Cuantos más frentes abiertos, mejor. Ése parece ser el lema de la administración libertaria. Patricia Bullrich no dudó en abrir una nueva polémica: comunicó que el gobierno de Javier Milei tiene la “convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”. Menos rimbombante que la comunicación del Ministerio de Seguridad fue el proyecto de ley que Bullrich, Milei y Nicolás Posse enviaron al Congreso para regularizar la tenencia de armamento civil. En la práctica, los expertos advierten que funcionará como un “blanqueo” de revólveres y pistolas de dudosa procedencia que pueden contribuir a incrementar la violencia.

Son solo dos carillas, pero generaron conmoción. Bullrich envió al Parlamento un proyecto que tiene dos grandes ejes: por un lado, ventajas para regularizar la tenencia ilegal de armas por un plazo de 360 días y, por otro, la extensión hasta 2027 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego –que funciona desde 2007.

“Es un blanqueo liso y llano de armas en poder de los civiles y un negocio para las fuerzas de seguridad que las trafican”, dice la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) después de conocer la iniciativa que promueva la ministra Bullrich.

El discurso público del Ministerio de Seguridad contrasta con lo que establece la legislación argentina. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) no funciona para promover el acceso a las armas, sino para lograr el desarme y, por ende, una sociedad más pacífica. En Argentina, acceder a las armas de fuego es una excepción y no un derecho. Así lo explicaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en agosto pasado. Según las estadísticas que aportaron, hay 1.749.121 armas registradas y 1.088.522 usuarios anotados. El problema es que el 70 por ciento de esos “legítimos usuarios” tienen sus credenciales vencidas.

De allí probablemente surja el número de 800.000 armas no registradas que dio a conocer la cartera que conduce Bullrich. Según analistas consultados, la cifra es superior. Alrededor de 800.000 son las personas que no volvieron a actualizar sus permisos. Cada una de esas personas pueden tener más de un arma.

El blanqueo de Bullrich

“El proyecto de ley tiene dos ejes problemáticos”, dice el diputado nacional Matías Molle (UxP), exdirector del Registro Nacional de Armas y Explosivos (Renar). “El primero es de carácter político, y tiene que ver con la visión que tiene Bullrich de lo que es una política de control y uso de armas de fuego. Una visión más flexible, en donde el que quiera tener armas, pueda hacerlo. Ahora bien, las leyes argentinas ya permiten esto, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Lo que va a permitir esta ley, si se vota favorablemente, es sortear esos requisitos por un tiempo, en donde la persona se va a convertir en depositario legal del arma. Y aquí viene el otro problema, que es más de gestión. Porque, en términos de gestión, este proyecto no viene a ‘agilizar' los procedimientos, sino que viene a cambiar las reglas. Este proyecto es un blanqueo de armas y una exención de penas. Es una ventana normativa para que personas que no están en condiciones de tener un arma la tengan. No viene a resolver problemas, sino a empeorarlos”, afirma Molle.

En Argentina, para ser usuario legítimo se deben reunir una serie de requisitos que van desde no tener antecedentes penales, un apto psicofísico o ser idóneo para el tiro. Si una persona aparece con su arma para “blanquear”, va a ser depositaria legal sin necesidad de reunir todos esos requisitos.

“El gobierno está promoviendo la desregularización del control de armas tal como promovió en su plataforma y campaña”, opina Natasa Loizou, exdirectora de la ANMaC. “Lo hace con la presentación de este proyecto de ley que busca la cobertura penal de usuarios irregulares y el blanqueo de armas no registradas, ampliando el alcance de los tipos de armas que pueden ser de tenencia de individuos, mientras distorsiona el sentido de la amnistía penal que se preveía para el funcionamiento del desarme voluntario, poniendo esa política en un lugar secundario”, añade Loizou.

Desde el Ministerio de Seguridad se hizo foco en que se busca que los trámites sean más ágiles y sencillos para favorecer la registración de usuarios. Esta semana, por ejemplo, la ANMaC resolvió que, si una persona renueva su tenencia 90 días antes de que venza no necesita gestionar el certificado de idoneidad de tiro. En realidad, eso no hará que los tiempos se acorten porque es un trámite que se hace por fuera de la ANMaC.

Pero hubo otras disposiciones que encendieron alarmas. Días atrás también se informó que se achican los tiempos en las medidas preventivas que se le aplican a los usuarios con causas penales y denuncias por violencia de género. Por ejemplo, si un juzgado informa que hay una persona denunciada por amenazar a su pareja, se pueden tomar medidas tales como impedirle que acceda a nuevas armas o retirarle el permiso para portar. Con la nueva resolución, esas medidas caen a los 90 días si el juez o la jueza no las renueva. “Es muy preocupante lo que se busca con estas acciones: promueven la privatización de la seguridad, alivianar los controles del Estado sobre el mercado de las armas, y generar condiciones de violencia, en una sociedad que sufre las consecuencias de un ajuste brutal”, dice Loizou.

Perdones y fracasos

El proyecto del gobierno, además, dice que las personas que se presenten para registrar sus armas no son pasibles de ser perseguidas por tenencia ilegal de armas, lo que también tiene sus problemas. “La amnistía debería ser por poco tiempo y al sólo efecto de que quien tiene un arma ilegal la entregue para su destrucción, no para facilitar la regularización. El que tiene hoy un arma de fuego consigo ilegal es un delincuente –comete el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, o más grave: portación–”, explica el fiscal Gabriel González da Silva, Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM). 

“El proyecto no explica qué va a pasar durante el transcurso de ese año con los sujetos que sean hallados armados. Quiero decir con esto: como hay una ley que en ese período permite la regularización podés encontrar a cualquiera, dispuesto a cometer un delito y te puede alegar que su voluntad es regularizarla. Ergo, es impune”, advierte González da Silva.

“La misma fundamentación de la propuesta demuestra el fracaso de la iniciativa porque hace 50 años que el Estado viene lanzando de manera cíclica proyectos semejantes. Evidentemente no ataca la cuestión de fondo, más allá de que pretende habilitar el discurso de Milei de la libre portación de armas. Lo que no veo es que haya una iniciativa para impedir que las armas salgan al mercado sin ningún tipo de control”, resalta Claudio Pandolfi, docente en la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y de la Universidad del Gran Rosario.

Una política como la de Bullrich podría, en paralelo, alentar el tráfico ilegal de armas. En general, son las propias fuerzas las que venden el armamento que se les da o que secuestran en allanamientos. Cuando más fluyen las armas, más se incrementan los peligros. Como explicó el abogado Marcos Aldazábal, quien vive con alguien que tiene un arma tiene el doble de chances de morir en homicidio y siete veces más de chances de ser asesinado por su pareja. Las estadísticas de la Corte Suprema sobre femicidios demuestran que un 23 por ciento de estos crímenes son cometidos con armas de fuego.