Los trabajadores y trabajadores de la Línea 137 denunciaron su preocupación por la continuidad del programa luego de sufrir más de veinte despidos de integrantes del equipo de trabajo desde el mes de diciembre hasta ahora. “Al igual que en muchas otras áreas del Estado, estamos sufriendo los despidos de muchas trabajadoras y trabajadores con años de experiencia y especialización. Su ausencia nos afecta no solo porque son nuestros compañeros, sino también porque perjudica nuestra capacidad para continuar sosteniendo la atención de la Línea. Por eso pedimos su reincorporación y el cese de los despidos”, sostuvieron en un comunicado.

El programa, que depende del Ministerio de Justicia, funciona 24 horas al día los 365 días del año desde el 2006. Cuenta con dos líneas telefónicas gratuitas, la línea 137 en CABA y la 0800-222-1717 de alcance nacional, y la posibilidad de contactarse por escrito a través de Whatsapp. La misma está destinada a brindar asistencia a víctimas de violencia familiar y/o sexual y de grooming y asesoramiento en cuestiones legales para asegurar el acceso a los derechos a través de la red de Centros de Acceso a la Justicia. Está integrado por un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales del Programa “Las Víctimas Contra Las Violencias”, y paralelamente, de un equipo especializado de abogadas y abogados que dan asesoramiento de forma personalizada. Cuando ocurre una situación de emergencia en el ámbito de CABA, intervienen los Equipos Móviles que acuden al lugar del hecho para brindar información y acompañar a la víctima si decide hacer una denuncia. 

Laura Boggon, trabajadora de la línea 137, se refirió a la situación de los trabajadores despedidos y en diálogo con Página 12 advirtió: “En un contexto donde ya veníamos con una escasa cantidad de profesionales para la demanda que tiene la Línea, los 20 despidos que sufrimos de compañeros y compañeras nos pone en una situación crítica y en estado de alerta porque no sabemos cómo va a seguir funcionando el programa o mismo si es que va a poder continuar”. Y agregó: “Quedamos cuarenta y ocho profesionales conformando los equipos de atención al teléfono, pero esperando que lleguen nuevas notificaciones, porque sabemos que esto lejos de estar terminando esto recién empieza”.

El sistema de comunicación de los despidos no fue diferente a las situaciones que se vivieron en diferentes organismos estatales en los últimos meses. “Fue muy violento --contó Boggon--. A los primeros 8 se les informó el 29 de diciembre que sus contratos finalizaban sin renovación por una notificación en el sistema que usamos para trabajar, no se acercó ninguna persona”. Para los otros trece despedidos, Boggon advirtió que “ni siquiera hubo una notificación fehaciente”. 

El 27 de marzo, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó el despido de 15 mil estatales, los trabajadores de la Línea estaban esperando las notificaciones que no llegaron. “Fue recién el 28 --detalló--, cuando comenzó el feriado de semana santa, que circuló por Whatsapp un listado con una nómina de gente y un texto que decía que a las personas que estuvieran allí se les iba a prorrogar el contrato existente hasta el 30 de junio. Después, otros se enteraron directamente el 3 de abril cuando intentaron loguearse en el sistema y les apareció que su usuario estaba inhabilitado. Los que quedamos con contrato prorrogado igual estamos en un estado de precariedad total porque esto no quita que no puedan prescindir de nuestros servicios antes”.

“Fueron situaciones muy violentas donde uno tenía que estar buscándose en una lista de gente para ver si tuvo suerte o no y todos los días pasamos un momento de estrés al ingresar al sistema porque no sabemos si nos va a dejar entrar o nos va a llegar la notificación de despido", explicó la trabajadora de la 137.

“Nos preocupa muchísimo la continuidad del programa y la situación de los compañeros y compañeras, la mayoría de ellos con antigüedades de más de 15 años en el programa, que se quedaron sin su fuente de trabajo”, sostuvo Boggon y agregó: “En este sentido, entendemos al programa como una política pública más que está peligrando, en un contexto donde el fin último de este Gobierno es retirar al Estado de los lugares donde estaba presente”.