Por Damián Loreti, Diego De Charras y Luis Lozano *

Publicidad oficial

El miércoles 23 de noviembre el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que busca regular la asignación de la publicidad oficial. La letra de la iniciativa motiva una serie de observaciones a tener en cuenta, tanto para su posible debate en Diputados como para la posterior reglamentación en caso de ser sancionada.

En primer lugar, no aclara si el Estado se asume como agencia de producción y comercialización de contenidos publicitarios o bien si tercerizará en prestadores privados parte o la totalidad de estos servicios. El impacto es muy concreto: podría haber una agencia extranjera cobrando por diseñar un aviso de un organismo público para una publicidad. El proyecto define como publicidad oficial a “toda forma de comunicación, anuncio o campaña institucional, de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio legal, efectuada a través de cualquier medio de comunicación y/o soporte existente o que en el futuro se cree”, pero reconoce la capacidad de inscribirse en el registro de publicidad oficial a “aquellos medios de comunicación y/o soportes, productoras de contenidos y/o comercializadoras de espacios publicitarios”. Al permitir que las erogaciones se canalicen a través de comercializadoras, no sólo incorpora el consecuente sobreprecio, sino que elude las condiciones requeridas para los medios o plataformas.

El artículo 13 expresa los criterios de asignación de la pauta y el primero que enumera es el “alcance del medio de comunicación o soporte en función de su circulación o audiencia”. Así redactado, no permite ponderar ni comparar diferentes dispositivos publicitarios entre sí. Las nociones de circulación o audiencia atrasan y resultan funcionales a la concentración de los fondos. ¿De qué modo se mide y compara la circulación de una radio online cuyos contenidos son redistribuidos por redes sociales? ¿Cuál es la visibilidad de la pauta publicitaria canalizada a través de Google o Facebook? ¿Cuál es el alcance de un aviso ploteado en un vehículo? ¿De un cartel en vía pública? ¿De un pop up en una aplicación móvil? Sin una clara definición y clasificación de los receptores y audiencias, no habrá parámetros de asignación fiables.

El artículo 14 establece que ninguno de los criterios contemplados podrá exceder el sesenta por ciento de la valoración en una campaña, mientras que el rubro vinculado al “fomento del federalismo y de la pluralidad de voces” no deberá ser inferior al veinte por ciento. El esquema no permite saber a ciencia cierta si ese porcentaje representa el veinte por ciento del total de los fondos. Pareciera que no, en la medida en que no hay referencia tarifaria por centimetraje o tiempo. En suma ¿hablamos del espacio en página o tiempo a asignar en radio o TV? ¿O del dinero efectivamente destinado a los medios más chicos?

Por otra parte, el mismo artículo plantea una confusión entre federalismo y pluralismo sobre la que es necesario advertir. No por prever una estrategia publicitaria federal se estará fomentando el pluralismo. Se podría pautar en los medios de mayor audiencia de cada provincia –casi todos ellos propiedad de grupos concentrados basados en Buenos Aires– y sólo se estaría realimentando la concentración.

Los déficits señalados se combinan con la ausencia de definiciones acerca de la nacionalidad de los comercializadores y de los medios, dónde pagan sus impuestos y si generan o no fuentes de trabajo en el país. Mientras a un medio pyme el Estado le exige certificación de buena conducta fiscal y que informe si posee código de ética; a las comercializadoras extranjeras se les reparten grandes montos de dinero sin plantear los mismos requisitos.

Por otra parte, el proyecto dispone que la autoridad de aplicación estará facultada para imponer sanciones, diseñar el plan anual de reparto de publicidad oficial y establecer criterios para la asignación, entre muchas otras atribuciones. Sin embargo, el texto no especifica cuál será ese organismo y preocupa que este aspecto quede supeditado a la reglamentación por parte del Ejecutivo.

Es indiscutible la necesidad de regulación de la pauta oficial y está claro que esa necesidad atraviesa a todos los poderes del Estado, a todos los niveles de gobierno y a todas las tipologías de medios de comunicación. Sin embargo, la remanida y justificada identificación de manejos arbitrarios por parte de diferentes gobiernos no encuentra en el presente proyecto un correlato en propuestas suficientemente progresivas que supongan soluciones sustentables. Es necesario avanzar en el diseño de una norma que siente las bases para una política pública transparente, tecnológicamente neutra y, sobre todo, más equitativa. De lo contrario, corremos el riesgo de cristalizar el actual statu quo y profundizar sus inequidades.**

* Docentes e investigadores - Observatorio de comunicación y derechos (Dercom-UBA).

