Cuando el Presidente habla queda en evidencia lo que le importa, lo que conoce y lo que ignora. Mauricio Macri dijo al diario La Nación que apenas enterado de la desaparición de Santiago Maldonado, ordenó una investigación para luego enviar al juez sus resultados. Dijo que se trató de una colaboración, cuando, en verdad, significó una intromisión en la investigación plantando la versión de una Gendarmería exenta de responsabilidad, junto al cúmulo de hipótesis arrojadas para agraviar a Maldonado. 

Agregó que un gendarme es tan inocente como cualquier ciudadano, cuando el primero es un agente estatal que tiene el monopolio de la fuerza. Por eso, una investigación seria necesitaba la inmediata separación de quienes intervinieron en la represión, para no cobijar posibles responsables ni fomentar un pacto de silencio. Eso sí hubiera sido colaboración.

Al igual que Patricia Bullrich insistió en la falta de responsabilidad de la Gendarmería por su actuación en la lucha contra el narcotráfico, cuestión que no exime de responsabilidad, aún si ello fuera cierto. Habló de la utilización política por parte de “un conjunto de gente y de organizaciones que afirman una desaparición”, atacando a familiares y amigos de Santiago, y a las organizaciones de derechos humanos que intervienen en el caso. Una actitud típica de un gobierno autoritario decidido a que sus métodos ilegales no sean denunciados y mucho menos investigados. 

Dijo que todo se realizó con testimonios cuya falsedad se comprobó (en todo caso, tal comprobación la debe hacer el juez y no el Presidente). Esta aseveración es la más grave y peligrosa, porque desplaza la voz de los actores judiciales, los presiona desde su investidura para buscar un resultado concreto y, lo más importante, ataca a los testigos colocándolos en una situación por demás riesgosa. Alguna vez existió una oficina de protección a testigos; ahora es el mismo primer mandatario quien los expone a amenazas y persecuciones -que ya han sucedido, incluso horas después de conocerse las palabras de Macri- y a riesgos de integridad física y hasta de vida. Si algo les sucede, Macri será el primer responsable.

Culpó de la confusión en la comunicación al “exceso de canales de noticias”, del mismo modo que alertó sobre el número de sindicatos (no sólo la clase obrera se halla en peligro).

En este contexto, que Macri diga que un gobierno democrático no hace desaparecer a nadie, no es más que una falacia, porque la legitimidad de origen no lo blinda ante posteriores violaciones. Las operaciones montadas por el gobierno demuestran que decidió por el encubrimiento, una acción que integra la desaparición forzada. Para Macri, el caso se politiza si se pide investigar a la Gendarmería, pero no si se la desvincula. Otra falacia que, además, demuestra el desprecio por la política. 

Maldonado desapareció y fue hallado muerto en el marco de una represión ilegal del Estado. Que cese todo encubrimiento, porque estas declaraciones no sólo son graves desde lo político. También pueden tener consecuencias criminales.

* Abogado en causas de derechos humanos.