero también haya una cuota para la I+D local. La importación de tecnología es un esquema cortoplacista en donde no hay proyecto industrial”, advierte Hurtado.