“El día que se nos endurezca tanto el corazón, que no tengamos sensibilidad para estos hermanos y hermanas que quedan sin trabajo, ese día no nos podemos llamar cristianos” afirmó en su mensaje pascual Oscar Ojea, Presidente de la Conferencia Episcopal. El obispo aludió directamente a quienes acuden a las autoridades religiosas buscando contención, una situación que se multiplica a lo largo y ancho del país desde comienzos del año y que la jerarquía eclesiástica registra cada día con mayor intensidad. La presión es mayor en las ciudades más pequeñas y del interior del país donde los obispos son más próximos a la población. Otros miembros de la jerarquía están más cerca de los padecimientos que sufren las personas ya sea por vocación personal o por la responsabilidad que tienen en las cuestiones sociales en el marco de sus funciones en el episcopado.
La preocupación no es solo de la jerarquía eclesiástica; también entre sacerdotes, laicas y laicos. Las parroquias, las capillas son un termómetro sensible –lo han sido siempre– de la situación social, de los padecimientos no solo de sus feligreses sino también de quienes, sin serlo ni estar identificados con el catolicismo, encuentran en esas comunidades un espacio de contención y acogida. La estructura capilar de la Iglesia hace que esta inquietud se traslade vertical y horizontalmente a todo el cuerpo.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz lo reflejó en el documento del 20 de marzo en el que además denunció “insensibilidad social, cultura del odio e individualismo” . No son los mismos términos pero hay una perspectiva similar a la ahora expresada por Ojea. Justicia y Paz hizo un durísimo diagnóstico del daño social que se está causando pero alertó además sobre lo que también se recibe como mensaje en la base eclesial: “se refleja un apoyo a la actual gestión por parte de sectores de bajos ingresos, o incluso afectados en forma directa por la inflación y recesión además de los expresos apoyos de sectores de mayores recursos, encabezados por las cámaras de las grandes empresas”. Son dos caras de la misma realidad advertida por la Iglesia.
Para el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, “la Iglesia tiene que estar al lado de los pobres y acompañarlos. Los políticos tendrán que pensar las políticas económicas junto con economistas que sepan del tema”. Y envió un mensaje a la dirigencia: “Hay que empezar a cambiar el propio corazón y decir 'me junto con el distinto porque en definitiva también quiere un mundo mejor'”.
El obispo Eduardo García, de San Justo, habló sobre la situación social, pero en particular en relación a la violencia. ”La comunidad sufre un nuevo calvario con nuevos Herodes que buscan su propio interés unidos a nuevos Pilatos que miran para un costado y se lavan las manos”. Y se preguntó “¿Hasta cuándo?” Porque “si no hay respuestas que abran horizontes corremos el riesgo que la comunidad, que las familias de todos aquellos que buscan una vida buena y digna decidan hacer justicia por sus propias manos, y que el cansancio de los buenos lleve a una guerra entre hermanos, una guerra entre pobres”. Ese mismo interrogante sobrevuela en el ambiente de la Iglesia en todo el país.
La relación entre la jerarquía eclesiástica y Milei no se inició de la mejor manera. La Comisión Ejecutiva del episcopado le solicitó audiencia al Presidente en diciembre apenas asumió su mandato. El encuentro se fue dilatando con distintas excusas formales desde el gobierno. Sin diálogo directo, el 6 de febrero la Comisión Ejecutiva del episcopado advirtió en una declaración que “la comida no puede ser una variable de ajuste”. Apenas el 12 marzo los obispos fueron recibidos por Milei en Casa Rosada. Ambas partes señalan la “cordialidad” del diálogo. Los obispos plantearon su “preocupación por la situación económica, especialmente en aquello que tiene que ver con la contención de aquellos sectores vulnerables que sufren” . La Comisión Ejecutiva le expuso al Presidente lo que en esos mismos días habían aportado los obispos de todo el país en la Comisión Permanente. El Presidente escuchó, exhibió sus conocidos argumentos y derivó los reclamos a la ministra de Capital Humano. Los obispos salieron de la reunión convencidos de que, más allá de la cordialidad, nada se avanzó en términos operativos hacia la solución de los problemas.
Antes algunas diócesis hicieron punta en el reclamo a través de sus comisiones de Pastoral Social. Fue el caso de Merlo-Moreno y de Quilmes . Esta última denunciando directamente “un nuevo plan sistemático”. Se sumó Catamarca para advertir que “el 'déficit cero’ no debe ser el principio organizador y ordenador de la economía de la sociedad, sino las necesidades básicas de las personas, especialmente de las más desvalidas y frágiles”.
Desde otro lugar en la misma Iglesia y con ocasión de la celebración litúrgica del Domingo de Ramos, los Curas en la Opción por lxs Pobres advirtieron que “la pasión también sucede hoy” y acusaron a los funcionarios de “negadores de humanidad”. El 24 de marzo ese mismo grupo recordó en Plaza de Mayo a los mártires cristianos y el jueves santo se hizo presente solidariamente con los trabajadores de Telam. Los curas celebraron allí la eucaristía y, siguiendo el rito previsto para esa fecha, lavaron los pies de quienes estaban acampando para exigir que se mantengan sus puestos de trabajo.
Nada de esto está desconectado de las intervenciones sobre Argentina que desde Roma hace Francisco. Bergoglio recibe información permanente de lo que sucede en el país y se expresa en sintonía con la Iglesia local cuando lo estima conveniente.
Lo reseñado no da cuenta de todas las manifestaciones. Son más quienes desde las filas católicas –también de un sector de comunidades evangélicas- recogen el malestar y advierten sobre la gravedad de la crisis. Los mismos registran también que el gobierno sigue manteniendo apoyo en parte de niveles medios y populares.
Como en otros actores sociales en la Iglesia hay también incertidumbres respecto de qué hacer y qué impulsar además de mantener solidaridad con las víctimas. En los niveles jerárquicos se cuidan las palabras para no romper eventuales puentes de diálogo, reservando así la posibilidad de actuar como mediadores ante un agravamiento de la situación. En la base hay menos atención sobre este punto y se opta por una postura más “profética” de denuncia acerca de la violación de derechos, mientras se demanda que los obispos se expresen en línea similar.
Para unos y otros, la pregunta sigue siendo ¿hasta cuándo?
