El abordaje de las violencias asociadas a la criminalidad organizada, los mercados ilegales de armas, los delitos que afecten a personas vulnerables y a sus derechos, son algunos de los puntos prioritarios que enmarcaron el informe de gestión de la fiscal general María Cecilia Vranicich, con datos que llegan al 20 de abril de 2024. En ese marco, señaló que -por la ley de microtráfico- se autorizó el derribo de 19 búnkeres de venta de droga y hay 3 más con autorizaciones pendientes. "Consideramos de suma relevancia dotar al MPA de una política de persecución penal transparente, objetiva y eficiente, que establezca criterios sobre determinados fenómenos delictivos”, dijo la titular del MPA provincial. Además, en la presentación que hizo en la Legislatura planteó "reformular" el régimen disciplinario para los fiscales. También señaló el aumento de los homicidios en contexto de criminalidad organizada, que superan el 64 por ciento del total.
El informe expresa que el último año "se inscribe en un contexto social de alta complejidad, dadas las marcadas transformaciones en el campo de la conflictividad penal en el contexto provincial, que obligó a diseñar e implementar cambios innovadores y relevantes en su estructura, funcionamiento y procesos de trabajo".
En ese sentido, se advierten indicadores como "homicidios en contexto de criminalidad organizada, tercerización de la violencia (sicariatos), formas delictivas diversificadas y violentas (balaceras, extorsiones, usurpaciones), alta presencia de armas de fuego en la comisión de los delitos, atentados contra instituciones y funcionarios estatales, eventos violentos orientados a generar conmoción social, redes de protección formal e informal de las bandas o grupos organizados. Todos conforman un plexo de indicadores de que estamos enfrentando un período de alta complejidad criminal en la provincia", reza el informe.
Entre los principales datos, la fiscal indicó que “mientras en 2014 los homicidios cometidos en un contexto de criminalidad organizada representaban el 29,1% del total, en 2023 ese porcentaje subió al 64,3%”. En ese sentido, el informe agrega que la violencia altamente lesiva, en particular en Rosario y Santa Fe, "está estrechamente vinculada con la circulación de armas de fuego", el medio más usado para la consumación de homicidios, en proporciones muy elevadas en comparación con otras provincias. "Se pretende dar prioridad (...) con una óptica diferente y que el origen del arma sea también objeto de investigación, identificando a los proveedores, las rutas y la dinámica del desvío de armas de fuego y municiones".
En relación a los homicidios (tanto consumados como en tentativa), indicó que “fueron 686 en todo 2023”, en la provincia. En ese período, se condenó a 273 personas por ese delito. En tanto, el informe agrega que "al 19 de abril de 2024, se contabilizaron 71 homicidios en la provincia, 38 en el departamento Rosario, y 17 en Santa Fe". Al mismo tiempo, se indica que "se viene registrando, en algunas regiones provinciales, la presencia de muertes violentas intencionales de mujeres en contexto de criminalidad organizada". Desde 2015 a 2021, la composición de mujeres en muertes violentas se mantuvo en alrededor del 10%, mientras que en 2022 alcanzó el 22,3,% y en 2023, el 18,5%.
En su alocución, Vranicich dedicó un tramo a los homicidios de trabajadores (dos taxistas, un colectivero y un playero) cometidos entre el 5 y el 9 de marzo, en Rosario. “Como decíamos, se advierte una nueva lógica criminal sin antecedentes en la historia de la provincia”.
El informe también aborda el fenómeno sobre los delitos ordenados desde las cárceles. Los datos dan cuenta de que se pudo identificar -en investigaciones en trámite- la existencia de una orden intramuros en 23 homicidios ocurridos en 2023.
En relación a los delitos cometidos por funcionarios públicos, el informe apunta a una política de persecución penal "que se focalice sobre los delitos cometidos por funcionarios públicos (tales como la afectación de derechos humanos mediante acciones como homicidios, torturas, vejamenes, etc.) y los vinculados a redes de corrupción (tanto pública como privada)".
En el marco del microtráfico, vinculado a la Ley de Adhesión a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, se creó un equipo de trabajo especial en el ámbito de la Fiscalía General. La fiscal indicó que “al 20 de abril de 2024, el MPA obtuvo la autorización judicial para que se realice el derribo de 19 búnkeres, y hay 3 más con autorización pendiente". En el mismo período, "se registraron 1.158 requerimientos relacionados a microtráfico, hubo 104 audiencias imputativas, con 168 personas y 107 quedaron en prisión preventiva”.
Además, indicó que de todas las personas investigadas por ese delito en la provincia, 202 fueron mujeres, de las cuáles 33 quedaron en prisión preventiva. "El criterio para definir avanzar en una imputación se basa en el análisis interseccional con perspectiva de género; se tienen en cuenta el rol asumido por las mujeres que están involucradas en hechos junto a otras personas, el estado de vulnerabilidad, la autonomía para decidir y el vínculo con quien coordina la actividad".
Sobre el final se refirió al vínculo del MPA con los poderes Ejecutivo y Legislativo y con la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. En ese sentido, concluyó con "una invitación a los legisladores santafesinos a reformular el régimen disciplinario de los fiscales y fiscales adjuntos, extremo que constituye uno de los desafíos más importantes para el MPA en los años venideros".
