Este año, la mayor cantidad de intervenciones individuales del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Salta tuvo relación con la falta de acceso a la salud de los internos e internas, por la falta de medicamentos o acceso a prestaciones médicas e intervenciones quirúrgicas. También hubo intervenciones en casos de maltratos, de exceso de aislamiento, por amenazas y la falta de acceso a beneficios. 

En la presentación del informe anual 2023 de la actividad de este organismo, su presidente, Rodrigo Solá, indicó que relevaron situaciones de discriminación por motivos de género y "medicalización forzada sobre todo en el caso de mujeres". También recibieron denuncias por la falta de contacto de las personas privadas de la libertad con sus defensores.

Solá explicó que el informe busca visibilizar el trabajo realizado y dar a conocer el diagnóstico sobre la situación carcelaria en la provincia frente a la cual esperan contribuir para pensar en el desarrollo de políticas públicas concretas y eficientes. 

"Intentamos también que todas nuestras intervenciones sean con enfoque de derechos humanos y que sean sensibles al género y a las diversidades, a la interculturalidad, a los derechos de las infancias, de las personas con discapacidad, como eje transversal en todas las acciones que vamos implementando", dijo.

Además de monitorear las instituciones de contextos de encierro, el Comité asiste casos individuales y ha avanzado en la creación de una guardia con un número telefónico disponible y un canal de denuncia en su página web. 

"El año pasado pudimos realizar 18 monitoreos integrales, pudimos visitar todas las unidades carcelarias, los dispositivos de jóvenes, 3 comisarías y el hospital (de Salud Mental) Ragone", detalló el presidente del Comité. Además señaló que el organismo se presentó como querellante en causas penales, con amicus curiae y como observadores en algunos juicios e hizo observaciones sobre normativas vigentes.

Resabios de la dictadura

Solá explicó que el Comité tiene un espacio de trabajo sobre la memoria y la vinculación con la sociedad. "Entendemos nosotros que muchas de las prácticas que tienen que ver con violencia institucional son resabios todavía de tiempos anteriores de dictadura", sostuvo y por ello puso énfasis en la necesidad de "acompañar los esfuerzos para que el Nunca más esté siempre presente en la memoria colectiva". 

Por otro lado, indicó que intentan avanzar en la ampliación de la conformación del equipo técnico del Comité, que hoy cuenta con 7 personas para toda la provincia. 

En este contexto, resaltó la recomendación hecha a la provincia para modificar o derogar la ley orgánica del Servicio Penitenciario creada durante la dictadura.

"Creemos que el sistema penitenciario tiene que avanzar hacia un organismo auxiliar de la justicia, profesionalizado, técnico. En esto estamos en permanente diálogo con el Ministerio de Seguridad, entendemos que hay diferentes áreas que tienen que estar bajo las órbitas civiles, como educación, salud, y que inclusive la formación propia del Servicio Penitenciario debería estar a cargo de un instituto de formación del Ministerio de Educación", sostuvo Solá. Dijo que ya hicieron aportes técnicos a un pre proyecto del Ejecutivo en ese sentido.  

Sobrepoblación y hacinamiento

La abogada María José Castillo, del equipo técnico del CPT, expuso sobre la situación de sobrepoblación y hacinamiento de la provincia, no ajena a la realidad nacional. 

Castillo recalcó que al analizar el hacinamiento se debe tener en cuenta que el Servicio Penitenciario de Salta lo mide por la disponibilidad de camas. Esto repercute en que haya una diferencia enorme entre la capacidad declarada por las autoridades y la capacidad real que tienen los establecimientos carcelarios. Por eso, siguiendo los estándares mínimos de derechos humanos, el Comité midió las superficies de las celdas. "Había variación año a año sin modificación edilicia ni ampliación (en las cifras informadas por la provincia). Subían la capacidad de alojamiento por el ingreso de camas o colchones, esto agrava el hacinamiento", advirtió.

La capacidad declarada por las autoridades es 2.777 personas y las personas privadas de la libertad son 3.929, es decir que hay una sobrepoblación de 1.152 internos, "algunos más hacinados que otros". 

Pero, según los estándares mínimos recomendados por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, debería haber 6 metros cuadrados por persona. Es decir que la "capacidad real" sería de 1.529 personas privadas de la libertad y en la actualidad "hay 2.350 de más, en unidades donde no entran físicamente", indicó Castillo.

