En esta suerte de “reino del revés” que estamos viviendo en el escenario político argentino, la pregunta sería ¿hacia dónde vamos? Ni siquiera quienes dicen respaldar la gestión del presidente Javier Milei (casi la mitad de la población según buena parte de las encuestas) tiene claridad acerca del rumbo que tomará el país. Se aferran a expectativas positivas en un futuro no claramente establecido temporalmente y para hacerlo se apoyan en argumentos tales como “es lo que había que hacer” o “era la única salida”. Recesión con ilusión.
En este sector no hay (por lo menos hasta el momento) lugar para la duda. Esto a pesar de que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios comienza a convertirse en la cuestión que mayor inquietud causa en las personas porque la economía hace cada día más difícil “llegar a fin de mes”. Esta preocupación desplaza incluso a la inflación, la seguridad y la corrupción.
Parte del “éxito” del gobierno de Milei es haber destrozado la mayoría de los parámetros que (mal o bien) ordenaban la convivencia entre argentinas y argentinos. El Presidente hace hasta lo imposible por quebrar el sentido ordenador de la vida cotidiana y en ello va, de modo central, la idea de que “el Estado es una asociación criminal”. Dada por cierta, esta premisa sirve de coartada para el desguace y todo lo demás que se haga encuentra justificación: los despidos indiscriminados de empleados públicos, la desarticulación de políticas públicas que venían sosteniendo derechos y garantías, las ofensas a presidentes de otros países latinoamericanos sin importar las consecuencias, pero también los alineamientos incondicionales con Estados Unidos a cambio de nada o la genuflexa actitud frente a las reiteradas humillaciones que el Reino Unido de Gran Bretaña ejerce sobre nuestro país y su soberanía.
En el escenario de desconcierto en el que vive parte de la ciudadanía argentina se oyó reflexionar en medio de una marcha de protesta –de esas que crecen y se multiplican cada día más aunque se las reprima y trate de ocultar– que el nuestro es “un país sin lógica”.
Si en este caso por “lógica” se comprende una forma de organizar la vida en sociedad, habría que decir que lo que intenta Milei es destruir una manera de vivir que las argentinas y los argentinos han tratado de construir –con falencias y limitaciones– desde la recuperación de la democracia hasta aquí.
La intención habría sido provocar esa demolición de manera vertiginosa para abolir lo anterior haciendo “borrón y cuenta nueva”. Así lo soñó Milei y por eso se queja porque desde “la política” (así sea como mínimo reflejo de autodefensa) se traban parte de sus reformas.
Pese a la débil resistencia que ofrece la oposición política, el gobierno de LLA ejecuta un brutal ajuste que, en primer lugar, afecta la economía doméstica de la mayoría de la población y genera una inmensa transferencia de recursos hacia grupos concentrados de poder económico. Para ello se echaron por tierra conquistas logradas durante años por grupos y sectores con el insostenible argumento de que todo es corrupción y privilegios de “la casta”. Todo vale para lograr “déficit cero”.
Para Milei no existen las normas y no le importan las formas. En ese “país sin lógica” no hay leyes que no puedan violarse (ni siquiera la Constitución Nacional) y límites que no puedan transgredirse. Tampoco hay apego a la verdad de los hechos: la mentira es parte integral del relato presidencial, de sus colaboradores más cercanos y cotidianamente del vocero Manuel Adorni.
Lo que pretende Milei es correr los límites… siempre hacia la derecha… naturalizarando las transgresiones. Entonces no importa que se violen las leyes (porque son “para mantener los privilegios de los corruptos”), no interesa la división de poderes establecida constitucionalmente (porque los legisladores son “ratas” y forman parte de “la casta”). Lo sucedido en la embajada mexicana en Quito es un buen ejemplo de hasta dónde pueden llegar los gobiernos de ultraderecha. Con la misma lógica, el Estado no tiene que asumir responsabilidades de salud pública ante la epidemia de dengue con saldo de muertes y tampoco hacerse cargo de las personas que, estando en condiciones de vulnerabilidad, no pueden pagar la asistencia de salud que les garantice la vida.
En este listado no debería omitirse que, mientras el Gobierno recorta las jubilaciones, hace todo para empobrecer a los argentinos y enarbola su particular concepto de la libertad, se niega a homologar acuerdos paritarios en alza como el logrado por el gremio de Camioneros. Allí el criterio de libertad y el acuerdo entre privados no rige. Cepo al salario.
Sí es pertinente que el oficialista diputado nacional Alberto Benegas Lynch (LLA) sostenga que no tiene sentido que la educación sea obligatoria porque “la libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”. Mientras tanto, iniciado el ciclo lectivo el Gobierno posterga la compra de libros escolares. Que estudie quien tiene plata, los demás no cuentan ni interesan.
Se sigue corriendo el límite y naturalizando la pérdida de derechos. Este desplazamiento también incluye rendirle pleitesía a la generala Laura Richardson y propiciar acuerdos desconocidos con Estados Unidos mientras los medios de comunicación aliados “alertan” sin un solo dato sobre el supuesto riesgo de una “base militar china” en Neuquén, siendo que ese emplazamiento fue en su momento autorizado por el Poder Legislativo, tiene fines probadamente científicos y mantiene sus puertas abiertas para los periodistas que quieran visitarlo. La doble vara es parte de la misma estrategia: por un lado se desinforma y por otro se acusa falsamente.
A propósito, se podría agregar la pregunta acerca de la presencia de militares de Estados Unidos en el control del río Paraná, por donde circulan gran parte de las exportaciones argentinas. O transparentar si en el diálogo con Richardson y el embajador Marc Stanley entró también en juego cómo hará Estados Unidos para sacar provecho de las reservas argentinas de litio.
Se podría seguir casi hasta el infinito con la enumeración. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si en la oposición que se dice democrática (partidos, organizaciones de todo tipo) hay percepción del avasallamiento de derechos en el que se está incurriendo mientras se corren las fronteras y se saltan todos los límites. Si existe conciencia de que, derribadas determinadas barreras y sometidos los derechos, la reconstrucción será larga y dolorosa. Si tal conciencia no existe es grave, porque “están viendo otra película”. Tan o más peligroso sería que, teniendo conciencia, la dirigencias sigan haciendo cálculos y especulando más en su autopreservación que en la salvaguarda de los derechos básicos y colectivos. Es lo que parece estar ocurriendo. Las negociaciones secretas, las críticas en voz baja o el silencio ante los atropellos y la fragmentación en las iniciativas de reivindicación no son buenas consejeras. Eso sin perder de vista que “nadie se salva solo”. Tampoco la dirigencia.
El límite llegará entonces cuando la paciencia de las víctimas le ceda lugar a la desesperación. En ese momento ya no habrá tiempo para nada y las consecuencias serán imprevisibles.
