El gobierno nacional está evaluando incorporar en el proyecto de Ley Ómnibus la reforma laboral que hasta ahora formaba parte del DNU, y que en este momento está sin vigencia frenada por amparos judiciales.

Lo haría con algunas modificaciones en puntos que generaban resistencias, como aquellos puntos vinculados a la prohibición de la protesta o al aporte solidario de los sindicatos. Si la Ley es aprobada, La Libertad Avanza se aseguraría la vigencia de casi la totalidad del Decreto 70/2023 que --como todavía no fue rechazado en Diputados (solo en el Senado)--, sigue válido, salvo aquellas partes que están trabadas por la Justicia, como la reforma laboral.

Según comentan en Balcarce 50, la idea de incorporar el capítulo de reforma laboral en el nuevo proyecto de Ley Bases habría sido sugerida, en principio, por el bloque de la UCR. "Fue un pedido explícito de ellos", dicen. Desde el Gobierno confirmaron a Página12 que esa es la idea que empezó a tejerse tras una reunión que el jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos tuvieron con el presidente del bloque en diputados de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, Silvina Giudici, Silvia Lospenato y el presidente de la Cámara de diputados, Martín Menem.

En ese encuentro la oposición amigable de JxC también propuso otra alternativa: que también podía presentarse, si no querían incorporar el apartado laboral a la Ley Bases, un proyecto en la misma línea presentado por Ritondo y aún cuenta con estado parlamentario. "Dijimos que nos parecía importante que, cuando se trate el dictamen en el plenario de la Ley de Bases, se incorpore este capítulo y les pareció bien", expresaron los legisladores al salir. "Vamos a avanzar en el dictamen", adelantaron. Además de los diputados, Francos y Posse, estuvieron sus segundos: Lisandro Catalán y José Rolandi; el titular de la Cámara Baja y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Más allá de contar con el apoyo de JxC, el Gobierno también contaría con el de la UCR, sin embargo, todavía restan definir los detalles de cómo se hará la incorporación de ese apartado laboral y si tienen el consenso necesario con el resto de los bloques para lograr la aprobación. En el oficialismo estiman que la nueva Ley Bases --con la reforma laboral incluida--, junto con el paquete fiscal, sería presentada en el Congreso el 17 de abril y que llegaría al recinto el 24. 

Las negociaciones por el resto del proyecto de Ley Ómnibus --que el Gobierno insiste en denominar "Bases"-- siguen al rojo vivo, especialmente con los gobernadores. Del paquete fiscal, el principal punto conflictivo en este momento es la restitución del impuesto a las ganancias. Este lunes, el ministro Francos se iba a reunir con los gobernadores de Juntos por el Cambio para conversar sobre el tema, pero por cuestiones de agenda el encuentro con los diez mandatarios provinciales del espacio se postergó para el 4 de abril. Sólo se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a las tres de la tarde y antes de la reunión con los diputados del espacio que comenzó pasadas las 16. 

El martes, en tanto, el titular de Interior viajará a Salta a reunirse con los gobernadores del Norte grande. Allí verá a otros 10 mandatarios: Raúl Jalil de Catamarca; Leandro Zdero de Chaco; Gustavo Valdés de Corrientes; Gildo Insfrán de Formosa; Carlos Sadir de Jujuy; Ricardo Quintela de La Rioja; Hugo Passalacqua de Misiones; Gustavo Sáenz, dueño de casa y uno de los gobernadores que está nucleando los encuentros. También estará Gerardo Zamora de Santiago del Estero y Osvaldo Jaldo de Tucumán. Después de eso, los que quedarían sin encuentro previsto con el ministro Francos --tras recibir el nuevo borrador de la Ley-- son: Axel Kicillof de Buenos Aires; Sergio Ziliotto de La Pampa; Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Martín Llaryora de Córdoba. 

"Los radicales no tienen muchas objeciones y los de Hacemos Coalición Federal tampoco", evaluaban en el Gobierno sobre el estado actual de las negociaciones respecto del avance de los acuerdos por la Ley Bases. "Con esta nueva versión del proyecto hubo etapas --dijeron--: primero nos reunimos con gobernadores y les presentamos el documento de tres páginas, después se les envió el borrador a ellos y también a los bloques". 

En esa línea, agregan que como el apartado de jubilaciones era uno de los que más ruido y problemas generaba, decidieron sacarlo y avanzar con el tema por decreto. El mayor conflicto ahora, dicen, es el regreso del impuesto a las ganancias porque los gobernadores del sur no quieren que se vuelva a implementar, mientras que la mayoría de los gobernadores del norte sí. 

Otro eje que podría generar rispideces son las privatizaciones. El número de empresas a privatizar se redujo. El proyecto original tenía 41 y el actual tiene 13. Los gobernadores de la Patagonia no están de acuerdo, por ejemplo, con la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). El eje de facultades delegadas, también de discusión, la Casa Rosada cree que podría avanzar tal como está ahora, es decir, por un año. "Hay un modo distinto a la vez anterior. Antes se llegó al Congreso con una Ley mucho más amplia y cerrada. Ahora está más reducida y con trabajo previo", se ilusionan desde La Libertad Avanza. 

En la previa del evento que mañana compartirá Francos con los gobernadores del norte grande en Salta, el mandatario de esa provincia, Gustavo Sáez, salió a dejar un mensaje.  “No nos pueden quitar las obras gestionadas y conseguidas. No son caprichosas, son necesarias”. Por último, puntualizó: “Tenemos necesidades postergadas en un país que es federal sólo en la Constitución. Somos diez gobernadores peleando por los mismos intereses, que son las de la gente y no los de la política”.