Lo que está mal, está mal para todos. Es una premisa que quedó suspendida en este país donde la justicia cedió casi totalmente a los intereses políticos. Pero se equivocan aquellos que piensan que estos son males con sede en Comodoro Py, donde se ventilan las causas de altos ex funcionarios nacionales a los que se les imputan delitos de corrupción. El esquema se repite también en Santa Fe aunque a otra escala, por supuesto. Esta semana fue muy ilustrativa al respecto, cuando un jefe de fiscales le ordenó a un fiscal subordinado abandonar dos causas emblemáticas que llevaba adelante: Las investigaciones por los llamados "Corral Papers" en los que un consorcio de periodistas santafesinos descubrió una red de organizaciones sociales que recibían dinero del gobierno municipal de Santa Fe desviado luego a campañas políticas. Y la imputación contra un ex comisario sospechado de corrupción en una causa en la que apareció una escucha entre el cuestionado jefe policial y un funcionario del ministerio de Seguridad de Santa Fe, donde le indicaban qué tenía que hacer si quería avanzar en su carrera.
El gobierno de Santa Fe y el poder judicial de la provincia deben pensar que todos los santafesinos somos tan estúpidos como para creer que corrieron al fiscal Roberto Apullán de estas causas porque crearon una unidad especial para que se haga cargo de estos delitos. Es al menos lo que dijo el jefe de los fiscales Carlos Arietti, que le ordenó a Apullán dejar las investigaciones.
Apullán había ordenado el allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe por el caso de los Corral Papers en medio de la campaña politica. El hecho fue celebrado en ese momento en privado por el Frente Progresista, es decir los principales adversarios políticos del intendente macrista. Pero pasada la elección -donde el candidato de Corral fue ampliamente derrotado por el postulante del Frente en la ciudad capital‑ parece que se perdió el interés por averiguar realmente qué pasó con esos fondos públicos.
En la otra causa, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro actuó como Elisa Carrió respecto de Mauricio Macri en los Panamá Papers. "Yo vi todos los papeles y el presidente no tiene nada que ver con este tema. Está todo en orden", dijo la diputada de la Coalición Cívica. El ministro santafesino aseguró públicamente que "ni yo, ni ningún otro funcionario de este ministerio estamos involucrados en algún ilícito". Listo, caso cerrado. Todos nos quedamos más tranquilos.
Pullaro hizo la aclaración respecto de la causa que investigó Apullán por el ex comisario Rodríguez acusado de cohecho en sus funciones. Cuando el fiscal avanzó, se topó con una escucha telefónica en la que el policía corrupto hablaba con un alto funcionario de Seguridad que le daba recomendaciones para ascender en su carrera. Por eso pasaban los días y el fiscal no podía imputar al comisario, ya que se tendría que dar a conocer la comprometedora escucha. Por eso le sacaron la causa y nunca se conocerá el contenido de esa grabación. Pero ya Pullaro nos ha tranquilizado a todos. Para qué investigar, ¿no?
Es sumamente complicado creer que en este marco hay alguna chance de combatir efectivamente la inseguridad. La ambiciosa reforma procesal penal que encaró Santa Fe trajo más agilidad a las causas y le dio un rol preponderante a los fiscales a cargo de las investigaciones. Pero también puso de manifiesto la densa trama que se mueve en la justicia cuando se topa con "causas sensibles" para el poder.
Los jefes de los fiscales, en general, llegan al puesto tras un largo recorrido político. Cuando están en esos cargos, entonces, suelen defender más a los sectores que lo llevaron a ese puesto que a sus subordinados que son presionados de distintas maneras.
El caso del fiscal Apullán no es el único. Sin especificar causas, otros fiscales como Sebastián Narvaja, Adrián Mac Cormack y Gustavo Ponce Asahad sufrieron en carne propia las consecuencias de enfrentar directamente al poder mediante alguna investigación sensible. Y también vieron cómo sus superiores evitaron ponerse de su lado en la disputa.
El futuro ya llegó
Esta semana comenzó a verse en Rosario y la zona por dónde pasarán las consecuencias de una reforma laboral que lime los derechos de los trabajadores y flexibilice las condiciones de empleo. Unilever comunicó el despido de 65 de sus obreros para reordenar su planta de Villa Gobernador Gálvez, donde principalmente elabora jabones de tocador de distintas marcas. El Sindicato de Jaboneros cree que se trata de un ardid para contratar más barato: "Saben que se viene una reforma laboral, entonces quieren echar a los empleados con mayor antigüedad y volver a contratar gente con los contratos basura que se vendrán", razonaron los dirigentes gremiales del sector.
Además, Unilever tiene plantas elaboradoras en Brasil, donde ya opera una reforma laboral consideraba brutal hasta por los sectores más cercanos al gobierno de Macri. Trasladar parte de la producción al vecino país también significaría un ahorro grande para la firma que el año pasado facturó en la Argentina unos 24 mil millones de pesos.
El otro caso es SanCor. La cooperativa que viene a los tumbos desde hace tiempo recibirá una inyección de 250 millones de pesos de parte del gobierno nacional pero sólo si firma un acuerdo laboral al estilo Vaca Muerta. Esto es bajar los aportes patronales al gremio, bajar el costo de las horas extra y asumir algún grado de multifunción de los trabajadores en las distintas etapas de la producción. Ese es el modelo que pretende el gobierno trasladar a todas las ramas de la producción, y por lo que se escuchó hasta ahora de parte de los principales jefes de la CGT nacional, no se nota demasiado ánimo para la resistencia. Más bien todo lo contrario.
Particularmente, las negociaciones por SanCor las pilotea el propio secretario de Políticas Públicas del gobierno nacional, Gustavo Lopetegui. El funcionario de extrema confianza del presidente es además un empresario lácteo que pasó de vaciar a la vieja Milkaut a fundar Pampa Cheese, con lo que -como patrón- él también gozará de los beneficios producidos por la reducción de derechos en los acuerdos laborales de los trabajadores lácteos.