Es más, "En la Unidad Carcelaria N° 9 de mujeres de Orán ninguna celda mide 6 metros", "no se podría alojar ni una sola persona en una celda, y encontramos 4 o 5", agregó. "No reviste las condiciones mínimas", insistió.

Aunque no son aconsejables las celdas colectivas, en caso de implementarlas, "se recomienda no más de 25 personas", sin embargo, "hemos encontrado más en cada pabellón comunitario", aseguró Castillo.

Recordó que en 2022 se declaró la emergencia carcelaria provincial por tres años pero dijo que hasta el momento "no tuvo su impacto en políticas concretas", resaltó que vienen pidiendo la conformación de la comisión de emergencia.

Hubo proyectos de ampliación de las alcaidías de Salta y Metán, que el Comité consideró "insuficientes". Castillo precisó que la provincia tiene 8 establecimientos penitenciarios y 3 alcaidías, pero el 66% de la población penitenciaria se concentra en la capital salteña. 

Además, Castillo habló de condiciones denigrantes de la vida humana en los penales, donde no ingresa la luz natural, y las personas pasan gran cantidad de horas encerradas sin acceso a la salud, educación, ni recreación, en edificios con poca o nula desinfección. 

"Grave violación a los derechos humanos"

Fue especialmente impactante el informe de la abogada Tania Kiriaco, asesora legal del CPT, sobre la situación de las mujeres y personas del colectivo LGBTI. Señaló el doble estigma de las mujeres al romper con los estereotipos de esposa y madre protectora.

Hay 208 mujeres detenidas, 5,29% de la población carcelaria total; 81 están procesadas y el resto ya fueron condenadas. En cuanto a los delitos que cometieron, en el 75% tiene relación con el narcomenudeo e infracciones a la ley de estupefacientes.

Kiriaco resaltó que la cárcel de Orán, la UC N° 4 y la Alcadía de la ciudad de Salta, "son edificios que no han sido pensados para alojar a las mujeres". "En Orán, es una casa refaccionada, derruida, que no cumple con medidas de habitabilidad en las celdas", mientras que la Unidad 4 "es un anexo de la de varones, no cumple con las condiciones". Además, hay mujeres que maternan a sus hijos e hijas menores de 4 años de edad en espacios no aptos.

La abogada describió que la Alcaidía "es totalmente de chapa" y está al lado de la de varones. "Está en el predio del Centro de Convenciones, tampoco cumple con las condiciones mínimas" y la sobrepoblación es del 40 %, dijo. 

"Acá hay una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y a los derechos sexuales y reproductivos", dijo. Describió que los establecimientos son lugares precarios, abunda la suciedad, son nauseabundos, con mucha humedad, hongos en las paredes, hay insectos y alimañas, las celdas no tienen luz natural y tienen poca ventilación, "todo esto repercute en el cuerpo de las mujeres", advirtió.

En el caso de las mujeres que cuentan con asistencia médica ni psicológica, no cuentan con suficientes medios para su traslado. La falta de tratamientos psicológicos también es obstáculo para que puedan acceder a beneficios procesales. Además, "No tienen insumos para la gestión menstrual", señaló Kiriaco. 

Kiriaco también mencionó que hay mujeres adictas, "sin resguardo ni asistencia psicológica". Contó que hay una discriminación hacia las mujeres, "no pueden vestirse de negro, (no pueden usar) tacos altos, no pueden usar maquillarse". 

Asimismo, la abogada resaltó que faltan cupos para que las mujeres accedan a capacitación y los talleres que se ofrecen son de laborterapia, pintura, bijouterie, marroquinería, "hay un sesgo patriarcal en tanto refuerzan estereotipos de género y generan una posterior segregación", recalcó, mientras que a los varones se les ofrecen otras oportunidades. 

También dijo que las mujeres piden concurrir a las granjas penales pero no pueden porque estos dispositivos no están habilitadas para el género femenino. Las tareas intramuros son de limpieza y cocina y lo que cobran las mujeres "es la mitad del peculio que reciben los varones", un monto que "es irrisorio".

En cuanto al colectivo LGBTI, Kiriaco dijo que sufren discriminación y hostigamiento tanto por personal del Servicio Penitenciario como por sus propias compañeras. Contó que son sancionadas las muestras afectivas lésbicas y "para acceder a tener las mismas celdas se deben casar".

La vulnerabilidad se agrava para las mujeres indígenas. Faltan intérpretes, "no saben cuál es su situación procesal, no se pueden comunicar durante su estadía".