"Los pibes que tenían una changuita en la panadería van a la esquina y ahí entran en la mala" 

“Nosotros queremos trabajar en conjunto, no queremos solo ir con nuestra idea, queremos sentarnos con el Gobierno nacional y buscarle la vuelta porque nos están haciendo mierda.” Textual. La síntesis que expone Martín Pinto responde a las facturas de electricidad que llegaron a las panaderías de los barrios. Al frente del Centro de Panaderos de Merlo, explica que, desde diciembre, el consumo cayó un 45 por ciento y el cierre de comercios le trae, ante todo, una preocupación: “Los pibes se vuelven soldaditos de la falopa”.

“Las políticas de Javier Milei están matando a las pequeñas PyMEs, a eso súmale que quitan programas sociales, entonces los pibes que tenían una changuita en la panadería van a la esquina y ahí entran en la mala porque los pibes de algún lado tienen que sacar la platita”, dice Pinto a Buenos Aires/12.

Y agrega: “Llevan a potenciar la falopa en la calle”.

Tras varios intentos de ponerse en contacto, la Secretaría de Comercio de la Nación los convocó a una reunión. Primero, indica, le deben presentar cuáles serán los temas a conversar porque, según les informaron, el encuentro tendría integrantes de todas las áreas del gobierno involucradas en el pedido.

Lo inmediato está alrededor de la energía. “A algunos panaderos que les venía 150 mil pesos de luz les llegó una factura de 340 mil pesos”, apunta Pinto. Y detalla la consecuencia: “Te empezás a achicar, nos obligan a suspender gente, porque el pastelero que venía todos los días pasa a venir tres veces por semana, y al ayudante lo traes dos días o le decís que no venga más”.

El combo del incremento en los servicios, los alquileres y los costos en las materias primas hizo que varios panaderos cierren sus locales y se instalen en sus casas a fabricar pan “sin empleados”.

Un futuro con pocas esperanzas

En una charla con este medio a fines de enero, Pinto aseguró que habían cerrado, desde el 10 diciembre, 32 panaderías en la provincia de Buenos Aires y 121 en todo el país. No cuenta con el número actualizado a nivel provincial, pero a nivel nacional la cifra ascendió a 167.

“Por más chica que sean, una panadería ocupa cuatro personas y eso son cuatro familias que cuando cierran ¿qué hacen?”, se pregunta.

En este marco, y en conjunto con los centros de panaderos de Marcos Paz, Las Heras, Moreno, General Rodríguez, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Quilmes, Florencio Varela, y San Pedro, entre otros, lanzaron un comunicado que habla de una “crisis terminal” para el sector y que “están al borde de la desaparición”.

“Nos vino más del doble de luz, se habla de que el gas puede tener una suba del 500 por ciento, la verdad que a este paso los panaderos no duran más de seis meses, o incluso menos”, advierte Pinto.

El dirigente que representa a más de 700 panaderías de Merlo, remarca que la devaluación orquestada por Luis “Toto” Caputo a menos de una semana de asumir al frente del Ministerio de Economía cambió todo. “La verdad que desde que ganaron se empezó a descajetar todo”, señala.

La ecuación que indica Pinto se enmarca en la materia prima. La bolsa de harina de 25 kilos que en diciembre valía menos de 9 mil pesos, para enero ya costaba 15 mil, siendo el único costo que transitó febrero y marzo sin aumentar. “Pero el cajón de huevos que enero valía 30 mil pesos, en diciembre costaba 8 mil, y ahora pasó a 55 mil”, cuenta.

Los aumentos también alcanzaron a la margarina, que en enero ya había tenido un salto feroz de 15 mil pesos a 53 mil por la caja de 25 kilos, pero que en abril ya sale 90 mil pesos.

“Todo esto hay pensarlo con el aumento del combustible que encarece todo, porque todo se maneja con fletes”, remarca Pinto.

Para el titular del Centro de Panaderos de Merlo, el objetivo del Gobierno nacional es “desaparecer a una clase social”. “Todo eso del shock y el derrame es un verso”, señala. Y agrega: “Van a quedar sólo los pudientes por un lado y después los indigentes”.

Sostiene que la esperanza es lo último que se pierde, pero “como vamos hay poca esperanza que valga”. No deja pasar por alto lo que significa el cierre de una panadería, donde el dueño cuando se funde “tiene que pagarles a los empleados y para eso tiene que vender todas sus máquinas y eso no lo puede comprar nunca más”.

El pedido a la dirigencia política

Pinto se identifica como peronista, pero resalta entiende que lo que él piensa "no ayuda a los panaderos". "Yo tengo que trabajar con los de Milei, así como si tengo que trabajar con los del PRO lo haré porque tengo que pensar en los panaderos”, explica. 

Pero aclara: “Los que se quejaban el año pasado, que todos sabemos que la cosa era difícil, pero que se iban dos veces de vacaciones y cambiaron algún vehículo, se los digo en las reuniones”.

Pide que los municipios aumenten los controles sobre la producción clandestina de pan y el ingreso del pan congelado producido por grandes companías. “Muchos intendentes dejaron entrar lo congelado, y hoy en Merlo, por ejemplo, nos entran 15 mil kilos de pan por día desde otros distritos y pensá que por cada 150 kilos de pan que se produce es un puesto de laburo más, así que estamos evitando que se generen cien puestos de laburo en Merlo”, remarca.

En relación al informe que pretenden llevar a la Secretaría de Comercio, Pinto marca como prioridad la necesidad de segmentar las tarifas eléctricas y que existan beneficios para las panaderías de barrio que tienen hasta siete empleados. “Te piden que bajes los costos y ellos te aumentan más de un cien por ciento la luz”, dice.

Hoy el kilo de pan se mantiene en 1.800 pesos pero a 2.200 en las zonas céntricas por los precios de los alquileres. “Debería costar, al menos, 2.300 pesos en general como para paliar los costos”, advierte Pinto.

Otro de los ejes que esperan tratar es el retorno del FETA, el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, uno de los 29 fondos fiduciarios que fueron cancelados con el objetivo de achicar el gasto del Estado nacional. Esta era una herramienta que le permitía a la Secretaría de Comercio actualizar el valor de la harina subsidiada cada tres o más meses.

También, explica Pinto, solicitarán que “nos den una ayuda con la carga social de la gente, porque hoy un empleado que cobra 470 mil pesos de básico tiene de cargas sociales otros 370 mil pesos más, que con el desplome del consumo se hace imposible afrontar”.