El ex vicepresidente Amado Boudou se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, donde será indagado por Ariel Lijo, el juez federa que en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito que tramita hace cinco años ordenó detenerlo esta mañana con el argumento de que puede entorpecer la investigación y tras imputarle la cuestionada figura penal de la asociación ilícita.  En los tribunales federales de Retiro se encuentra el empresario José María Núñez Carmona, quien también prestará una declaración indagatoria. Luego, ambos serían trasladados al penal de Ezeiza.

Boudou fue detenido a primera hora de hoy en su departamento de Puerto Madero. Como parte del show que montó el Gobierno en casos similares, fue trasladado esposado, con un chaleco anti balas, y rodeado de efectivos hasta el edificio de Prefectura Naval, donde permaneció algunas horas, ya detenido. Además, en un hecho inédito, las fuerzas policiales y judiciales filtraron el video del momento de la detención, que rápidamente fueron replicadas por los medios oficialistas. 

Cerca del mediodía, el ex vicepresidente fue trasladado hasta el juzgado de Lijo, donde prestará su declaración indagatoria, en una polémica causa que, llamativamente, se aceleró  luego de que Lijo fuese denunciado esta misma semana por el macrismo en el Consejo de la Magistratura por cajonear causas de corrupción. Su decisión descolocó incluso al abogado denunciante, Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien reconoció que el ex vicepresidente siempre estuvo a derecho en la causa.

Además de Boudou y Núñez Carmona en la causa están involucrados Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López. Lijo acusa a los cuatro de “cometer delitos indeterminados” pero “con miras a la obtención de beneficios económicos”. La ex pareja del ex vicepresidente, Agustina Kämpfer, implicada también en el expediente, está  acusada de comprar un departamento por 120 mil dólares que no podría probar su capacidad económica para esa operación.

Lijo dice, en su fallo, que la detención se concretó porque Boudou tiene aún poder para obstaculizar la investigación. Según el juez, el ex ministro de Economía puede todavía hoy poseer “la información relevante, los contactos y la capacidad de acción” suficiente como “para evadir el accionar jurisdiccional, dificultar la producción de pruebas y el recupero de los activos por los que está imputado.

La denuncia en el Consejo de la Magistratura tras la cual Lijo ordenó la detención de Boudou la presentó el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto a su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia. Esa entidad juega en sintonía con el Gobierno y fue la que pidió que se declare la inconstitucionalidad de  la remoción del Procurador General por juicio político y se habilite que la puedan sacar por decreto. A partir de esa presentación, convalidada por el juez Pablo Cayssials, la Casa Rosada redobló su embate contra Alejandra Gils Carbó y esta misma semana consiguió que finalmente ella presentara su renuncia al cargo a partir del 31 próximo de diciembre.