Nadie sabía (ni entendía) nada. El Senado recibió la noticia de que el gobierno nacional buscaría cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema con una mezcla de sorna, desconfianza y sorpresa. Javier Milei no le había avisado ni a sus propios legisladores que propondría a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como candidatos a ocupar el Máximo Tribunal: La Libertad Avanza, PRO, el peronismo, todos, se habían desayunado la noticia sin que existiera ningún tipo de instancia de negociación previa (o posterior, incluso). Los senadores más avezados estaban atónitos. "¿Milei pretende poner dos jueces de la Corte sin conversarlo con nadie?", se preguntaban. Y es que el presidente necesita los dos tercios del Senado para aprobar los pliegos, es decir que necesita hasta de Unión por la Patria, y la inexistencia de un sondeo preventivo no hizo si no convencer a varios de que la propuesta no era más que una maniobra distractiva. 

Ni Victoria Villarruel, la vice con la que Milei ahora se esfuerza en aparentar que no hay ningún conflicto, estaba enterada de que ese día la Oficina de la Presidencia anunciaría a los nuevos candidatos. A García-Mansilla lo conoce, pero a Lijo no, y la noticia la tomó de sorpresa como a todos en el Senado. De momento sabe que habrá que esperar un rato: la convocatoria aún no se oficializó, todavía falta recibir las impugnaciones de la sociedad civil --el Ejecutivo tiene 15 días para hacerlo - y recién ahí se envían los pliegos. Pero le abre un nuevo frente de batalla a menos de una semana del fracaso sufrido por la caída del DNU 70/2023. Un nuevo frente de batalla que, una vez más, se anticipa complicado para el oficialismo.

El principal problema es que Milei necesita hasta de UxP si quiere aprobar los pliegos de Lijo y García-Mansilla y, de momento, la bancada peronista no respondió con entusiasmo. Tampoco el radicalismo o, siquiera, el PRO. Nadie acusó recibo de una maniobra que, para ser exitosa, requiere de una amplísima mayoría de la cámara. Con solo 7 senadores propios, LLA necesita sumar 41 votos más si quiere llegar a los dos tercios necesarios para aprobar la designación de los dos nuevos jueces. Hasta ahora, el número máximo que Villarruel logró sumar fueron 39 senadores: una mayoría coyuntural que le sirvió para hacerse del control de las comisiones y la designación de autoridades del Senado. Esos 39 representaban todo el recinto menos los 33 de UxP, que ahora pasará a ser un actor clave de la votación en el Senado.

"No creo que ni ellos quieran votarlo. Es un tema para distraer", analizaba una senadora de UxP, que se mostró incrédula ante el hecho que no los hubieran sondeado antes de hacer el anuncio. En principio, ninguno de los legisladores quiso sentar posición sobre los nombres, argumentando que antes había que esperar a dilucidar cuál era el verdadero objetivo del oficialismo. Pero también insisten en que, sean cuales sean los nombres, al menos uno tiene que ser de una mujer. Algunos legisladores confesaron a este diario, sin embargo, que se sentirían cómodos con Lijo, el juez federal de Comodoro Py. Incluso en los tribunales federales hay quienes consideran que el pliego Lijo puede pasar el filtro del Senado por sus buenas relaciones con algunos gobernadores. Lijo es el mismo magistrado que elevó a juicio oral a Amado Boudou por la causa Ciccone, pero, según reconoció un dirigente de UxP, "al menos lo conocemos y sabemos cuáles son sus terminales". Las terminales son, en efecto, el otro juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Más allá de que algún senador peronista pudiera sentirse más atraído por la figura de Lijo, en la bancada advierten que la decisión será de todo el bloque y no habrá espacio para el libre albedrío. La mayoría sospecha, sin embargo, que es "humo" y que si el oficialismo hubiera querido realmente negociar --Lijo a cambio del acompañamiento de Mansilla, por ejemplo-- les hubiera consultado antes. No son pocos los legisladores que, incluso, sospechan que el verdadero objetivo de Milei es enviarle una advertencia a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz (los dos jueces que vienen manejando la mayoría de la Corte hace años).

El radicalismo, mientras tanto, advierte que ellos tampoco están del todo convencidos. Golpeados aún por la fractura interna que representó el voto en contra al DNU de Martín Lousteau, el bloque radical envió algunos mensajes de que no estaba conformes con los nombres. Puntualmente el de Lijo. Sin embargo, las voces que salieron públicamente a manifestarse en contra optaron por cuestionar que se continuara sin designar mujeres en la Corte Suprema. "De los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, solo 3 fueron mujeres. Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García-Mansilla, Argentina no debe liderar ese retroceso democrático en la región. Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: Postule, como corresponde, una mujer a la Corte", cuestionó la diputada Carla Carrizo, que integra Evolución (y responde políticamente a Lousteau).

Quien salió fuerte contra Lijo fue la Coalición Cívica, que directamente anunció que impugnarían su pliego. "No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones", cuestionó Maxi Ferraro, quien denunció la existencia de un "pacto de impunidad" entre el Ejecutivo y el kirchnerismo, a quienes acusó de "amparar a Lijo en el Consejo de la Magistratura todos estos años". Más allá de las explosiones, sin embargo, la CC no cuenta con senadores propios por lo que no tendrá mucho poder de fuego en la Cámara alta.

Los aliados, mientras tanto, piden tiempo. Todavía están intentado acomodarse a la sorpresa (y a lo que significa). Lo cierto es que, antes de avanzar con los candidatos para la Corte, la comisión de Acuerdos del Senado deberá reunirse para avanzar en los nombramientos de más de 100 cargos que aún están sin cubrir en el Poder Judicial. La reunión será este jueves a la mañana y se espera que varios senadores caigan con preguntas sobre la Corte que ni el oficialismo ni Guadalupe Tagliaferri (PRO), presidenta de la comisión, podrán responder.