Un diputado provincial presentó un pedido de resolución con el fin de que el Ejecutivo Provincial frene el incremento del boleto que solicitó la empresa SAETA, que buscar que la tarifa se incremente de los 490 pesos que cuesta en la actualidad, a 743,57 pesos.

La decisión del aumento se encuentra en manos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) desde el 13 de mayo, cuando se llevó adelante la audiencia pública, requisito necesario para cumplir con uno de los pasos anteriores a decidir sobre un pedido de incremento del boleto en el transporte urbano de personas. 

Pese a los argumentos de la SAETA, todos los oponentes cuestionaron la falta de acceso a la información para poder establecer sobre el incremento solicitado.

Estas afirmaciones fueron vertidas por el diputado provincial José Gauffin en la sesión del martes último, tras presentar un proyecto de resolución y un pedido de informe para que la empresa “envíe los datos referidos a la cantidad de pasajes vendidos y recaudación mensual, misma solicitud que realizó en la audiencia pública”, que se realizó en Coronel Moldes.

El legislador indicó que desde que se creó la empresa de transporte, solo hubo dos auditorías, en 2010 y 2016. Contó que en ambas se constató la falta de información sobre los costos y el incumplimiento de normas contractuales, sin embargo, los informes de la entidad contralora fueron aprobados y archivados.

“SAETA es una caja negra, en donde no hay transparencia y está empecinada en tapar los verdaderos números que manejan”, manifestó Gauffin. Afirmó que “con este aumento se busca cargarle a los trabajadores la responsabilidad de pagar las gratuidades, es decir los compromisos asumidos por el gobierno provincial quien debería afrontarlos con sus propios fondos”.

$20.000 para ir a la Universidad

“En total, por semana gasto $4.900, lo que multiplicado por las cuatro semanas de cada mes, representa un gasto en movilidad de $19.600, sin tener en cuenta las idas en horario de consulta de cada materia o los viajes para concurrir a otras actividades curriculares más allá de la cursada”.

Este relato, del estudiante Alejo Rivera, se volcó en uno de los tres recursos legales que se interpusieron en la Justicia con el objeto de que se restituya el beneficio del boleto estudiantil gratuito. Rivera debe tomar dos colectivos para llegar hasta la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y a veces, por día, debe tomar ocho colectivos en total para poder estudiar las materias que se dictan en distintos turnos.

El año pasado Rivera inició la carrera de Ingeniería. De tres materias, reprobó dos y sacó 10 en la única que aprobó. “Fue entonces que decido cambiarme a Antropología”, dijo a Salta/12.

Este año comenzó a cursar y cuando quiso acceder al beneficio del pase libre, la AMT ya había establecido que solo podían acceder ingresantes inscriptos o alumnos y alumnas regulares con dos materias aprobadas el año anterior. Rivera quedó en un limbo. En SAETA le dijeron que era alumno regular según el padrón de la Universidad y no cumplía con los requisitos de las dos materias aprobadas. Cuando aclaró que está en calidad de ingresante de otra carrera, solo le respondieron: “volvé cuando tengas las dos materias aprobadas”. “Y eso recién va a ocurrir en junio, si es que apruebo”, sostuvo.

“Acredité en autos que no poseo ingresos y los estudios universitarios importan otro tipo de gastos además del traslado a la Universidad”, dice la medida cautelar solicitada por Rivera al sostener que “no hay forma de que pueda continuar estudiando si no se restituye el beneficio del boleto estudiantil gratuito y si no se ordena restituírmelo en forma inmediata”. Como su pedido se enmarcó en una presentación realizada por la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), explicó que hasta que se resuelva el amparo “ya me habré quedado libre". "Estoy a días de abandonar la carrera si no puedo viajar a clases de manera gratuita”, contó. 

La realidad de Rivera es similar a los 40 mil estudiantes que según la UCU quedaron sin el beneficio del boleto estudiantil. La integrante de la Asociación, Emilia Calmejane, afirmó que esta es la cantidad de representados en el amparo colectivo presentado el 9 de abril y que espera la resolución de la jueza Victoria Mossmann.

Calmejane explicó que la regulación establecida no toma en cuenta la realidad de muchos estudiantes que viven en municipios alejados de la ciudad de Salta a quienes se les hace difícil cumplir con los horarios en los que funciona el pase libre. A ello sumó la falta de contemplación ante el cambio de la carrera, como sucede en el caso de Rivera.

Al no poder pagar el boleto y no asistir a la Universidad se va perdiendo la regularidad que exige la empresa para acceder a la gratuidad del transporte.

“Lo que solicitamos es la nulidad, inconstitucionalidad o ilegalidad de la resolución que restringe el beneficio del boleto gratuito”, afirmó la referente. Añadió que desde hace dos semanas se pasó vista del recurso a la Procuración Fiscal. Pero hasta el momento no hubo dictamen, paso necesario para que se resuelva el amparo.

Mientras, “hay una nueva situación por la cual se comenzaron a retener tarjetas incluso a alumnos que cumplen con los requisitos. Lo más grave es que este dinero que era destinado para pagar el boleto no se está aplicando pero tampoco se sabe dónde está”, añadió Calmejane. El tercer recurso de amparo, interpuesto por la UNSa, se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Uno de los problemas de fondo, en tanto, es el recorte del subsidio nacional que la administración nacional a cargo de Javier Milei decidió para el sistema de transporte que está por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).