** Una versión más desarrollada de los argumentos que aquí se exponen puede encontrarse en: http://bit.ly/2fMrqFs

 

Por Washington Uranga

Un año fuera de la ley

Con la presencia de aproximadamente 150 representantes, provenientes de 15 provincias y 25 ciudades de todo el país, todos ellos vinculados con organizaciones relacionadas con la comunicación y que entienden a la misma como un tema central en la construcción de una sociedad democrática, el pasado viernes 2 de diciembre se reunió en Buenos Aires el 2º Encuentro Federal de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) con el objetivo de relevar la situación de la comunicación en el país y con la finalidad de acordar líneas de acción prioritarias hacia 2017.

En la oportunidad la Coalición emitió un documento, aprobado por aclamación en el plenario de cierre, junto con un repudio a la situación de detención de Milagro Sala y otros referentes sociales. En el pronunciamiento, titulado “Un año fuera de la ley”, se denuncia la modificación de leyes por decreto, el establecimiento de medidas que profundizan la posición dominante de empresas privadas en la comunicación y el perjuicio a medios no comerciales.

Los participantes del encuentro sostuvieron que “la comunicación social y la libertad de expresión están en riesgo en la Argentina” al cumplirse un año del “desmantelamiento de las leyes 26.522 y 27.078 de probada legitimidad democrática y control constitucional, que consagraban derechos esenciales en materia comunicacional”. Para la CCD “los decretos que disolvieron órganos plurales y participativos como Afsca y Aftic invocaron pretextos tecnológicos para ocultar el único resultado buscado: la captura gubernamental de la autoridad de aplicación para someterla a la voluntad el Poder Ejecutivo y de los lobbystas de las corporaciones que concentran los negocios del sector”. Se denuncia también que se “disolvieron órganos de representación federal, académica y sectorial con responsabilidades en el Directorio para sustituirlos por ámbitos con menor representación y carentes de función ejecutiva”.

Se sostiene a su vez que “al amparo de normas supuestamente transitorias, se autorizan operaciones de compraventa de medios y empresas que cristalizan posiciones dominantes de mercado”.

Al mismo tiempo la Coalición expresó su preocupación por la mora del Gobierno “en presentar ante la sociedad un modelo de regulación de los servicios convergentes para un verdadero debate ciudadano” mientras se monta “un simulacro de participación que incluye seminarios sin debate y opiniones de 300 caracteres por internet”. Esta situación, dice la CCD, “es funcional a los empresarios dominantes en el sector, y se resume en palabras que también repiten los funcionarios: ‘la mejor ley es la que no existe’”, interpretada como “una clara invitación a vivir sometidos a la ley del más fuerte”.

En el documento se advierte además que “al finalizar 2016, la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación, organismo creado por la ley 26.522, se encuentra en estado de acefalía”, hecho que pone en evidencia “el cambio de perspectiva respecto a la concepción de las audiencias como sujetos de derecho que establece la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Respecto del Fondo de Fomento Concursable (Fomeca) para medios comunitarios, proyectos especiales y pueblos originarios se dice que “debe cumplirse la obligación de ejecutar la totalidad de los fondos que fueron asignados a diversos proyectos en 2015” y se advierte que “la reciente convocatoria a los Fomeca 2016 llega tarde y con escaso tiempo para un aprovechamiento que fomente los objetivos previstos en la ley”.

En el encuentro también se aprobaron acciones consensuadas para dar continuidad a la lucha por una comunicación democrática, entre las cuales se destacan:

  •  Considerar la presentación de proyectos de aplicación de tarifa social de servicios públicos para los medios en las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  •  Incidir en el tratamiento de la ley nacional de publicidad oficial y proponer regulaciones provinciales y municipales de publicidad oficial.
  •  Impulsar ordenanzas municipales de declaración de interés para los medios comunitarios.
  •  Promover y acompañar las políticas de apoyo a los medios universitarios y educativos.
  •  Defender los derechos de la infancia: origen, cantidad, calidad y horarios.
  •  Defender los derechos de la infancia: origen de la programación, cantidad y calidad de los contenidos y asignación pertinente de horarios.
  •  Dar continuidad a las presentaciones realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El documento completo puede leerse en http://www.coalicion.org.ar/documento-un-ano-fuera-de-la-ley/

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