Transcurridos 10 días, el gobierno argentino aun no contestó el pedido de Brasil sobre un listado de 143 condenados por el asalto a la Cámara de Diputados y al palacio del Planalto (casa de gobierno) en Brasilia el 8 de enero de 2023. Una parte de los partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro ingresaron a la Argentina en los baúles de autos, se escabulleron en zonas porosas de la frontera o lo hicieron con su documento de identidad o el de otra persona. Los 143 tenían tobilleras electrónicas, pero las rompieron y de esa manera emprendieron la fuga. 

El pedido oficial de Brasil es que Argentina informe cuántos están en el país y cuáles iniciaron un pedido de refugio ante la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE). Una fuente de la embajada de Brasil en Buenos Aires le señaló a Página/12 que “por ahora no hay conflicto. Entendemos que el Poder Ejecutivo no tiene plazo para responder y es lógico que se sigan los procedimientos que marca la ley argentina”. Lo que sucede es que hay dos planos. Uno, el del trámite administrativo y judicial. Otro, el político. En este último aspecto, la protección a los sediciosos pesará en la ya deteriorada relación entre Javier Milei y Luis Inacio Lula da Silva. Ya se vio en el G7, donde ni siquiera se saludaron.

El Supremo Tribunal Federal (STF) es quien dictó las condenas por el asalto a la Plaza de los Tres Poderes, un intento de golpe que protagonizaron miles de bolsonaristas para evitar la asunción de Lula. El golpe fracasó y la investigación quedó en manos del STF porque fue un ataque a la seguridad federal. A la mayoría de los más de 200 condenados se les dictaron penas altas, superiores a los 10 años de prisión. De manera cautelar, mientras duraba el proceso, tenían puestas tobilleras electrónicas, pero cuando el STF ordenó la detención, una parte importante rompió las tobilleras y se fugó. La lista de 143 prófugos es la que se le entregó al gobierno de Milei.

Cómo se otorga un refugio

El proceso en Argentina está regido por una ley de noviembre de 2006 y, de entrada, prohíbe la expulsión del país de la persona que pide refugio. De manera que se le otorga una especie de refugio provisorio. Y todo el proceso se tramita en la CONARE, que funciona en la órbita del Ministerio del Interior, pero que está integrada por cinco comisionados. Uno de Interior, el segundo del Ministerio de Justicia, el tercero de Cancillería, un representante de Desarrollo Social y un representante del (desaparecido) INADI. Pero, además, hay miembros con derecho a voz, pero no a voto. Un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y un representante de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al tema.

La ley le da una atribución al Ejecutivo de rechazar in limine el refugio. La referencia es poco precisa: “cuando ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad”. Es evidente que el gobierno de Milei podría considerar el asalto al poder de los bolsonaristas como un delito contra la paz, pero también parece cantado que no lo hará. Todo hace pensar que les dará protección política, que esencialmente consiste en dilatar y dilatar.

En ese camino, como sucede en la mayoría de los casos, el pedido de asilo se judicializa e intervienen todas las instancias de la justicia federal. Un juez, la Cámara Federal, la Casación, hasta la Corte Suprema. En Uruguay ya vimos que Pepín Rodríguez Simón logró demorar las cosas dos años y medio. Sin embargo, la última palabra es siempre política: la extradición requiere de una decisión del Poder Ejecutivo. Es evidente que, por sintonía con el ex presidente y su hijo Eduardo, el gobierno de Milei no mandará a los bolsonaristas de regreso a su país. Lo mismo ocurrirá, seguramente, en Paraguay, donde también se ocultan algunos de los prófugos.

Lula y Milei, ni el saludo

La lógica indica que el Ejecutivo le contestará a Brasil en algún momento informando cuántos ingresaron al país y cuántos pidieron refugio. Y, a partir de ese momento, las cosas entrarán en la maraña administrativa y judicial. Dentro de Brasil la cuestión quedará clara: los bolsonaristas huyeron de la justicia y están prófugos.

En la relación Argentina-Brasil será otro punto de deterioro. Hace dos semanas, el gobierno de Lula autorizó la descarga de un buque de GNL cuando la falta del fluido empezaba a ser un drama en las estaciones de servicio y en las industrias. Pero en el G7 la hostilidad fue muy notoria y Milei y Lula no intercambiaron ni un saludo. De todas las situaciones conflictivas que enhebró Milei en estos seis meses -con México, Colombia, China, Rusia, los países árabes- la de Brasil es la de más relevancia, porque es el principal socio comercial y, sobre todo, porque es el gran vecino de la Argentina.