La funcionaria aeroportuaria que objetó el plan de vuelo de Lamia se refugió en Brasil mientras la Justicia boliviana le apunta en su investigación acusándola de “incumplimiento de sus deberes” y “atentado contra la seguridad de los transportes”. El ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, dijo que la empleada estatal salió ilegalmente del país y que corresponde la “expulsión inmediata” del país vecino.
Celia Castedo Monasterio es la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) de Bolivia que cuestionó el plan de vuelo de la empresa chárter y que ayer se presentó junto a su abogado en la ciudad brasileña de Corumbá –fronteriza con Santa Cruz de la Sierra– buscando información para tramitar un pedido de refugio.
Tras el accidente, Monasterio presentó un informe alegando que sus observaciones no fueron atendidas por la empresa y que, incluso así, la Aasana terminó autorizando el vuelo.
La funcionaria que quedó en la mira del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, fue suspendida de sus funciones por supuesta negligencia por el Ministerio Público boliviano.
En cuanto a su salida del país, el ministro Romero dijo que “no ha utilizado ningún punto legal de control migratorio, su salida del país ha sido ilegal, ha eludido los puestos de control migratorio” y es “un claro accionar dirigido a eludir la acción de la justicia”.
